Desde 2015, las autoridades huzíes han tenido detenidos arbitrariamente a Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid y Tawfiq al Mansouri, sin cargos ni juicio, durante más de cuatro años, y les han sometido a diversos abusos contra los derechos humanos, como desaparición forzada, detención intermitente en régimen de incomunicación y reclusión en régimen de aislamiento, palizas y negación de acceso a atención médica

Las autoridades de facto huzíes de Yemen deben anular las condenas a muerte y ordenar la liberación inmediata de cuatro periodistas yemeníes que pueden ser ejecutados tras un juicio manifiestamente injusto, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, en vísperas de la vista de apelación del 22 de mayo ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Especializado en Saná, Yemen.

Desde 2015, las autoridades huzíes han tenido detenidos arbitrariamente a Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid y Tawfiq al Mansouri, sin cargos ni juicio, durante más de cuatro años, y les han sometido a diversos abusos contra los derechos humanos, como desaparición forzada, detención intermitente en régimen de incomunicación y reclusión en régimen de aislamiento, palizas y negación de acceso a atención médica. El Tribunal Penal Especializado de Saná los condenó a muerte en abril de 2020 después de un juicio sin garantías, una sentencia contra la cual vienen recurriendo los acusados desde entonces.

“Las autoridades de facto huzíes deben anular estas condenas a muerte y poner en libertad de inmediato a estos periodistas. Este juicio ha sido un simulacro desde el principio y se ha cobrado un precio terrible en los hombres y sus familias. Mientras se produce una liberación que debería haber tenido lugar hace tiempo, se debe proporcionar a los periodistas atención médica urgente; la negación de tratamiento médico a las personas gravemente enfermas es un acto de crueldad que constituye tortura y otros malos tratos”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades huzíes también deben poner en libertad de inmediato a todas las personas a las que tienen detenidas actualmente con el único fin de ajustar cuentas políticas o ejercer el control, entre las que hay periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, oponentes políticos y miembros de minorías religiosas. Las autoridades de facto huzíes tienen la obligación de respetar los derechos básicos e inalienables de las personas que están bajo su control.”

En octubre de 2020, los cuatro periodistas fueron trasladados a la prisión de la Casa de Intercambio, en el Campo de Seguridad Central de Saná, en espera de ser liberados en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Pese a que la Fiscalía General ordenó su liberación el 30 octubre de 2020, los mantuvieron detenidos. Según su abogado, los huzíes negaron a los cuatro hombres las visitas de sus familiares y abogados, los sometieron a trato cruel y los privaron de acceso a atención médica adecuada y oportuna.

Tawfiq al Mansouri se encuentra en un estado de salud crítico. Padece una afección de la próstata y enfermedades crónicas como cardiopatía y diabetes. Amnistía Internacional entrevistó a una persona que había estado detenida con los cuatro periodistas en el Campo de Seguridad Central de Saná, que confirmó que se les negaba tratamiento médico, que estaban detenidos en condiciones de reclusión terribles, se les negaban las visitas de familiares, y sólo se les suministraba agua potable durante media hora al día, a través del agua corriente que llegaba a los aseos. El hermano de Tawfiq dijo también a Amnistía Internacional que ni siquiera se permitió que su familia le llevara medicamentos, pese a saber por detenidos que habían sido puestos en libertad que la salud de Tawfiq era muy preocupante. Desde 2020 no se autoriza el traslado de Tawfiq al Mansouri a un hospital para recibir tratamiento.

Información complementaria

Todas las partes en el conflicto de Yemen han perpetrado violaciones graves de derechos humanos, como detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos bajo custodia y juicios sin garantías.

En las zonas bajo su control, las fuerzas huzíes han detenido arbitrariamente a personas que expresaban críticas, como periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, y han sometido a decenas de personas a juicios injustos, reclusión en régimen de incomunicación y desaparición forzada.

En mayo de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se investigaban las experiencias de civiles liberados en el marco de acuerdos políticos en 2020 y se documentaban las condiciones para la liberación, que obligaban a varios presos liberados a exiliarse, con la intermediación de las Naciones Unidas (ONU) para su salida del país, y a otros ocho detenidos a marchar al destierro en otras zonas del país.

Las condiciones en las prisiones y los centros de detención administrados por los huzíes son catastróficas, con grave hacinamiento, comida y agua potable limpia insuficientes y saneamiento deficiente.

Reporteros sin Fronteras ha informado de que en la actualidad hay 14 periodistas detenidos en Yemen únicamente por su trabajo, y que 2 periodistas han sido asesinados en 2022.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.