La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser excepcional

Durante las próximas semanas la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales de la Asamblea Nacional de Ecuador discutirá un proyecto de reforma parcial a la Constitución, enviado por el presidente Guillermo Lasso, que avalaría el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país. El día de hoy, Amnistía Internacional envió una comunicación a las y los asambleístas de la Comisión, expresando su preocupación sobre el proyecto de reforma, el cual a su entender contraviene las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos.

Al respecto, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser excepcional y contar con controles civiles adecuados y mecanismos claros de rendición de cuentas en caso de que se cometan violaciones de derechos humanos. De no ser así, el despliegue de militares pone en riesgo los derechos humanos de la población.”  

“Como Estado parte en la Convención Americana de Derechos Humanos, Ecuador debe garantizar que todas sus políticas públicas y normativa en materia de seguridad pública respeten esa normativa internacional. Hacemos un llamado a las y los asambleístas a que hagan cumplir los compromisos internacionales de Ecuador y desestimen el proyecto puesto que viola estándares internacionales.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser excepcional y contar con controles civiles adecuados y mecanismos claros de rendición de cuentas  

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“El despliegue permanente de militares en tareas de seguridad pública no es una respuesta efectiva e integral a los enormes retos que enfrenta el país. Si las autoridades ecuatorianas tienen la auténtica voluntad y el compromiso de diseñar una respuesta sostenible y eficaz, entonces deben poner en el centro los derechos humanos. La Comisión debe escuchar las voces de las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas, que han hecho llamados a que se diseñen políticas públicas integrales en la materia y a que se detenga la tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en el país.”