Amnistía Internacional sigue escuchando de boca de personas que huyeron recientemente de Xinjiang y de familiares de personas detenidas que la población de la región sigue sufriendo persecución y detención arbitraria simplemente a causa de su religión y su etnia

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe poner fin a sus años de inacción y establecer un mecanismo internacional independiente encargado de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El periodo de sesiones del Consejo, que comenzó el 12 de septiembre, es el primero que se celebra tras la presentación del reciente informe de la alta comisionada sobre las atrocidades cometidas por el gobierno chino en Xinjiang. La evaluación, largamente demorada, corrobora los abundantes indicios de graves violaciones de derechos humanos contra la población uigur y otras comunidades de minorías étnicas predominantemente musulmanas documentadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones dignas de crédito.

Amnistía Internacional sigue escuchando de boca de personas que huyeron recientemente de Xinjiang y de familiares de personas detenidas que la población de la región sigue sufriendo persecución y detención arbitraria simplemente a causa de su religión y su etnia.

“El Consejo de Derechos Humanos ha dejado sistemáticamente sin protección los derechos humanos de millones de personas musulmanas de Xinjiang que durante los últimos cinco años han sufrido innumerables atrocidades. Muchos Estados miembros del Consejo utilizaron el largo silencio de la alta comisionada para justificar el suyo propio”, ha manifestado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

El tiempo de las medias tintas ya ha pasado, ahora que la oficina de la alta comisionada ha confirmado que las atrocidades documentadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad y requieren atención inmediata.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Pero el tiempo de las medias tintas ya ha pasado, ahora que la oficina de la alta comisionada ha confirmado que las atrocidades documentadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad y requieren atención inmediata. El Consejo debe dar una respuesta acorde con la magnitud y la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas.”

Amnistía Internacional pide a los miembros del Consejo que tomen medidas concretas para poner fin a los abusos cometidos por las autoridades chinas y garantizar la rendición de cuentas. Durante este periodo de sesiones, el Consejo debe presentar una resolución y establecer un mecanismo internacional independiente que investigue los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos en Xinjiang, a fin de garantizar la rendición de cuentas, entre otras cosas identificando a los presuntos autores.

Además, los Estados miembros, de forma inmediata e inequívoca, deben pedir al gobierno chino que ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente en campos de internamiento, prisiones u otros centros, y deben comprometerse a no devolver a China a ninguna persona que corra peligro de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.

El encubrimiento de China en Xinjiang

Las autoridades chinas han intentado bloquear las investigaciones llevadas a cabo por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y por otras entidades, y han presionado a los Estados miembros de la ONU para que minimicen o ignoren los indicios existentes. A consecuencia de ello, a los investigadores de la ONU no se les ha permitido entrar en Xinjiang, por lo que el alcance de la investigación de la alta comisionada ha sido limitado.

Al hablar con la ONU o con otros investigadores o periodistas, la gente que vive en Xinjiang o tiene lazos familiares con la región ha corrido peligro de ser detenida, recluida, encarcelada, torturada o sometida a desaparición forzada, y también lo han corrido sus familiares.

“Internamente, China sigue utilizando violencia severa, restricciones ilegales e intimidación, al tiempo que emplea la fuerza diplomática en la escena mundial para encubrir sus atrocidades en Xinjiang. Los miembros del Consejo deben ver los intentos de China por deslegitimar las conclusiones del informe como lo que son: ni más ni menos que un intento de ocultar los crímenes de lesa humanidad y disuadir de las críticas”, ha manifestado Agnès Callamard.

“Si los miembros del Consejo no actúan ya, se convertirán en cómplices del encubrimiento del gobierno chino. Esa inacción transmitiría a las autoridades chinas el peligroso mensaje de que se puede acosar a los Estados miembros para que ignoren los indicios fidedignos de que se están cometiendo violaciones graves de derechos humanos, y que los Estados poderosos están más allá de un escrutinio efectivo”.

“Esto sería una traición imperdonable a los millones de víctimas, supervivientes y familiares. Entre este grupo se encuentran los muchos cientos de miles de personas que, según se cree, continúan detenidas arbitrariamente.”

Gente que huye de Xinjiang

Entre enero y junio de 2022, Amnistía Internacional visitó Asia Central y Turquía para entrevistar a personas que habían huido recientemente de Xinjiang y a familiares de personas detenidas arbitrariamente.

