Oficina del gobernador Ron DeSantis

Office of Governor Ron DeSantis

State of Florida

The Capitol

400 S. Monroe St.

Tallahassee, FL 32399-0001, Estados Unidos

Correo-e: https://www.flgov.com/email-the-governor/ 

Señor Gobernador:

La ejecución de Donald Dillbeck en Florida está prevista para el 23 de febrero. Fue condenado a muerte en 1991 después de que un jurado votara a favor de la pena de muerte (8-4). Este sistema de imposición de penas fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2016. Donald Dillbeck es una de las personas a las que no se aplica esa sentencia, no por los hechos de sus causas, sino por la cronología de esos hechos. Uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Florida señaló a este respecto que esto hacía que la protección constitucional dependiera de “poco más que una jugada de azar”.

Después del juicio, se diagnosticó a Donald Dillbeck trastorno neuroconductual asociado a exposición prenatal al alcohol (TN-EPA). Expertos médicos han calificado su déficit cognitivo y adaptativo de “funcionalmente idéntico” a los criterios que, según reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos en 2002, exigen la exención de la ejecución de personas con discapacidad intelectual.

Lo insto a conceder a Donald Dillbeck un aplazamiento de la ejecución y a trabajar para asegurar la conmutación de su condena a muerte.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 26 de febrero de 1991, un jurado de Florida declaró culpable a Donald Dillbeck del asesinato de una mujer que fue apuñalada mortalmente en el exterior de un centro comercial de Tallahassee el 24 de junio de 1990. Donald Dillbeck fue detenido poco después del asesinato. En ese momento, cumplía condena de cadena perpetua por un asesinato de 1979 pero se había fugado durante un permiso de salida de la prisión.

En esas fechas, la legislación de Florida permitía que los jurados recomendaran la pena de muerte por mayorías mínimas (7-5). En el caso de Donald Dillbeck, el jurado votó a favor de la pena de muerte (8 votos contra 4), y el 15 de marzo de 1991 el juez lo condenó a muerte. En 2016, en la causa Hurst v. Florida, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que la legislación de Florida era inconstitucional porque sólo otorgaba a los jurados un papel asesor en la decisión de aplicar la pena de muerte, lo cual era incompatible con su sentencia de 2002 en Ring v. Arizona, según la cual la Constitución de Estados Unidos exige que sean los jurados, y no los jueces, quienes lleguen a las conclusiones factuales necesarias para condenar a muerte a una persona. La legislación de Florida exige ahora la unanimidad de los miembros del jurado para imponer la pena de muerte.

A finales de 2016, la Corte Suprema de Florida falló que la sentencia de Hurst sólo era aplicable retroactivamente a aproximadamente la mitad de las más de 300 personas en el corredor de la muerte: aquellas cuyas condenas a muerte aún no se hubieran “finalizado” (es decir, confirmado en la apelación directa inicial automática) cuando se dictó la sentencia de Ring. Un juez discrepante sostuvo que, para evitar arbitrariedades, la sentencia en el caso Hurst debía aplicarse de forma generalizada. Otro juez acusó a la mayoría de “trazar arbitrariamente una línea entre el 23 y el 24 de junio de 2002: el día antes y el día después de decidirse la sentencia Ring”, pero sin aportar “una fundamentación convincente” para esta diferencia en el trato y dejando que “la protección constitucional dependa de poco más que una jugada de azar”. La condena a muerte de Donald Dillbeck se convirtió en firme en 1995, y en 2018 la Corte Suprema de Florida confirmó que no podía beneficiarse de Hurst. Mientras tanto, las penas impuestas a unas 150 personas han sido revisadas en aplicación de Hurst.

Estados Unidos ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1992. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de expertos establecido en virtud del PIDCP para vigilar su aplicación, ha afirmado con respecto a la prohibición absoluta de la privación arbitraria de la vida que el concepto de arbitrariedad debe interpretarse de manera amplia, “de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales”. Amnistía Internacional considera que la aplicación de Hurst por la Corte Suprema de Florida no se ajusta a estos elementos.

En 2002, en Atkins v. Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, debido a la disminución de su culpabilidad. En 2014, la Corte hizo hincapié en que “para determinar quién reúne las condiciones para ser discapacitado intelectualmente”, los estados deben consultar “las opiniones de la comunidad médica”. En 2020, dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos agregaron que “los criterios médicos que se utilizan para evaluar esa discapacidad evolucionan constantemente a medida que el conocimiento de la comunidad científica crece”. Aunque la puntuación del cociente intelectual de Donald Dillbeck significa que no ha recibido un diagnóstico formal de incapacidad intelectual, sus abogados sostienen en sus esfuerzos ante el tribunal, citando opiniones de personas expertas, que “las deficiencias cognitivas y adaptativas específicas causadas por su amplia exposición prenatal al alcohol son funcionalmente idénticas (y en algunos casos superan) a los criterios que en Atkins se reconocieron como preceptivos para la exención de la ejecución. Como consecuencia de su trastorno neuroconductual asociado a exposición prenatal al alcohol (TN-EPA) [...]  el Sr. Dillbeck encarna la culpabilidad reducida que se describe en Atkins”.

Una triple evaluación realizada por un neuropsicólogo, un medico y un psicólogo en 2018 y 2019, que incluyó pruebas de imágenes de escáner cerebral y neurológicas no disponibles en 1991, concluyó que Donald Dillbeck “cumple los criterios clínicos para el TN-EPA, que requieren: exposición prenatal al alcohol verificada y déficits manifestados en la infancia que abarcan áreas neurocognitivas, adaptativas y de autorregulación”. Su exposición al alcohol in utero, “que supera con creces el umbral para el diagnóstico de TN-EPA, causó deficiencias importantes y cuantificables en el funcionamiento cognitivo y adaptativo”. Los expertos que lo evaluaron concluyeron que estos déficits habrían afectado directamente a su conducta y su funcionamiento en relación con el asesinato de 1990, así como en el caso de 1979.

Los abogados de Donald Dillbeck señalan el creciente reconocimiento en el seno de la comunidad médica de que “las singulares deficiencias cognitivas, prácticas y sociales inherentes al TN-EPA son indistinguibles de las propias de la discapacidad intelectual”. Además, el “cociente intelectual (CI) es una medición especialmente inexacta del funcionamiento intelectual en individuos con TN-EPA. Por ejemplo, una persona con TN-EPA que tenga un CI de 80-89 puede funcionar adaptativamente como si su CI fuera de 60-60 o 70-79”.

En su juicio de 1991, la fiscalía presentó como factor agravante la condena a muerte de Donald Dillbeck por el asesinato de 1979. El jurado escuchó que el joven, entonces de 15 años, escapó de Indiana en un automóvil robado y se dirigió a Florida. Ya en Florida, cuando dormía en el vehículo, un agente de policía lo despertó. Donald Dillbeck intentó huir pero fue interceptado por el agente. En la lucha que siguió, el adolescente agarró el arma del agente y se hicieron dos disparos que mataron al agente. Donald Dillbeck se declaró culpable de asesinato premeditado en primer grado. Sin embargo, nuevas declaraciones de testigos que no se presentaron en el juicio de 1991 muestran un panorama diferente, el de un niño que en el momento de los disparos prácticamente no había dormido en tres días, había consumido drogas y presentaba síntomas de grave discapacidad mental. Dos expertos han concluido a partir del examen de las nuevas pruebas que es probable que en el momento de los disparos el adolescente no pudiera distinguir el bien del mal, y ambas personas expertas han expresado sus dudas de que fuera competente cuando se declaró culpable.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.562 ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema del país confirmó los nuevos estatutos de pena capital. En 2023 ha habido cuatro ejecuciones; esta sería la primera en Florida desde 2019 y la número 100 desde 1976. Véase Estados Unidos: La oscuridad visible en el estado del sol. La pena de muerte en florida, 2018.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 23 de febrero de 2023

Nombre: Donald David Dillbeck