Lunes, 28 de marzo, 2022
El ulema uigur Aimidoula Waili y su amigo Nuermaimaiti Ruze corren un riesgo elevado de repatriación forzosa a
China tras su detención en noviembre de 2020. Desde esa fecha, están recluidos en la Prisión Central de Yeda
Dhahban, Arabia Saudí, sin que se hayan explicado los motivos de su detención ni se hayan presentado cargos en
su contra. El 16 de marzo, los dos uigures fueron trasladados de Yeda a Riad, medida que se considera un indicio de
su inminente extradición a China, donde es sumamente probable que sean sometidos a detención arbitraria y
tortura. Las autoridades saudíes debe detener de inmediato su extradición, que constituiría devolución
Rey Salman bin Abdul Aziz Al Saud
His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King, Royal Court,
Riyadh, Arabia Saudí
Fax: +966 11 403 3125
Twitter: @KingSalman
Y copias a: Ministro de Justicia
Minister of Justice
Twitter: @MojKsa
Excelencia:
Le escribo para expresar mi grave preocupación por el ulema Aimidoula Waili (también conocido como Hamdullah Veli) y su amigo Nuermaimaiti Ruze (también conocido como Nur Muhammed Rozi), que están detenidos desde el 20 de noviembre de 2020 en la Prisión Central de Yeda Dhahban, en Arabia Saudí. Sin que se hayan explicado los motivos de su detención, es alarmante que fueran trasladado a Riad el 16 de marzo, medida que se considera un indicio de su inminente extradición a China. Los dos hombres uigures no deben ser extraditados ya que correrían un gran riesgo de detención arbitraria y tortura u otros malos tratos cuando estén de nuevo en China, como pone de manifiesto el trato que el gobierno chino dispensa a este grupo minoritario.
Su gobierno debe abstenerse de extraditar a los dos hombres uigures ya que esto equivaldría a una violación de la obligación de Arabia Saudí de no llevar a cabo la devolución (refoulement). Existen ya abundantes indicios, entre ellos documentos gubernamentales filtrados, cientos de testimonios, así como vídeos tomados desde drones e imágenes de satélite, de que el gobierno chino ha perpetrado, como mínimo, los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, tortura y persecución contra personas uigures y otras minorías predominantemente musulmanas de Xinjiang por razón de su religión y etnia.
El gobierno chino ha hecho todo lo posible para ocultar las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Xinjiang y para impedir que los miembros de la diáspora uigur hablen de ellas. A tal fin, el gobierno chino viene solicitando la extradición de muchas personas uigures que viven en otros países, a las que tilda de de “terroristas” o “extremistas” simplemente por su activismo pacífico. La legislación china define “terrorismo” y “extremismo” de un modo excesivamente amplio y poco preciso, y estas leyes se utilizan para reprimir a las personas de origen uigur y de otras minorías étnicas musulmanas.
Me produce gran inquietud el saber que, en caso de ser extraditados a China, Aimidoula Waili y Nuermaimaiti Ruze correrán un riesgo real de sufrir detención arbitraria y tortura, y su extradición violaría las obligaciones del reino en virtud del derecho internacional.
Lo insto, por tanto, a detener con carácter inmediato la extradición de Aimidoula Waili y Nuermaimaiti Ruze a China y a ponerlos en libertad a menos que existan indicios suficientes, creíbles y admisibles de que han cometido un delito reconocible internacionalmente.
Aimidoula Waili es un ulema chino de la minoría musulmana uigur que es brutalmente perseguida por el gobierno chino
desde 2017 en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China. Aimidoula Waili, de 54 años y padre de
cuatro hijos, fue detenido en Xinjiang en agosto de 2013 porque uno de los empleados de su fábrica supuestamente
había incitado a una rebelión, y explicó a Amnistía Internacional que lo habían torturado en prisión, aplicándole descargas
eléctricas y obligándolo a permanecer sobre el hielo vestido sólo con zapatillas y ropa interior hasta tres horas al día.
Tras cumplir su condena, fue excarcelado en 2016 y viajó a Turquía, donde le concedieron documentos de residencia que le permitían quedarse indefinidamente en el país. En febrero de 2020, viajó a Arabia Saudí desde Turquía con visado de
turista para llevar a cabo la peregrinación religiosa llamada umrah, con su amigo Nuermaimaiti Ruze.
Nuermaimaiti Ruze, de 46 años y padre de cinco hijos, viajó a Arabia Saudí desde China por primera vez en junio de
2013 para realizar la umrah y finalmente se estableció en La Meca, donde trabajó en un restaurante con un permiso de
residencia patrocinado.
Xinjiang es una de las regiones de China con más diversidad étnica. Más de la mitad de sus 22 millones de habitantes
pertenecen a etnias mayoritariamente túrquicas y con predominio musulmán, como la uigur (unos 11,3 millones de
personas), la kazaja (unos 1,6 millones) y otras, cuyos idiomas, culturas y formas de vida son claramente diferentes de
los de la etnia han, mayoritaria en la China “interior”.
Desde 2017, bajo el pretexto de una campaña contra el “terrorismo” y el “extremismo religioso”, el gobierno de China ha
llevado a cabo abusos masivos y sistemáticos contra las personas musulmanas que viven en la Región Autónoma Uigur
de Xinjiang. Se calcula que desde entonces más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente en campos
de internamiento por todo Xinjiang.
En junio de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe que revelaba que cientos de miles de hombres y mujeres
musulmanes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang son sometidos a detención arbitraria masiva, tortura,
adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada. Testimonios de personas que estuvieron detenidas en campos de
internamiento detallaban las medidas extremas adoptadas por las autoridades chinas desde 2017 para erradicar
esencialmente las creencias y tradiciones religiosas islámicas, así como las prácticas culturales y las lenguas locales de
los grupos étnicos musulmanes de la región.
El gobierno chino ha hecho todo lo posible para ocultar las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo
en Xinjiang y para impedir que los miembros de la diáspora uigur hablen de ellas. Amnistía Internacional ha documentado
numerosos casos en los que personas de etnia uigur, kazaja y de otras etnias musulmanas túrquicas de Xinjiang habían
sido detenidas sólo por vivir, viajar o estudiar en el extranjero o por comunicarse con personas que estaban en el
extranjero. Muchas fueron detenidas sólo por estar “relacionadas” con personas que vivían, viajaban, estudiaban o se
comunicaban con personas en el extranjero.
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña internacional en la que pide el cierre de los campos de internamiento y
presenta más de 70 detallados expedientes de caso de personas de quienes se cree que están actualmente detenidas.
En septiembre de 2021 se habían recopilado más de 300.000 firmas de todo el mundo para exigir la libertad de todas las
personas detenidas actualmente en campos de internamiento y prisiones en Xinjiang.
El artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que
ningún Estado Parte extraditará a una persona a un país donde correría peligro de ser sometida a tortura. Arabia Saudí
es parte en la Convención desde el 23 de septiembre de 1997.
Los indicios que ha reunido Amnistía Internacional proporcionan un fundamento fáctico para concluir que el gobierno
chino ha perpetrado, como mínimo, los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, tortura y persecución contra
personas uigures, kazajas y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas.