• Familias de personas desaparecidas suman sus voces a una nueva campaña internacional para obtener justicia

La deplorable omisión de las autoridades españolas y marroquíes en lo relativo a cuanto a establecer la verdad y garantizar la justicia para al menos 37 personas subsaharianas fallecidas y otras 77 que continúan en paradero desconocido, tras los letales sucesos que tuvieron lugar en la frontera del enclave español de Melilla, denota encubrimiento, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado cuando van a cumplirse seis meses de la tragedia.

“Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto”. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla detalla describe en detalle os hechos que tuvieron lugar cuando personas migrantes y refugiadas subsaharianas intentaron pasar de Marruecos a España el 24 de junio. Las autoridades de ambos lados de la frontera no han garantizado investigaciones efectivas y transparentes para establecer la verdad de lo que ocurrió ese día. Familias y organizaciones expertas que buscan a las personas desaparecidas se han visto obstaculizadas reiteradamente por las autoridades marroquíes.

“Cuando se cumplen seis desalentadores meses, las autoridades españolas y marroquíes siguen negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla. Cada día es mayor la montaña de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte ilegítima y los malos tratos infligidos a personas refugiadas y migrantes y, hasta la fecha, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y la suerte de las que están en paradero desconocido”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Es esencial que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia por lo que ocurrió ese día para impedir que vuelva a suceder.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Esto denota encubrimiento y racismo, y añade sal a heridas ya dolorosas. Es esencial que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia por lo que ocurrió ese día para impedir que vuelva a suceder.”

A partir de declaraciones de testigos presenciales, de material videográfico e imágenes de satélite, el informe describe un panorama detallado y desgarrador de lo que ocurrió cuando 2.000 personas migrantes y refugiadas intentaron entrar en Melilla por el paso fronteriza conocido como “Barrio Chino”. Ante la falta de transparencia de ambos gobiernos, Amnistía Internacional escribió tanto al gobierno marroquí como al español para pedirles que compartieran información sobre el mandato y el estado de las investigaciones. La organización también compartió con ambos gobiernos un resumen de las conclusiones en noviembre. No se ha recibido respuesta alguna.

El informe muestra que los hechos ocurridos ese día eran previsibles, y la pérdida de vidas evitable. Revela que, en los meses y días previos al 24 de junio, personas refugiadas y migrantes en los alrededores de Melilla sufrieron un incremento de los ataques de las fuerzas de seguridad marroquíes. A muchas les quemaron y destruyeron todas sus pertenencias, lo que impulsó a miles de personas a caminar hasta la frontera, donde las autoridades marroquíes y españolas les respondieron con fuerza ilegítima y letal.

Cuando se acercaban, la policía les arrojó piedras y disparó gas lacrimógeno contra ellas en espacios cercados. Muchas de las personas heridas siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban en el suelo, semiinconscientes, sin poder responder, o respirando con dificultad.

Zacharias, de 22 años, relató lo siguiente a Amnistía Internacional: “Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos arrojaban de todo, bombas de gas, piedras, balas de goma, pelotas de goma […]. No podíamos ver nada y era difícil respirar”.

Unas 400 personas fueron acorraladas por las fuerzas de seguridad marroquíes en una pequeña zona vallada. En colaboración con el Evidence Lab de Amnistía Internacional, un modelo de 3D inmersivo y la reconstrucción visual de los hechos ofrecen una perspectiva escalofriante de los acontecimientos y de la actuación de las fuerzas de seguridad, que podría constituir tortura y podría haber dado lugar a homicidios ilegítimos.

“Parecía que la policía marroquí nos dejaba espacio para llegar allí, luego nos arrinconaba […]. Comenzaron a dispararnos con gas, nos lanzaron bombas acústicas […]. Todo el mundo intentó moverse hacia donde podía, era un caos”, dijo Omer, sudanés de 21 años, a Amnistía Internacional.

Salih, sudanés de 27 años, dijo a Amnistía Internacional: “La policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras a la cabeza”.

Ni las autoridades marroquíes ni las española prestaron asistencia médica rápida y adecuada a las personas heridas, e incluso negaron el acceso a la zona al equipo de una ambulancia de Cruz Roja, mientras decenas de personas quedaban desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas.

