En ningún caso se debería intimidar o procesar a activistas de derechos humanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, dentro o fuera de Hong Kong. El gobierno de Hong Kong debe poner fin a su incesante campaña contra grupos de la sociedad civil con su aplicación cada vez más extensa de la Ley de Seguridad Nacional.

Ante la afirmación de la organización británica Hong Kong Watch de que ha sido amenazada con sanciones penales por el Departamento de Seguridad Nacional de la fuerza policial de Hong Kong, Erwin van der Borght, director de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado:

“Los ataques a Hong Kong Watch son el ejemplo más reciente de cómo el gobierno hongkonés intenta coartar la libertad de expresión y de asociación amparándose en su draconiana ley de seguridad nacional.

Pero también, y quizá de manera más significativa, indican una alarmante extensión de esta represión a grupos que actúan fuera de Hong Kong, lo que pone de relieve la amenaza de que esta ley puede utilizarse teóricamente para procesar a personas en cualquier parte del mundo.

Mientras, el cierre del sitio web de Hong Kong Watch dentro de la ciudad muestra que las autoridades recurren cada vez más a la censura en Internet para eliminar la disidencia, táctica empleada habitualmente por las autoridades centrales chinas.

En ningún caso se debería intimidar o procesar a activistas de derechos humanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, dentro o fuera de Hong Kong. El gobierno de Hong Kong debe poner fin a su incesante campaña contra grupos de la sociedad civil con su aplicación cada vez más extensa de la Ley de Seguridad Nacional.”

Información complementaria

Hong Kong Watch ha dicho hoy que recibió una carta del Departamento de Seguridad Nacional dirigida a su director ejecutivo, Benedict Rogers, en la que acusaba al grupo de participar en actividades que “ponen en peligro la seguridad nacional”, como “presionar a países extranjeros para que impongan sanciones” y “otras actividades hostiles”.

Según Hong Kong Watch, se acusaba a la organización de infringir el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, que penaliza la connivencia con fuerzas extranjeras, y que Rogers podría ser condenado a entre tres años de prisión y cadena perpetua por ese delito.

La policía confirmó que, en consecuencia, habían bloqueado el sitio web de Hong Kong Watch en Hong Kong.

El gobierno de Hong Kong criminaliza cada vez más el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, acusando de “connivencia con fuerzas extranjeras” a grupos que establecen asociaciones internacionales o que realizan activismo internacional de manera pacífica.

Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil que actúan en Hong Kong han sido obligadas a disolverse o reubicarse ante las amenazas que entraña la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad.

Entre ellas están el Frente Civil de Derechos Humanos, coalición que ha respaldado muchas de las protestas multitudinarias en Hong Kong, y la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China (Alianza de Hong Kong), que organizó la vigilia en la ciudad para conmemorar la represión de Tiananmen en 1989, así como varios grupos sindicales y medios de comunicación independientes.

La redacción de la ley de seguridad nacional de Hong Kong confiere jurisdicción a sus autoridades sobre personas que no son residentes de Hong Kong, incluso aunque nunca hayan estado allí. Esto significa que cabe considerar técnicamente que cualquier persona del mundo, con independencia de su nacionalidad o su ubicación, ha violado esta ley, por lo que podría ser detenida y enjuiciada si está en una jurisdicción china, incluso en tránsito.