A casi dos años de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y los ataques generalizados contra la población que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile, apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad

Ante la visita del presidente de Chile Sebastián Piñera a España, Francia, Italia y el Reino Unido, Amnistía Internacional ha enviado una carta a cada mandatario de estos países europeos expresando su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos y la situación de impunidad que siguen poniendo en riesgo a todas las personas en Chile y que implican un continuo incumplimiento de las obligaciones del Estado con relación a la justicia, la reparación a las víctimas y sus familiares, y las garantías de no repetición.

“A casi dos años de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y los ataques generalizados contra la población que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile, apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y en muchos casos los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen en sus puestos atendiendo al control de las protestas. La comunidad internacional no puede ser cómplice de esta impunidad con su silencio”.

Apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades de España, Francia, Italia y Reino Unido que, en el marco de los intercambios con el presidente Sebastián Piñera, expresen la importancia de que las autoridades chilenas:

• Garanticen que la Fiscalía Nacional y el Poder Judicial cuentan con toda la información y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes de cada una de las responsabilidades dentro de la línea de mando de Carabineros que fueron clave en permitir que se violara el derecho a la integridad personal de manera generalizada en el marco del estallido social iniciado en octubre de 2019.
• Adopten todas las medidas necesarias para reparar a las víctimas y sus familiares, incluyendo la adecuada rehabilitación, atención y reparación a las víctimas de trauma ocular, respetando todos los estándares internacionales de reparación integral aplicables. En especial debiera fortalecerse el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), actualmente vigente, atendiendo a las múltiples críticas que han planteado las propias víctimas beneficiarias de dicho programa.
• Promuevan la reforma estructural de la institución policial Carabineros de Chile de modo a asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, respetando la vida e integridad personal de todas las personas y que tengan mecanismos efectivos de rendición de cuentas, tanto hacia las autoridades civiles como hacia la ciudadanía.
• Tomen todas las demás medidas necesarias para proteger la libertad de expresión y de reunión pacífica y evitar que hechos como los documentados por Amnistía Internacional vuelvan a ocurrir.

Amnistía Internacional espera que el encuentro entre el presidente chileno y sus pares europeos sea una oportunidad para avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos en Chile.

Información complementaria:

Amnistía Internacional ha documentado la violación generalizada del derecho a la integridad personal por parte de funcionarios de Carabineros durante las protestas iniciadas en octubre de 2019, que sin duda han marcado un hito en la historia reciente de Chile, por la masividad de los reclamos sociales y múltiples repercusiones a nivel social y político. De acuerdo con cifras actualizadas de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.

Amnistía Internacional encontró evidencia suficiente para sostener que las violaciones generalizadas demostrarían un patrón de conducta que revela una intención de dañar a las personas manifestantes con el fin de acallar la protesta, o bien asumiendo dicho daño como un mal necesario. Esta dimensión y constancia de las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional cometidos se podrían haber evitado, pero los mandos estratégicos y operativos de la institución policial habrían omitido deliberadamente implementar ciertas medidas a su alcance. También de forma deliberada, estos mandos habrían permitido la impunidad al interior de la institución, y obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía.