Los inversores en empresas que fabrican vacunas contra la COVID-19 deben utilizar su influencia para garantizar que los suministros de estas vacunas vitales y necesitadas con urgencia llegan a los países de ingresos bajos y medianos bajos

Los inversores en empresas que fabrican vacunas contra la COVID-19 deben utilizar su influencia para garantizar que los suministros de estas vacunas vitales y necesitadas con urgencia llegan a los países de ingresos bajos y medianos bajos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, con vistas a las juntas generales anuales de Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer (28 de abril) y AstraZeneca (29 de abril).

Cuando está a punto de perderse por un margen significativo el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar una tasa de vacunación del 70% en todos los países del mundo antes de julio de 2022, las empresas farmacéuticas continúan obstaculizando un acceso justo a las vacunas contra la COVID-19 con su monopolio de la tecnología, sus bloqueos y presiones para impedir el uso compartido de la propiedad intelectual, el cobro de elevados precios por las vacunas y su distribución prioritaria a países ricos.

Amnistía Internacional pide a todos los inversores institucionales —entre ellos Baillie Gifford, Bank of America, Bank of NY Mellon, BlackRock, Capital Group, Morgan Stanley, State Street, UBS, Vanguard Group y Wellington Management— que utilicen sus juntas generales anuales para exigir a AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna y Pfizer que asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Asimismo deben votar a favor de resoluciones de accionistas dirigidas a facilitar la distribución universal de las vacunas contra la COVID-19 y preguntar al consejo de administración de cada empresa qué medidas están adoptando para alcanzar el objetivo de vacunación de la OMS.

Los inversores en empresas que fabrican vacunas contra la COVID-19 deben utilizar su influencia para garantizar que los suministros de estas vacunas vitales y necesitadas con urgencia llegan a los países de ingresos bajos y medianos bajos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, con vistas a las juntas generales anuales de Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer (28 de abril) y AstraZeneca (29 de abril).

Cuando está a punto de perderse por un margen significativo el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar una tasa de vacunación del 70% en todos los países del mundo antes de julio de 2022, las empresas farmacéuticas continúan obstaculizando un acceso justo a las vacunas contra la COVID-19 con su monopolio de la tecnología, sus bloqueos y presiones para impedir el uso compartido de la propiedad intelectual, el cobro de elevados precios por las vacunas y su distribución prioritaria a países ricos.

Amnistía Internacional pide a todos los inversores institucionales —entre ellos Baillie Gifford, Bank of America, Bank of NY Mellon, BlackRock, Capital Group, Morgan Stanley, State Street, UBS, Vanguard Group y Wellington Management— que utilicen sus juntas generales anuales para exigir a AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna y Pfizer que asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Asimismo deben votar a favor de resoluciones de accionistas dirigidas a facilitar la distribución universal de las vacunas contra la COVID-19 y preguntar al consejo de administración de cada empresa qué medidas están adoptando para alcanzar el objetivo de vacunación de la OMS.