En los últimos meses, el presidente Saied ha lanzado reiterados ataques verbales contra la judicatura civil de Túnez —incluido el Consejo Superior Judicial—, a la que acusa de corrupta y de no responder con rapidez a las denuncias de corrupción y terrorismo. 

“Las maniobras del presidente Kais Saied para clausurar el Consejo Superior Judicial, órgano de supervisión judicial independiente creado tras la revolución de 2011 de Túnez para proteger a la judicatura de la influencia del gobierno, representan un riesgo grave para la independencia judicial y el derecho a la imparcialidad procesal en el país”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En unas observaciones grabadas en vídeo dirigidas al ministro del Interior y a otras autoridades el 5 de febrero, Saied dijo que el Consejo Superior Judicial “debería considerarse parte del pasado desde este momento”, anunció su intención de disolverlo mediante decreto y lo acusó de corrupción y de parcialidad política. El 7 de febrero, en una reunión grabada en vídeo con la primera ministra Najla Bouden, indicó a ésta que estaba considerando la disolución del Consejo; sin embargo, no ha emitido aún un decreto que lo disuelva formalmente.

“El ataque del presidente Kais Saied contra el Consejo Superior Judicial representa una amenaza grave para el derecho a la imparcialidad judicial en Túnez. Si el presidente promulga un decreto para disolver o suspender la actividad de la institución, será el fin de la independencia judicial en el país”, afirmó Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Desde el pasado mes de julio, el presidente Saied ha desmantelado casi todos los controles institucionales a su poder. El Consejo Superior Judicial ha resistido como el último bastión de la imparcialidad judicial de Túnez.”

El 7 de febrero, el presidente del Consejo Superior Judicial, Youssef Bouzakher, dijo a Amnistía Internacional que había policías frente a la sede del Consejo desde la víspera, impidiendo la entrada a los miembros de la institución.

En los últimos meses, el presidente Saied ha lanzado reiterados ataques verbales contra la judicatura civil de Túnez —incluido el Consejo Superior Judicial—, a la que acusa de corrupta y de no responder con rapidez a las denuncias de corrupción y terrorismo. Las autoridades tunecinas eluden cada vez más los procedimientos judiciales para imponer de forma arbitraria prohibiciones de viajar, arrestos domiciliarios y detenciones a la población, incluso a miembros del poder judicial y figuras políticas, en violación de los derecho a la libertad personal y a la libertad de circulación. Mientras tanto, los tribunales militares investigan y enjuician cada vez más a civiles.

Esta es la primera medida formal que toma el presidente Saied contra la independencia del poder judicial como institución desde que, en julio de 2021, suspendió las sesiones del Parlamento y destituyó al entonces primer ministro, Hichem Mechichi. El 22 de septiembre de 2021, suspendió la mayor parte de la Constitución de Túnez, se confirió a sí mismo un poder casi absoluto para gobernar por decreto, disolvió un organismo temporal que examinaba la constitucionalidad de las leyes y prohibió que nadie impugnara sus decisiones a través del tribunal administrativo de Túnez.

Con el anterior dictador, Zine el Abidine ben Ali, el Consejo Superior Judicial —que supervisa el nombramiento, las medidas disciplinarias y la trayectoria profesional de los miembros de la judicatura— sirvió como mecanismo de influencia del poder ejecutivo sobre el judicial. El poder ejecutivo nombraba a la mayoría de los miembros del Consejo y el presidente presidía también este organismo, con el ministro de Justicia como vicepresidente.

Tras la revolución que derrocó a Ben Ali en enero de 2011, los dirigentes elegidos transformaron el entonces desacreditado Consejo Superior Judicial en un baluarte de la independencia judicial. Según la Constitución de Túnez de 2014 y la ley de 2016 de reconstitución del Consejo, dos tercios de sus 45 miembros deben ser jueces o juezas cuya mayoría es elegida por la propia judicatura. El tercio restante está integrado por personas expertas independientes de los ámbitos jurídico, económico, tributario y contable, asimismo elegidas.

Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, de la ONU, establecen que la independencia del poder judicial “será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que la injerencia del poder ejecutivo en el judicial —que incluye el control del nombramiento y de la trayectoria profesional de los miembros de éste— viola el derecho de las personas a ser juzgadas por un “tribunal […] independiente e imparcial” que garantiza el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Túnez. Aunque el derecho internacional no ofrece un modelo único para garantizar la independencia del poder judicial, se anima a los países a establecer una autoridad que supervise que éste no está dominado por el poder ejecutivo ni el legislativo.

Amnistía Internacional pide al presidente Kais Saied que deseche el plan de disolver el Consejo Superior Judicial y cese todos los actos que puedan amenazar la independencia judicial y violar el derecho de las personas a un juicio justo.