Sergey Klokov, técnico del Departamento de Policía de la Ciudad de Moscú, fue la primera persona recluida en virtud de la ley tras ser detenido el 18 de marzo. Según su abogado, fue acusado de difundir “noticias falsas” en llamadas telefónicas con residentes de Crimea y de la región de Moscú

“Las autoridades rusas han lanzado una caza de brujas convirtiendo efectivamente el sistema de justicia penal del país en un arma para enjuiciar a quienes protestan contra la guerra y a las personas influyentes que critican al Estado que han expresado su oposición a la invasión rusa de Ucrania”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, un mes después del comienzo de la represión.

“La persecución de quienes se oponen a la invasión de Ucrania por Vladimir Putin va mucho más allá de los esfuerzos anteriores para acallar a activistas y a quienes protestan. Las personas que son sorprendidas criticando la guerra afrontan un número absurdo de cargos arbitrarios exclusivamente por expresar su opinión. No sólo se las acusa de ‘desacreditar’ a las fuerzas armadas, sino también de calumnia, fraude o ‘terrorismo’”, afirmó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

Según el grupo ruso de derechos humanos Agora, apenas un mes después de iniciarse la invasión de Ucrania por Rusia, se han incoado al menos 60 causas penales por protestas pacíficas contra la guerra o criticar públicamente a las autoridades rusas. Las personas encausadas son investigadas en aplicación de 14 artículos del Código Penal.

Al menos 46 personas han sido acusadas de delitos, de las que 9 fueron detenidas y 3, sometidas a arresto domiciliario. Según Agora, se las ha acusado de infinidad de “delitos”, incluidos insultos a funcionarios del gobierno, libelo, incitación a actividades extremistas; incitación a disturbios multitudinarios, odio y fraude; y profanación de cementerios.

Enjuiciamientos por difundir “noticias falsas”

Al menos en 10 de estos casos, se investiga a personas que han expresado críticas por “desacreditar” a las fuerzas armadas de Rusia, en aplicación de un ley nueva según la cual, este delito puede ser castigado con un máximo de 10 años de prisión, 15 si los comentarios causaron “consecuencias graves”.

El 4 de marzo, la ley fue aprobada por unanimidad por las dos cámaras del Parlamento ruso y promulgada como tal por el presidente Vladimir Putin el mismo día. El 22 de marzo, la ley se amplió para tipificar como delito la difusión de “noticias falsas” sobre cualquier actividad de las autoridades del gobierno ruso en el extranjero.

El 16 de marzo, Veronika Belotserkovskaya, bloguera de gastronomía a quien siguen 850.000 personas en Instagram, se convirtió en la primera persona imputada en aplicación de la nueva ley, acusada de difundir “deliberadamente información falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas rusas para destruir ciudades y a la población civil de Ucrania, incluidos niños y niñas”.

Sergey Klokov, técnico del Departamento de Policía de la Ciudad de Moscú, fue la primera persona recluida en virtud de la ley tras ser detenido el 18 de marzo. Según su abogado, fue acusado de difundir “noticias falsas” en llamadas telefónicas con residentes de Crimea y de la región de Moscú.

Siguieron más casos. El 22 de marzo, Aleksandr Nevzorov, destacado periodista que se hizo popular durante la perestroika (una serie de reformas políticas aprobadas por el Estado de la década de 1980), fue acusado de difundir “información falsa” sobre los ataques de Rusia contra una maternidad en Mariúpol tras haber criticado el bombardeo en un post en Instagram el 9 de marzo.

El 25 de marzo, Izabella Yevloyeva, periodista de la república rusa de Ingushetia, fue acusada tras publicar un post en las redes sociales que calificaba el símbolo proguerra “Z” de las fuerzas armadas rusas de “sinónimo de agresión, muerte, dolor y manipulación descarada”.

Las opiniones contrarias a la guerra son también perseguidas mediante la invocación de otros artículos de carácter represivo del Código Penal. El 18 de marzo, Andrey Boyarshinov, activista de la sociedad civil de Kazán, fue encausado por dos actos de “justificar el terrorismo” y sometido a dos meses de arresto domiciliario por haber difundido mensajes contra la guerra en un canal de Telegram.

El 25 de marzo, Irina Bystrova, profesora de arte de Petrozavodsk, fue acusada de difundir “noticias falsas” y de “justificar el terrorismo” en relación con unos posts que había publicado en Vkontake, una red social rusa.

“La criminalización en curso de las ‘noticias falsas’ es tan arbitraria e ilegítima como los esfuerzos del Kremlin por aplastar todas las formas de opinión contraria a la guerra. Y al embarcarse en esta implacable caza de brujas, las autoridades rusas demuestran que son capaces de formular cargos contra cualquier persona. Estos vergonzosos enjuiciamientos son violaciones flagrantes del derecho a la libertad de expresión”, afirmó Marie Struthers.

Detenciones por grafitis contra la guerra

Con el aumento de las críticas públicas a la guerra, las autoridades rusas también tratan de criminalizar el arte callejero y los grafitis. Al menos 9 activistas y artistas callejeros han sido encausados por hacer grafitis “motivados por el odio”, delito que podría ser castigado con hasta 3 años de cárcel.

El 18 de marzo, Leonid Chernyi, artista callejero de Ekaterimburgo, fue arrestado por poner adhesivos que decían “GruZ 200” —palabra en código oficial para las bajas militares—, tras lo cual quedó detenido por “intoxicación pública” y posteriormente fue acusado de “vandalismo”.

Dmitry Kozyrev, residente de Tula, fue detenido el 20 de marzo por escribir “la guerra es un réquiem por el sentido común” en los muros del kremlin de Tula. El 23 de marzo, Nikolay Vorotnyov, residente de San Petersburgo, fue detenido por pintar la bandera ucraniana sobre un obús de la Segunda Guerra Mundial en un museo al aire libre.

Aunque Amnistía Internacional acepta que las autoridades puedan sancionar legítimamente los grafitis, observamos con gran preocupación la imposición de penas especialmente duras por expresiones políticas.

“El sistema de justicia penal ruso se está utilizando como herramienta para reprimir la libertad de expresión, castigar la disidencia e infundir temor en la población en general. Al amordazar todas las opiniones contra la guerra, el Kremlin intenta aplastar a quienes se oponen al conflicto o, al menos, crear la impresión de que no existe este tipo de resistencia”, concluyó Marie Struthers.

“Esta abyecta campaña de represión contra quienes critican al Estado y se alzan con valentía contra la invasión rusa de Ucrania debe cesar de inmediato. Deben retirarse urgentemente todos los cargos formulados contra las personas que hayan expresado opiniones contra la guerra y las detenidas deben ser puestas en libertad inmediata e incondicional”.