La decisión de permitir la construcción del gasoducto Coastal Gaslink en las tierras del pueblo wet’suwet’en sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes hereditarios wet’suwet’en es una vulneración flagrante del derecho de la comunidad a la autodeterminación y un retroceso lamentable en el proceso de reconciliación de Canadá con los pueblos indígenas.

Los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en de Canadá corren el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos a raíz del presunto inicio de la construcción del gasoducto Coastal GasLink bajo el Wedzin Kwa (río Morice), ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“La decisión de permitir la construcción del gasoducto Coastal Gaslink en las tierras del pueblo wet’suwet’en sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes hereditarios wet’suwet’en es una vulneración flagrante del derecho de la comunidad a la autodeterminación y un retroceso lamentable en el proceso de reconciliación de Canadá con los pueblos indígenas. Además, la expansión de la infraestructura y la extracción de combustibles fósiles es contraria a la obligación de Canadá de proteger los derechos humanos frente a las peores consecuencias de la crisis climática”, afirmó Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá (de habla inglesa). “Amnistía Internacional Canadá pide al gobierno de Canadá y Columbia Británica que detenga la construcción del gasoducto en los territorios ancestrales no cedidos del pueblo wet’suwet’en.”

Los jefes hereditarios wet’suwet’en —las autoridades tradicionales de la nación según la ley wet’suwet’en, así como la sentencia Delgamuukw del Tribunal Supremo de Canadá de 1997— nunca han dado su consentimiento al proyecto de gasoducto Coastal GasLink, a pesar de que algunos gobiernos electos de las Primeras Naciones han firmado acuerdos de beneficios con la empresa. El Wedzin Kwa (río Morice) es una de las últimas fuentes de agua potable y de desove de salmón que quedan en el territorio, y los jefes hereditarios wet’suwet’en han expresado preocupación por que el proyecto del gasoducto dañe el río.

La decisión de permitir la construcción del gasoducto Coastal Gaslink en las tierras del pueblo wet’suwet’en sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes hereditarios wet’suwet’en es una vulneración flagrante del derecho de la comunidad a la autodeterminación y un retroceso lamentable en el proceso de reconciliación de Canadá con los pueblos indígenas.

Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá

En septiembre de 2021, manifestantes pacíficos y defensores de la tierra ocuparon el emplazamiento de la plataforma de perforación. El ministro de Seguridad Pública de Columbia Británica autorizó a las fuerzas policiales militarizadas detener y desalojar por la fuerza a las personas defensoras de la tierra del territorio para hacer cumplir una orden judicial obtenida por la empresa. El pueblo wet’suwet’en y otras personas defensoras de la tierra se han enfrentado a tres redadas por parte de policía fuertemente armada, y 19 personas se enfrentan actualmente a cargos de desacato por desafiar una orden judicial que autoriza a la policía desalojar a las personas que ocupan lugares de trabajo permitidos.

Los defensores y defensoras de la tierra Wet’suwet’en afirman ser objeto de hostigamiento, intimidación, desalojo forzado y criminalización por parte de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) y guardias de seguridad privados de la empresa sólo por defender pacíficamente sus tierras ancestrales sobre las que tienen títulos de propiedad. En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, emitió una tercera carta a Canadá en la que señalaba su preocupación por la escalada del uso de la fuerza, la vigilancia y la criminalización de las personas defensoras de la tierra y los manifestantes pacíficos por parte de la RPMC, su Grupo de Respuesta de la Industria de la Comunidad (CIRG) y empresas privadas de seguridad.

“El gobierno de Canadá debe retirar inmediatamente a las fuerzas de seguridad y policiales del territorio wet’suwet’en e investigar todas las denuncias de hostigamiento, intimidación, amenazas y desalojos forzosos de defensores y defensoras de los derechos a la tierra y otras personas que protestan pacíficamente contra el gasoducto. Continuar con la construcción de este gasoducto en territorio indígena hará peligrar más la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, las comunidades wet’suwet’en y, en última instancia, nuestro planeta”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El jefe Na’Moks declaró: “Aunque se haya empezado ilegalmente a perforar con permisos ilegales del gobierno de Columbia Británica, los jefes hereditarios nunca han apoyado ni dado su consentimiento a este proyecto. Seguiremos oponiéndonos a este gasoducto utilizando todos los medios necesarios, de acuerdo con nuestro derecho ancestral. Ninguna autoridad elegida ni sector de actividad puede anular o ignorar nuestras decisiones como nación que nunca ha cedido, se ha rendido ni ha firmado un tratado”.