La mayoría de las personas venezolanas que huyen del país son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional, ya sea en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de carácter internacional, o de la Declaración de Cartagena de 1984, de carácter regional

Distinguido Señor presidente,

Reciba un cordial saludo de Amnistía Internacional.

El pasado 17 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se da a conocer la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.” En Amnistía Internacional vemos con gran preocupación que esta decisión del gobierno mexicano puede tener graves repercusiones en la vida de las personas venezolanas que buscan protección internacional en otros países de la región, incluyendo México.

La grave crisis de derechos humanos y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha obligado a más de seis millones de personas a abandonar el país en los últimos años. Reiterados informes de Amnistía Internacional y otras instancias y organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como la reciente apertura de una investigación formal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, muestran que las masivas violaciones de derechos humanos continúan afectando gravemente a la mayoría de la población. Aunado a esto, es probable que las personas no puedan ni siquiera obtener documentos requeridos por el gobierno mexicano para la solicitud de visa.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se calcular que más de siete millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria, aunque reporta que la cifra puede ascender a 8.4 millones en el 2022. Es difícil tener datos precisos sobre la expansión de esta crisis en el país, debido a la opacidad que existe sobre la publicación de datos estadísticos oficiales desde hace años. La mayoría de las personas venezolanas que huyen del país son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional, ya sea en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de carácter internacional, o de la Declaración de Cartagena de 1984, de carácter regional. Esta última tiene sobre todo por objeto responder a los riesgos colectivos, y su definición ampliada de persona refugiada se ha incorporado a la legislación nacional en muchos países, incluido México.

Dada la magnitud de la crisis de refugiados, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que permitan el acceso a procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de Venezuela. Los países receptores deben aplicar de inmediato medidas efectivas de protección de esas personas y garantizar que no son devueltas. La imposición de visas de ingreso podría poner en riesgo el derecho a solicitar asilo de personas venezolanas.

Desde Amnistía Internacional le hacemos un llamado a reconsiderar la decisión de requerimiento de visado, así como a fortalecer el sistema de asilo para todas las personas que buscan la protección internacional en territorio mexicano, sin discriminación y en línea con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra consideración.

Cordialmente,

Edith Olivares Ferreto

Directora Ejecutiva Amnistía Internacional México

Marcos Gómez

Director Ejecutivo Amnistía Internacional Venezuela

Erika Guevara Rosas

Directora para las Américas de Amnistía Internacional


Foto: Pixabay