Resulta abrumador el hecho de que quienes huyeron recientemente tenían demasiado miedo para hablar abiertamente de sus experiencias, pues temían represalias contra sus familiares que continuaban en Xinjiang.

No obstante, seis personas que huyeron de Xinjiang entre finales de 2020 y finales de 2021 accedieron a hablar con Amnistía Internacional a condición de mantener el anonimato. Estas personas describieron una vida de implacable represión en Xinjiang, derivada de las políticas chinas de severa restricción de las libertades de los grupos étnicos predominantemente musulmanes. Esa restricción incluye graves violaciones de los derechos a la libertad y a la seguridad de la persona, a la privacidad, a la libertad de circulación, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencia, a tomar parte en la vida cultural, a la igualdad y la no discriminación, y a no sufrir trabajos forzados.

Un hombre de etnia kazaja que dejó Xinjiang a principios de 2021 contó a Amnistía Internacional que la gente de su localidad seguía sin poder practicar su religión. “Las restricciones religiosas continúan [en 2021] […] Había cinco mezquitas [en mi localidad]: destruyeron cuatro […] La que queda está vigilada y supervisada […] ¡No va nadie! […] Quizá [la gente rece] en la oscuridad de la noche con la ventana cerrada, en silencio”, dijo.

Amnistía Internacional entrevistó a la madre de Erbolat Mukametkali, hombre de etnia kazaja. Erbolat fue detenido en marzo de 2017, pasó un año en campos de internamiento, y luego recibió una condena de 17 años de prisión. La madre de Erbolat cree que su hijo fue detenido exclusivamente a causa de sus prácticas religiosas. “Añoro a mi hijo […] Soy mayor, mi sueño es morir con mi hijo a mi lado”, dijo.

Amnistía Internacional también entrevistó a un familiar de Berzat Bolatkhanm, un hombre de etnia kazaja detenido en abril de 2017 tras ser acusado de ser un “traidor al Estado”. El familiar cree que Berzat fue detenido a causa de su etnia y porque planeaba trasladarse a Kazajistán. Tras pasar un año en un campo de entrenamiento, Berzat recibió una pena de 17 años de prisión. “Él sólo hacía su trabajo. Era agricultor. De repente, porque quería trasladarse a Kazajistán […] la policía lo detuvo […] No es un extremista, ni un terrorista”, contó el familiar de Berzat a Amnistía Internacional.

Las restricciones religiosas continúan […] Había cinco mezquitas [en mi localidad]: destruyeron cuatro […] La que queda está vigilada y supervisada.

Hombre de etnia kazaja que dejó Xinjiang a principios de 2021

Entre las personas entrevistadas más recientemente por Amnistía Internacional se encontraba una mujer que ahora vive en Turquía. Su hermana, Muherrem Muhammed Tursun, maestra de educación primaria, desapareció en agosto de 2021 tras publicar en su perfil de WeChat un vídeo sobre su familia celebrando el Aíd (el fin del Ramadán). Su familia cree que fue detenida a causa de su etnia uigur y porque su hijo había ido a Turquía a estudiar religión antes de regresar a Urumqi para estudiar odontología. A él se lo llevaron a principios de 2017, mientras que a la madre de Muherrem, Tajinisa Emin, la llevaron a un campo de internamiento en 2020. Cuando sus familiares en Turquía trataron de averiguar más detalles, un familiar que aún está en la región simplemente respondió: “No hagáis preguntas, se han ido.”

Estas son sólo una fracción de las probablemente cientos de miles de personas detenidas arbitrariamente en Xinjiang, 126 de las cuales han sido incluidas por Amnistía Internacional en su campaña por la libertad para las personas detenidas en Xinjiang. Si el Consejo no actúa ahora, equivaldrá a abandonar a las personas supervivientes y a las familias de víctimas que han puesto en peligro seguridad para alzar la voz.

“En 2022, los grupos étnicos musulmanes siguen enfrentándose a una persecución generalizada y sistemática en Xinjiang. Los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos en China conculcan sus derechos fundamentales y amenazan con eliminar sus identidades religiosas y culturales”, ha manifestado Agnès Callamard.

“El hecho de que la comunidad internacional no haya emprendido acciones significativas sólo ha servido para que China siga con sus prácticas de violación de los derechos humanos y encubrimiento. El Consejo debe establecer ya un mecanismo internacional de investigación que ponga fin a la larga impunidad de las autoridades chinas.”