Una de las personas entrevistadas dijo a Amnistía Internacional que los agentes de seguridad españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera a Marruecos aunque estaban “sangrando o con heridas abiertas”. Muchas de las personas devueltas sumariamente a Marruecos fueron encarceladas y sometidas a nuevos abusos y violencia. Un adolescente sudanés de 17 años dijo a Amnistía Internacional que “todas las personas capturadas fueron llevadas a prisión por la policía marroquí, y después en la prisión las golpeaban con martillos en la cabeza hasta que morían. Otras cuando las golpearon también fallecieron”.

Se calcula que unas 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas del país, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas personas dijeron a Amnistía Internacional que habían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

Ni el gobierno de Marruecos ni el de España han dado a conocer los resultados preliminares de ninguna investigación sobre el número de personas que perdieron la vida y las causas de su muerte, ni en ningún momento han anunciado que estén investigando el uso de la fuerza por el personal de fronteras. Ninguno de los dos gobiernos ha hecho público todo el material grabado por ninguna de las muchas cámaras de vigilancia a lo largo de la frontera, y las autoridades españolas se han negado a abrir una indagación independiente.

En lugar de apoyar a las familias y las ONG para que lleven a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas, las autoridades marroquíes han hecho que estas iniciativas resulten prácticamente imposibles. Esto ha resultado angustioso para las familias que intentan localizar a sus seres queridos. Jalal, hermano de Abdel Shakour Yehia, sudanés de 24 años, dijo a Amnistía Internacional: “Si mi hermano estuviera vivo, se habría puesto en contacto con nosotros, así que creo que ha desaparecido”.

Después de meses sin tener noticias de él, la sobrina de Anwar —senegalés de 27 años en paradero desconocido desde el 24 de junio— encontró en Internet vídeos y fotografías de su cuerpo aparentemente sin vida. Esto es lo que contó a Amnistía Internacional: “Sin él no hay risa ni acción. Su madre piensa constantemente en él. Quiere saber qué sucedió. Les pido que nos ayuden a obtener justicia”.

Desde hace más de un decenio, personas expertas de las Naciones Unidas han expresado preocupación por el trato discriminatorio que se dispensa a las personas subsaharianas en esta frontera. El 1 de noviembre de 2022, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia afirmó que la violencia de Melilla “revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, a saber utilización de exclusión racializada y violencia letal para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio y de otras poblaciones no blancas”.

“La fuerza ilegítima empleada en Melilla ha dejado una mancha indeleble no sólo en las manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, sino también en las manos de todas las personas que impulsan políticas migratorias racistas, basadas en la probabilidad de infligir daños y violencia a quienes intentan cruzar fronteras. En vez de fortificar las fronteras, las autoridades deben abrir vías seguras y legales para las personas que buscan seguridad en Europa”, ha declarado Agnès Callamard.

“Las autoridades marroquíes y españolas deben ser transparentes en lo relativo al mandato y alcance de cualquier investigación que exista, y no sólo garantizar que se llevan a cabo de forma efectiva cooperando con ellas plenamente, sino también garantizar que su mandato se amplía para incluir los motivos de preocupación relacionados con el racismo.”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Aunque los Estados tienen permitido tomar medidas para impedir la entrada no autorizada en las fronteras, deben hacerlo de tal manera que no viole los derechos humanos.

En los meses transcurridos desde los hechos del 24 de junio, han trascendido cada vez más detalles de lo que ocurrió y ha aumentado la presión sobre las autoridades españolas y marroquíes.

Tras una visita a Melilla a finales de noviembre, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó públicamente el hecho de que las personas que solicitan asilo en Marruecos no tengan ningún acceso “genuino y efectivo” al asilo en el puesto fronterizo, por lo que a personas migrantes apenas les queda otra opción que intentar cruzar la frontera ilegalmente.

Además, el Defensor del Pueblo español, tras una investigación preliminar y una visita a Melilla, concluyó que al menos 470 personas migrantes y refugiadas fueron devueltas sumariamente a Marruecos desde España, y recordó al Estado sus obligaciones con respecto a la prevención de los malos tratos.