Las autoridades deben retirar de inmediato todos los cargos falsos y cerrar esta investigación de motivación política contra las periodistas de Mada Masr. Además deben dejar en libertad a todos los periodistas que están detenidos únicamente por realizar su legítimo trabajo de medios de comunicación y por ejercer su derecho a la libertad de expresión

En respuesta a la apertura de una investigación penal contra la redactora jefa y tres periodistas de Mada Masr, una de las pocas plataformas de medios de comunicación independientes que quedan en Egipto, en relación con un artículo sobre presunta corrupción de un partido progubernamental, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, manifestó:

“Este último ataque contra periodistas que se atreven a desviarse del discurso oficial en Egipto pone aún más de manifiesto el abismo entre el compromiso con los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, que las autoridades egipcias declaran tener y la cruda realidad. Hostigar a una de las pocas plataformas de medios de comunicación independientes de Egipto refuerza los motivos de preocupación por la capacidad de los actores independientes de la sociedad civil y de otros ámbitos para expresar sus opiniones sin temor a sufrir represalias en la cada vez más cercana Conferencia sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Sharm Al Sheikh en noviembre.

Las autoridades deben retirar de inmediato todos los cargos falsos y cerrar esta investigación de motivación política contra las periodistas de Mada Masr.

Philip Luther, Amnistía Internacional

“Las autoridades deben retirar de inmediato todos los cargos falsos y cerrar esta investigación de motivación política contra las periodistas de Mada Masr. Además deben dejar en libertad a todos los periodistas que están detenidos únicamente por realizar su legítimo trabajo de medios de comunicación y por ejercer su derecho a la libertad de expresión; poner fin a todas las formas de censura, hostigamiento e intimidación de periodistas; y revocar la legislación draconiana sobre medios de comunicación que socava las libertades de prensa.”

El 7 de septiembre, la redactora jefa de Mada Masr, Lina Attalah, y tres periodistas, Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin y Beesan Kassab, fueron interrogadas por la fiscalía en relación con los cargos de “difusión de noticias falsas” y “difamación” de miembros del Partido Futuro de la Nación, y de “molestar[los] deliberadamente”, además de “explotar un sitio web sin licencia”, en el caso de Lina Attalah. Según la asistencia letrada de Mada Masr, la fiscalía pidió a la redactora jefa que revelase la identidad de las autoras y editoras del artículo en cuestión, así como las fuentes, las relaciones institucionales y la financiación del medio.

Las periodistas quedaron en libertad provisional bajo fianza, pero, de ser inculpadas, pueden ser enjuiciadas por cargos que acarrean penas de hasta dos años de prisión y multas.

En los últimos años, las autoridades egipcias han consolidado su control de los medios de comunicación a través de la censura en Internet, el asalto y cierre de medios de noticias independientes y el control del contenido de medios tanto públicos como privados.

Información complementaria

En noviembre de 2019, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la oficina de Mada Masr en El Cario y detuvieron brevemente a cuatro periodistas, incluida la redactora jefa Lina Attalah, en un acto que parecía ser una represalia directa por la publicación de una noticia sobre los planes para apartar de un un alto cargo en los servicios de inteligencia al hijo del presidente egipcio Mahmoud Al Sisi. Mada Masr lleva desde 2018 tratando de obtener una licencia.

Desde 2013, las autoridades han detenido y recluido arbitrariamente, enjuiciado y declarado culpables a periodistas y otro personal de medios de comunicación simplemente por expresar opiniones críticas o realizar su trabajo comunicación. Al menos 23 periodistas continúan en prisión, seis de ellos detenidos durante los últimos cinco meses, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.