El periódico The Saudi Gazette anunció el 31 de enero de 2022 un sistema de indemnización para ciudadanos saudíes que excluía a los extranjeros, que representan el 47% de la población desalojada

Un plan de desalojo y demolición en gran escala, que está llevándose a cabo en el marco de la estrategia del príncipe heredero Mohammad bin Salman para hacer realidad el programa Visión 2030 y afecta a medio millón de personas de más de 60 barrios de la ciudad costera de Yeda, vulnera las normas internacionales de derechos humanos y discrimina a la población extranjera. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, que ha pedido a las autoridades que pongan fin a los desalojos forzosos.

Según el examen que la organización ha efectuado de un documento del ayuntamiento de Yeda, que incluye un calendario de proyectos de desarrollo urbanístico que se remontan a 2019, las demoliciones afectan a más de 558.000 habitantes. Los derribos comenzaron en octubre de 2021 y siguen de forma intermitente.

El periódico The Saudi Gazette anunció el 31 de enero de 2022 un sistema de indemnización para ciudadanos saudíes que excluía a los extranjeros, que representan el 47% de la población desalojada. Según las autoridades, el importe de la indemnización no se establecerá hasta que termine la demolición de los edificios.

“Tras la imagen ostentosa y progresista que Arabia Saudí trata de presentar al mundo hay historias terribles de abusos y violaciones de derechos humanos. El mundo no va a dejarse engañar por la falsa pompa. Un documento del ayuntamiento de Yeda muestra que los planes del proyecto se ultimaron hace casi tres años, aunque las autoridades no emprendieron un proceso de consulta real con los habitantes, ni notificaron adecuadamente los desalojos, ni anunciaron y entregaron el importe de la indemnización a la población antes de las demoliciones”, ha declarado Diana Semaan, directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte.

“Las autoridades están llevando a cabo el proyecto sin importar el precio que pague la población que vive en la zona. Además de expulsar despiadadamente de sus casas a los habitantes sin darles suficiente tiempo o indemnización para que encuentren otra vivienda, también han discriminado a cientos de miles de personas extranjeras que han sido excluidas del sistema de indemnización.”

Amnistía Internacional entrevistó a un habitante, tres activistas y tres periodistas con conocimiento de la situación en el terreno (dos de los cuales estuvieron en Yeda entre febrero y mayo de 2022). La organización también verificó unas imágenes de satélite que mostraban que entre octubre de 2021 y mayo de 2022 se efectuaron demoliciones en al menos 20 barrios de toda Yeda, y 13 vídeos que mostraban la destrucción de edificios en varios de ellos.

En abril de 2022, Amnistía Internacional se dirigió a la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí planteando por escrito preguntas y motivos de preocupación sobre las demoliciones y los requisitos del debido proceso en el marco de los desalojos, pero no ha recibido respuesta.

Tras la imagen ostentosa y progresista que Arabia Saudí trata de presentar al mundo hay historias terribles de abusos y violaciones de derechos humanos.

Diana Semaan, Amnistía Internacional

Según un documento oficial público examinado por Amnistía Internacional, el aviso que recibieron los habitantes variaba entre 24 horas en un barrio y de una a seis semanas en los demás. Por ejemplo, en Al Ghaleel —uno de los barios afectados—, el servicio de electricidad se interrumpió un día después de que la población viera la palabra “Desalojen” pintada en sus edificios. En otros barrios, los programas de desalojos y demoliciones se anunciaron en vallas publicitarias o a través de los medios de comunicación afines al gobierno.

“No me enteré del desalojo hasta que vi una pintada en el edificio el 22 de enero y un papel en la pared de la planta baja que decía que debíamos irnos antes de terminara el mes. Nunca vi a los agentes del gobierno o del ayuntamiento ni hablé con ellos”, señaló un ciudadano extranjero que llevaba tres años viviendo en uno de los barrios cuando en febrero de 2022 se vio obligado a irse.

Conforme establece los Principios Básicos y Directrices de la ONU sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, las autoridades deben ofrecer indemnización y reasentamiento a todas las personas afectadas, sin discriminación, y garantizar que nadie —ciudadano o no ciudadano, con o sin título de propiedad, o que viva en régimen de alquiler— queda sin hogar como consecuencia de los desalojos. Además, deben incluir a todas las personas afectadas, informar adecuadamente, hacer pública la información con anticipación y proporcionar a toda la población afectada un plazo razonable para examinar públicamente el proyecto propuesto —incluidos los planes de protección de los grupos vulnerables— u oponerse a ese proyecto.

Estigmatizar e intimidar

Los canales de los medios de comunicación afines al gobierno han desplegado un discurso estigmatizante arrollador sobre quienes viven en las zonas afectadas, y afirman que la mayoría de la población de algunas de esas zonas carece de documentación y los barrios están “plagados de enfermedades, delitos, droga y robos” porque sus habitantes “vulneran el sistema de trabajo y residencia”.

Uno de los activistas comunitarios contó a Amnistía Internacional: “Se están destruyendo comunidades enteras. ¿Qué les va a ocurrir a quienes son más vulnerables? Las personas migrantes, documentadas e indocumentadas, no pueden permitirse otro alojamiento en zonas más caras. Las que están en situación irregular son tachadas de delincuentes. No se compadecen de ellas”.

Existe un clima de temor en torno a la difusión de información y la denuncia de las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el proceso de desalojo. Según una de las fuentes de Amnistía Internacional que mantiene contacto directo con habitantes de Yeda, la población teme represalias de las autoridades si exige sus derechos y, por tanto, tiene miedo a denunciar. Un habitante dijo que correría la misma suerte que Abdul Raheem al Huwaiti, que murió a manos de las fuerzas de seguridad en abril de 2020 tras dirigir a la comunidad que se organizaba contra las adquisiciones de tierras relacionadas con NEOM, un proyecto de megaciudad que se construye en la provincia de Tabuk (noroeste del país).

Muchas personas han elegido Twitter para protestar bajo seudónimo contra la destrucción de sus barrios y viviendas, así como contra las dificultades que tienen para encontrar vivienda alternativa asequible. También protestan contra el elevado costo de la vida y la vivienda para quienes sufren desalojo, el retraso en el pago de la indemnización y el aumento de los servicios de arrendamiento y reubicación de viviendas en Yeda.

Información complementaria

El 2017, Arabia Saudí lanzó Visión 2030, un plan para diversificar la economía y crear más oportunidades para mujeres y jóvenes.

En diciembre de 2021, el príncipe heredero de Arabia Saudí puso en marcha el proyecto Centro de Yeda, por un importe de 75.000 millones de riyales saudíes (aproximadamente 20.000 millones de dólares estadounidenses), para urbanizar 5,7 millones de metros cuadrados de terreno. Las primeras demoliciones relacionadas con este proyecto comenzaron en octubre de 2021 y continuaron con otra ronda en enero de 2022, cuando los vídeos de la destrucción comenzaron a aflorar en las redes sociales.