Desde la brusca escalada de la represión en 2017 se han acumulado indicios sobre las terribles violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno chino contra la minoría musulmana de Xinjiang, donde alrededor de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente y recluidas en campos de internamiento y cárceles por su origen étnico y su religión

• Amnistía Internacional se suma a más de 100 organizaciones en una carta abierta a Michelle Bachelet
• Se han añadido seis nuevos casos a la campaña en favor de la libertad de las personas detenidas en Xinjiang que ponen de relieve las detenciones masivas en curso

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, debe publicar sin más demora el informe de su oficina —largamente esperado— sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno chino en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang; así lo afirman Amnistía Internacional y más de un centenar de organizaciones en una carta abierta publicada hoy.

La carta se ha publicado el mismo día que Bachelet presentaba información global actualizada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y varios meses después de que se dijera al Consejo que la evaluación de su Oficina respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en Xinjiang estaba “concluyendo”.

“Bajo la represión sistemática ejercida por China en Xinjiang, la gente corriente puede ser encarcelada durante años y sometida a las condiciones más crueles por llevar a cabo actividades absolutamente legítimas”, ha declarado Joanne Mariner, directora de respuesta a las crisis de Amnistía Internacional. “Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno chino contra la población uigur, kazaja y de otras minorías predominantemente musulmanas en Xinjiang están bien documentados, pero aún no hemos visto que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) aborde significativamente la situación.” En septiembre de 2021, en medio de la frustración creciente por el relativo silencio de su Oficina respecto a la terrible situación en Xinjiang, la alta comisionada informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de que su Oficina estaba “ultimando la evaluación de la información disponible sobre las denuncias de graves violaciones de derechos humanos [en Xinjiang] con miras a su publicación”.

Seis meses más tarde, y a pesar de que su portavoz dio garantías en diciembre de que el informe se publicaría en cuestión de semanas, aún no se ha hecho público.

“Las víctimas y sus familias no pueden esperar más. La alta comisionada Bachelet debe publicar su informe sobre Xinjiang e informar de sus conclusiones a los Estados miembros de la ONU antes de que termine el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Ningún Estado, por poderoso que sea, debe librarse del escrutinio por crímenes de tal gravedad”, ha afirmado Joanne Mariner.

El periodo de sesiones que celebra actualmente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU comenzó el 28 de febrero y durará hasta el 1 de abril.

Alzar la voz en favor de las personas detenidas

Desde la brusca escalada de la represión en 2017 se han acumulado indicios sobre las terribles violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno chino contra la minoría musulmana de Xinjiang, donde alrededor de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente y recluidas en campos de internamiento y cárceles por su origen étnico y su religión.

El año pasado, Amnistía Internacional lanzó una campaña para pedir la libertad de todas las personas que estaban en detención arbitraria en prisiones y campos de internamiento de Xinjiang. Apoyada por cientos de miles de personas en todo el mundo, la campaña documentaba más de 70 casos individuales. Estos casos sólo son una muestra del millón o más de personas que se calcula que han sido detenidas arbitrariamente por el gobierno chino en Xinjiang desde 2017. Con posterioridad al lanzamiento de la campaña, Amnistía Internacional ha tenido noticia de que al menos dos de las personas detenidas cuyo caso se incluía en ella han sido liberadas y al menos siete han obtenido permiso para comunicarse con familiares en China por teléfono o videollamada. Es difícil conseguir información actualizada de manera regular debido al aumento de la preocupación por la seguridad ante la vigilancia sistemática de la región por el gobierno chino y el riesgo de sufrir consecuencias graves para quienes se comunican con personas en el extranjero. En marzo de 2022, la organización añadió seis nuevos casos a la campaña , basados en entrevistas con familiares de personas detenidas. Una mujer llamada Mevlude contó a Amnistía Internacional que su hermana, Mahire Nurmuhammad había sido condenada a 16,5 años de prisión por enviar dinero a su hijo, que estudiaba en Egipto. Las autoridades chinas la han acusado de “apoyar y financiar el terrorismo” por hacer esa transferencia bancaria.

En octubre de 2018, las autoridades chinas advirtieron a Mahire que la arrestarían en cuanto dejara de dar el pecho a su bebé. El mes siguiente se la llevaron de su casa. Mahire padece una enfermedad cardíaca y problemas de salud mental, y su hermana teme que estando bajo custodia no tenga acceso a una asistencia médica adecuada.

Otro familiar con quien habló Amnistía Internacional, Aziz, contó que su hermano, Alim Sulayman, tenía previsto casarse en junio de 2016 pero había sido detenido dos semanas antes de la boda. Alim fue detenido en su casa y condenado a 17 años de prisión. Aunque no están claros los motivos de la detención, su hermano Aziz, ahora residente en Estados Unidos, cree que está relacionada con el breve periodo que Alim estuvo viviendo en Turquía. Amnistía Internacional ha documentado anteriormente cientos de casos de personas detenidas por conductas absolutamente legítimas, como poseer un cuadro de tema religioso, comunicarse con alguien del extranjero o viajar al extranjero.

“Silencio relativo” ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Xinjiang En junio de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe exhaustivo en el que documentaba que personas de las etnias uigur y kazaja y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang sufren encarcelamiento masivo, tortura y persecución sistemáticos por parte del Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad. Basado en decenas de testimonios, el informe describe una “distopía infernal” que incluye graves abusos contra las personas detenidas, vigilancia estatal sistemática de millones de personas e intentos de erradicar tradiciones religiosas, usos culturales e idiomas locales de los grupos étnicos musulmanes de la región. El gobierno chino ha demostrado su falta total de disposición a reconocer —y menos a investigar— la realidad de la situación en Xinjiang, y al mismo tiempo obstaculiza el acceso efectivo a la región por observadores de derechos humanos independientes, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En 2020, un número sin precedentes de especialistas en derechos humanos publicaron una declaración histórica en la que expresaban su preocupación ante las violaciones de derechos humanos cometidas en Xinjiang y otras partes de China y pedían a la ONU que tomara medidas decisivas y pusiera en marcha una investigación exhaustiva sobre la situación.

También en 2020, un grupo de 321 organizaciones de todo el mundo, entre ellas Amnistía Internacional, hicieron un llamamiento similar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que celebrara una sesión extraordinaria y abriera una investigación sobre la crisis de derechos humanos en China, incluida la región de Xinjiang.

Las más de un centenar de organizaciones señalan lo siguiente en la carta que han publicado hoy: “Nos preocupa el relativo silencio de la Oficina [de Bachelet] ante estas graves violaciones de derechos humanos, aparte de los informes actualizados de procedimiento sobre el estado de las negociaciones para conseguir acceso efectivo a Xinjiang, que, según [ella misma] ha reconocido, no han avanzado”.

Aunque en los últimos años han aumentado las críticas a China por sus violaciones generalizadas de derechos humanos, los Estados miembros de la ONU tampoco han adoptado hasta ahora medidas significativas para abordar la crisis a través de una resolución que permita poner en marcha una investigación internacional independiente. Para muchos, el informe largamente esperado de Bachelet proporcionará la base para que tales medidas prosperen.

En años anteriores, la OACNUDH ha publicado informes por iniciativa propia para abordar las acuciantes crisis de derechos humanos en Jammu y Cachemira, Venezuela y Myanmar. Estos informes han aportado documentación y orientación fundamentales para los Estados miembros de la ONU sobre la mejor forma de responder a estas crisis.