Las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras siguen sufriendo ataques con impunidad. El asesinato es el mayor riesgo que enfrentan quienes defienden el medio ambiente en el país, que según Global Witness presenta la segunda cifra más alta del mundo de homicidios per cápit

El miércoles 18 de mayo, está previsto que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Honduras, de lectura de sentencia contra David Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos, y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, quien fue declarado culpable hace nueve meses como coautor de participar en el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en 2016. 

“Conocer el castigo contra las personas que participaron en el atroz crimen contra la lideresa Indígena Berta Cáceres es un momento clave en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de su familia, que ha tenido que enfrentar más de seis años de espera. Las autoridades hondureñas deben estar a la altura de este momento y asegurar que la sentencia, incluida su ejecución, cumpla los más altos estándares de derechos humanos, garantizando que el asesinato de Berta no quede impune”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional. 

“Desafortunadamente este proceso no termina aquí. En todo el mundo se espera conocer toda la verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres, de forma que todas las personas responsables de su asesinato rindan cuentas. La causa de Berta Cáceres debe sentar un precedente en el acceso a la justicia para las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras que siguen perdiendo la vida por cuidar nuestro planeta”.

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El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, valiente defensora del medio ambiente y de los derechos de los indígenas, fue asesinada a tiros por hombres armados en su casa de Intibucá, Honduras. Era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH) y hacía campaña contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del Pueblo Indígena Lenca. 

Las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras siguen sufriendo ataques con impunidad. El asesinato es el mayor riesgo que enfrentan quienes defienden el medio ambiente en el país, que según Global Witness presenta la segunda cifra más alta del mundo de homicidios per cápita. Honduras inició 2022 particularmente letal para la defensa del medio ambiente, con dos activistas encontrados muertos en enero.

Amnistía Internacional también ha documentado amenazas, o incluso desapariciones de ambientalistas. Hoy, sigue sin conocerse el paradero de cuatro miembros de la comunidad indígena garífuna pertenecientes a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), desaparecidos desde julio de 2020.

A pesar de la gravedad de los ataques a estas personas defensoras, Honduras no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente y que entró en vigor el 22 de abril de 2021.