Croacia es beneficiaria de más de 108 millones de euros del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE, y ha recibido 46 millones adicionales en concepto de ayuda de emergencia para la gestión migratoria y de fronteras desde 2017

Una investigación realizada por el órgano independiente de supervisión de la UE ha concluido que la Comisión Europea no garantizó el respeto de derechos humanos fundamentales en las operaciones fronterizas financiadas por la UE llevadas a cabo por las autoridades de Croacia desde 2018. Durante ese tiempo se han documentado abusos generalizados contra migrantes y solicitantes de asilo a manos de guardias de fronteras croatas, abusos que incluyen atar, golpear brutalmente y torturar a personas.

“La Comisión Europea financió operaciones fronterizas de Croacia, incluidos los salarios de guardias de fronteras tristemente famosos por tratar de forma violenta a migrantes y solicitantes de asilo, pero optó por apartar la vista ante los abusos. El Defensor del Pueblo ha dejado claro que la Comisión debe garantizar que los fondos de la UE no apoyan operaciones que violen derechos humanos”, ha manifestado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.

El Defensor del Pueblo ha concluido que el hecho de que hasta el verano de 2021 no se estableciera un mecanismo para hacer un seguimiento de los derechos humanos en Croacia, mientras que la Comisión Europea llevaba financiando operaciones de control fronterizo “de emergencia” desde 2018, ha creado confusión y ha sido “lamentable”.

“Tal como advirtieron Amnistía y otras entidades, el mecanismo para hacer un seguimiento de las violaciones de derechos en Croacia no es independiente ni efectivo, y no puede servir como vigilante creíble a menos que se introduzcan mejoras considerables. El primer informe de ese mecanismo, publicado en diciembre y que concluía que la policía croata había ‘actuado ilegalmente al devolver a migrantes de Croacia a Bosnia y Herzegovina fuera del marco del derecho nacional o internacional’, fue rápidamente retirado y sustituido por una nueva versión en la que se eliminaban todas las referencias que señalaban a cualquier conducta indebida de las autoridades croatas”, ha declarado Eve Geddie.

En su conclusión, el Defensor del Pueblo solicita que la Comisión Europea adopte un papel más activo en cuanto a la supervisión del mecanismo de vigilancia y garantice su independencia y su eficacia, y exige a Croacia información concreta y verificable sobre las medidas adoptadas para investigar los informes sobre expulsiones colectivas y malos tratos a migrantes y solicitantes de asilo.

“La Comisión debe garantizar que las operaciones fronterizas financiadas por la UE cumplen la legislación europea, no sólo en Croacia, sino en todas las fronteras de la UE”, ha manifestado Eve Geddie.

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Información complementaria

Croacia es beneficiaria de más de 108 millones de euros del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE, y ha recibido 46 millones adicionales en concepto de ayuda de emergencia para la gestión migratoria y de fronteras desde 2017.

En diciembre, el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, confirmó que las autoridades croatas han agredido a personas refugiadas y migrantes y les han negado el acceso al asilo. El Comité también criticó a las autoridades por no llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas sobre las denuncias de conducta indebida de la policía.