Sr. Óscar Fernando Chinchilla

Fiscal General

Edificio Lomas Plaza II

Col. Lomas del Guijarro,

Tegucigalpa

Honduras

Correo-e: fiscaliageneralhnd@gmail.com

Cc: reargueta@poderjudicial.gob.hn

Twitter: @MP_Honduras / @ofchb / @PJdeHonduras / @rarguetaCSJ

 

Señor Fiscal General:

 

Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación ante la absolución y puesta en libertad el 9 de febrero de solo dos de los ochos presos de conciencia. Amnistía Internacional continúa profundamente preocupada por la vida y la integridad física de los otros seis. José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández, miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y defensores del río Guapinol, en el norte de Honduras, llevan más de 29 meses privados de su libertad injustamente.

 

El 10 de febrero de 2022, un día después de que se los declarara culpables, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras informó de dos resoluciones dictadas en favor de los ocho defensores en relación con sendos recursos de amparo presentados en 2020 y 2021 por violaciones del debido proceso legal y su detención en espera de juicio.

 

En vista de estas dos resoluciones recientes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, le pido que retire los cargos contra los seis defensores de derechos humanos que continúan encarcelados injustamente desde hace más de dos años, para que sean puestos en libertad inmediata e incondicional con arreglo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, a fin de garantizar su derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la libre expresión y a defender los derechos humanos.

 

Atentamente,

[NOMBRE]

 

 

 

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), formado por varias organizaciones que defienden el derecho a la tierra y los derechos ambientales, se ha venido movilizando desde 2015 contra dos concesiones del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) a la empresa minera Inversiones Los Pinares (ILP) en el Parque Nacional Carlos Escaleras (antes llamado Montaña de Botaderos), situado en el municipio de Tocoa, en el norte de Honduras. El CMDBCP presentó denuncias penales contra funcionarios del INHGEOMIN, el Instituto de Conservación Forestal hondureño, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el alcalde de Tocoa, por abuso de autoridad y delito ambiental debido a la explotación de la parte central de la zona protegida, donde se sitúan las fuentes de agua de las que dependen las comunidades.

 

Dada la ausencia de progreso en sus demandas, el CMDBCP estableció el “campamento Guapinol” en una carretera pública el 1 de agosto de 2018 como forma de protesta pacífica. Duró casi tres meses, hasta que las autoridades hondureñas llevaron a cabo un violento desalojo los días 27 y 28 de octubre. Los argumentos de la fiscalía contra los ocho acusados están relacionados con una disputa que tuvo lugar cerca del campamento de protesta el 7 de septiembre, cuando un miembro del personal de seguridad de la empresa ILP, según informes, disparó a uno de los manifestantes y los demás respondieron reteniendo a un contratista para después entregarlo a la policía. Nunca se investigó el episodio del disparo contra el manifestante; sin embargo, la empresa ILP denunció la retención del contratista y la quema de un vehículo alquilado y dos contenedores de mercancías durante los disturbios. Los miembros del CMDBCP se han enfrentado a dos procesos penales desde 2018. En marzo de 2019, un juez desestimó los cargos contra 12 de ellos que estaban acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad, y de asociación ilícita, usurpación y daños en una primera orden judicial. Pero la fiscalía recurrió la decisión. El 13 de agosto de 2020, un tribunal anuló la desestimación de los cargos que favorecía a 5 de los 12 acusados, por lo que estos hombres podían volver a ser juzgados y a estar en prisión preventiva. La primera acusación afectaba a 18 personas. De ellas, 14 figuraban en la segunda acta de acusación formal, que afectaba a 31 personas.

 

José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnol Javier Alemán se presentaron voluntariamente ante el tribunal de San Pedro Sula el 21 de agosto de 2019. Pero no fueron recibidos, sino enviados a Tegucigalpa. El 26 de agosto se celebró la vista de los acusados en Tegucigalpa, donde el juez decretó la detención judicial. El 1 de septiembre, el tribunal los acusó de privación ilegítima de la libertad e incendio agravado y ordenó su reclusión preventiva, pero los absolvió de los delitos de asociación ilícita y robo con agravantes. El 29 de noviembre, cuando llevaban más de dos meses en una prisión de alta seguridad, las autoridades los trasladaron al Centro Penal de Olanchito. Jeremías Martínez Díaz fue recluido en la cárcel de La Ceiba el 5 de diciembre de 2018. Había sido detenido el 29 de noviembre de ese año por los agentes de policía que le proporcionaban protección con arreglo al mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras de los derechos humanos. Compareció ante el tribunal de San Pedro Sula, ya que su nombre aparecía en la primera orden de detención, y fue absuelto de esos cargos en marzo de 2021. Posteriormente fue recluido por los cargos de la segunda orden de detención.

 

Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a los ocho defensores y envío una carta al Fiscal General. Tras un juicio que comenzó el 1 de diciembre de 2021 y duró dos meses, el tribunal sentenciador de Trujillo declaró a José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández culpables de los delitos de privación injusta de la libertad y de daños agravados cometidos contra un contratista de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y de daños simples y agravados contra ILP. Las penas se determinarán el 21 de febrero. Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz fueron absueltos y puestos en libertad de inmediato.

 

El Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes solicitó una revisión de la prisión preventiva de los siete defensores del Guapinol en 2020. Ese mismo año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que no había motivo legal para aplicar la prisión preventiva en el caso de los ocho defensores. El Grupo de Trabajo pidió la libertad inmediata y una reparación para ellos, y que fueran investigados los presuntos responsables penales de su detención ilegal. Anteriormente, especialistas en derechos humanos de la ONU habían recomendado a todos los Estados que consideraran alternativas al encarcelamiento para reducir el riesgo de propagación de la COVID-19. El 12 de marzo de 2021, organizaciones locales confirmaron que José Daniel Márquez había dado positivo en la prueba de COVID-19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado periódicamente su preocupación  por las condiciones de detención existentes en Honduras.

 

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También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 15 de abril de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (no aplicable).

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/5165/2022/es/