Aisha el Shater y su esposo están siendo juzgados por el Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción por cargos falsos derivados de sus lazos familiares

Aisha el Shater, de 41 años e hija del alto cargo de la Hermandad Musulmana Jairat el Shater, y su esposo, el abogado Mohamed Abo Horeira, están siendo juzgados por el Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción por cargos falsos derivados de sus lazos familiares y el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Las autoridades egipcias han sometido a Aisha el Shater a tortura al mantenerla recluida en régimen de aislamiento prolongado, prohibir las visitas familiares durante más de tres años y medio, y negarle deliberadamente el acceso a una atención médica adecuada pese a que padece un problema de salud grave que puede poner en peligro su vida.

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Presidente Abdel Fatah al Sisi
President Abdelfattah al-Sisi

Office of the President

 Al Ittihadia Palace

Cairo, República Árabe de Egipto

Correo-e: p.spokesman@op.gov.eg

Twitter: @AlsisiOfficial

Excelencia:

Aisha el Shater, de 41 años e hija del alto cargo de la Hermandad Musulmana Jairat el Shater, y su esposo, el abogado Mohamed Abo Horeira, llevan más de tres años y medio en detención arbitraria únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos y por sus lazos familiares. El 23 de agosto de 2021, tras pasar más de 32 meses detenidos en espera de juicio, la fiscalía los acusó formalmente de unirse, financiar y apoyar a un “grupo terrorista” [la Hermandad Musulmana] y los remitió al Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción. El juicio comenzó el 11 de septiembre de 2021 y se ha aplazado hasta el 13 de junio de 2022.

Las autoridades de la prisión de mujeres de Al Qanater mantuvieron a Aisha el Shater recluida en régimen de aislamiento en una celda pequeña y mal ventilada, sin retrete, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2020. Los guardias la obligaron a utilizar ropa ligera en la celda, carente de calefacción, durante los meses fríos del invierno, y llevaban a cabo registros periódicos del habitáculo y le confiscaban sus artículos de higiene y otros objetos personales. Desde su detención, las autoridades le niegan las visitas familiares y le prohíben comunicarse por teléfono o por escrito con su familia y sus abogados. Este trato constituye tortura, un crimen de derecho internacional. Aisha el Shater padece anemia aplásica, un trastorno grave y poco común que afecta a la sangre y aumenta el riesgo de infecciones y hemorragias incontroladas. Pese a ello, las autoridades le niegan el acceso a atención médica especializada y adecuada en un hospital externo. Su salud se deterioró bajo custodia, y en octubre de 2019 ingresó —esposada— en dos ocasiones en el hospital de Al Qasr al Ainy, con sangrado abundante, y recibió una transfusión de plaquetas. Aisha permanece recluida en el consultorio médico de la prisión de Al Qanater desde diciembre de 2020, pero requiere un tratamiento continuo y especializado en establecimientos de salud bien equipados, que no puede recibir en la prisión. Durante la vista del juicio celebrada el 15 de mayo de 2022, el Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción ordenó que Aisha el Shater fuera examinada por un comité de tres médicos para determinar si necesita someterse a tratamiento fuera de la prisión. Aisha tiene prohibido comunicarse con el exterior, por lo que su familia y sus abogados no tienen información alguna acerca de si ese examen se ha llevado a cabo.

Lo instamos a que garantice que Aisha el Shater y Mohamed Abo Horeira son puestos en libertad inmediata e incondicional y que se retiran todos los cargos formulados en su contra, ya que han sido detenidos y procesados únicamente por su relación con un alto cargo de la Hermandad Musulmana y por el ejercicio de sus derechos humanos. Le pedimos que, hasta que queden en libertad, se asegure de que ambos disponen de los medios necesarios para comunicarse periódicamente con su familia y sus abogados, y acceso a atención médica adecuada, fuera de la cárcel si es preciso.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

El 1 de noviembre de 2018, Aisha el Shater y su esposo, Mohamed Abo Horeira, fueron detenidos en su domicilio de Ciudad Nasr, en El Cairo. Según fuentes de Amnistía Internacional, Aisha el Shater fue sometida a desaparición forzada durante 20 días, durante los cuales las fuerzas de seguridad se negaron a facilitar información sobre su suerte y paradero a sus familiares. Amnistía Internacional tuvo conocimiento por fuentes fidedignas de que Aisha permaneció ese tiempo recluida en la sede la Agencia de Seguridad Nacional situada en el barrio de Abbasiya, en El Cairo, donde le propinaron palizas y le aplicaron descargas eléctricas. El 21 de noviembre de 2018, Aisha compareció ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, que ordenó su detención en espera de juicio por “pertenecer a un grupo armado”, “recibir financiación para un propósito terrorista” y “participar en un acuerdo delictivo dirigido a cometer un delito terrorista”. Antes de su detención, Aisha se había pronunciado en su cuenta de Facebook sobre las violaciones de derechos humanos que tenían lugar en Egipto, como desapariciones forzadas y actos de tortura y malos tratos en los lugares de detención. Antes de que fuera detenido, el abogado Mohamed Abo Horeira representaba a personas detenidas sospechosas de pertenecer a la Hermandad Musulmana.

El 1 de noviembre de 2018, el día en que la pareja fue detenida, las autoridades egipcias hicieron una serie de redadas en las que detuvieron al menos a 31 activistas y abogados de derechos humanos (10 mujeres y 21 hombres). La represión se dirigió en particular contra la Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades, entidad que documentaba las desapariciones forzadas y el uso de la pena de muerte y prestaba asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En una declaración publicada el 1 de noviembre de 2018, en la que anunciaba la suspensión de su trabajo de derechos humanos, esta organización calificó la situación en Egipto de incompatible con el trabajo de derechos humanos y pidió la intervención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El 23 de agosto de 2021, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado remitió a juicio ante el Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción a Aisha el Shater, a Mohamed Abo Horeira, al defensor de los derechos humanos y fundador de la Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades Ezzat Ghoniem, a la abogada de derechos humanos Hoda Abdelmoniem y a otros 27 acusados. La Fiscalía presentó varios cargos contra ellos, como pertenecer a un grupo terrorista (la Hermandad Musulmana), difundir a través de una página de Facebook —llamada “ Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades”— noticias falsas sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, financiar a un grupo terrorista y estar en posesión de folletos en los que se promovían los objetivos del grupo terrorista.

El 25 de octubre de 2021, el presidente Abdel Fatah al Sisi anunció que no ampliaría el estado de excepción, vigente desde 2017, que permitía la creación de Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción. El artículo 19 de la ley que rige el estado de excepción dispone que los juicios en curso continuarán incluso cuando el estado de excepción ya no esté vigente. En los tres meses previos a la decisión de no prorrogar el estado de excepción, las autoridades egipcias remitieron a juicio ante tribunales de excepción al menos a 26 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y figuras políticas de la oposición. Los procedimientos en los Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción son inherentemente injustos. A las personas acusadas se les niega el derecho a apelar contra su sentencia y condena ante un tribunal superior. El presidente es el único que tiene la facultad de autorizar, anular o conmutar sentencias u ordenar un nuevo juicio. Otras violaciones documentadas de las debidas garantías en los juicios afectan al derecho a contar con tiempo e instalaciones adecuadas para la preparación de la defensa, al derecho de la persona acusada a comunicarse con un abogado de su elección y al derecho a que la vista sea pública. Además, los jueces de los Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción deniegan sistemáticamente a los abogados el permiso para fotocopiar los expedientes, que en algunos casos superan las 2.000 páginas, y les indican que deben examinarlos en la sede judicial. Los fiscales y jueces tampoco entregan copia del auto de procesamiento a las personas acusadas y a sus abogados, lo que menoscaba su derecho de ser informados de la naturaleza exacta y la causa de los cargos formulados. Las autoridades prohibieron a Aisha el Shater reunirse con sus abogados salvo en el tribunal y violaron su derecho a una defensa adecuada.

En los últimos meses, decenas de miembros de la oposición política y personas críticas han sido declarados culpables de cargos falsos tras unos juicios manifiestamente injustos ante los Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción. Entre ellos figuran los políticos Zyad el Elaimy y Hisham Fouad, condenados en noviembre de 2021 a entre tres y cinco años de cárcel, respectivamente, tras ser juzgados sin las debidas garantías ante un tribunal de este tipo sólo por criticar el historial de derechos humanos y la política económica de Egipto. Las fuerzas de seguridad los detuvieron en junio de 2019, poco después de que se hubieran reunido para debatir su presentación a las elecciones de 2020, y los mantuvieron recluidos sin juicio durante más de dos años. El 29 de mayo de 2022, un Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción condenó a 25 miembros de la oposición política. Entre ellos figuraban el político Mohamed al Kassas y el excandidato a la presidencia Abdel Moneim Aboul Fotouh, a quienes condenó a 10 y 15 años de prisión, respectivamente, tras declararlos culpables de cargos falsos relacionados con el terrorismo y de difusión de noticias falsas.

El padre de Aisha el Shater, Jairat el Shater, permanece encarcelado desde julio de 2013, cuando el ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi. Posteriormente, las autoridades ilegalizaron la Hermandad Musulmana y arrestaron y enjuiciaron a sus líderes y a decenas de miles de presuntos miembros y personas partidarias.

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