Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 al salir de su trabajo y desde ese momento permanece en detención preventiva

Ante los avances del proceso penal en contra de Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que podría concluir con una sentencia condenatoria esta semana, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:

“Virginia Laparra es una presa de conciencia que lleva más de nueve meses privada de la libertad injustamente. La persecución penal iniciada en su contra es infundada y se debe únicamente a sus labores como una destacada fiscal anticorrupción. Virginia Laparra debe recuperar su libertad inmediatamente.”

El 28 de noviembre pasado inició el juicio en su contra por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, delito por el cual podría enfrentar una pena de hasta nueve años de cárcel. Amnistía Internacional ha encontrado múltiples irregularidades en la investigación y en el manejo de este caso, que se enmarca en un contexto de represalias y criminalización en contra de magistradas, jueces, fiscales, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que han luchado en contra la impunidad y la corrupción.

Virginia Laparra es una presa de conciencia que lleva más de nueve meses privada de la libertad injustamente

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 al salir de su trabajo y desde ese momento permanece en detención preventiva. Amnistía Internacional constató que las autoridades judiciales han violado los derechos a la libertad y al debido proceso de Virginia Laparra. El juzgado a cargo del caso excedió de manera injustificada el plazo para tomar su primera declaración, y ha denegado sus solicitudes de seguir el juicio en libertad basándose en motivos arbitrarios.

Desde el 2019 la exfiscal ha tenido que defenderse de manera simultánea en dos procesos iniciados por el mismo demandante de manera paralela en la ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango, a pesar de que versan sobre los mismos hechos. El proceso penal avanzó hasta la fecha a pesar de que no existe evidencia para sostener la acusación, ni claridad respecto de la caracterización y fundamentación de la presunta conducta ilícita. Las múltiples violaciones constatadas por Amnistía Internacional también constituyen una detención arbitraria de acuerdo a la definición del grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria.

“Es inaceptable que las más altas autoridades se presten a la manipulación del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a quienes han contribuido a avances significativos en la lucha contra la impunidad en casos emblemáticos de corrupción y violación de derechos humanos, y así dignificar la justicia guatemalteca ante los ojos de su población”, agregó Erika Guevara Rosas.