“Amnistía Internacional apoya a las víctimas de la explosión del puerto de Beirut en su lucha por la justicia. La era posconflicto viene caracterizándose por una impunidad arraigada que domina todos los aspectos de la vida de la población de Líbano”, dijo Lynn Maalouf

“Las protestas de las familias de las víctimas de la explosión mortal del puerto de Beirut son un crudo recordatorio de que aún no se ha hecho justicia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las autoridades libanesas no han hecho rendir cuentas a nadie por la explosión de agosto de 2020 que causó la muerte de 217 personas y el desplazamiento forzado de más de 300.000 debido a los graves daños que sufrieron decenas de miles de viviendas. Además, han obstruido de hecho el curso de la justicia al exigir el derecho a la inmunidad procesal de los altos cargos.

El 13 de julio, decenas de manifestantes se sumaron a la concentración protagonizada por las familias de algunas de las víctimas frente al domicilio del ministro del Interior provisional, Mohammed Fehmi, que había denegado la petición del juez instructor principal Tarek Bitar de investigar el papel que jugó en la tragedia Abbas Ibrahim, uno de los generales más importantes del país. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza excesiva, con el uso de gas lacrimógeno y porras, lo que provocó lesiones a varias personas.

“Las familias que pedían justicia ayer en Beirut llevaban ataúdes blancos y fotos de sus seres queridos fallecidos hasta que fueron dispersadas con gas lacrimógeno. Fue un crudo ejemplo del dolor que sienten las familias ante la inacción de las autoridades para avanzar con una investigación imparcial y efectiva”, declaró Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Lo que reclaman quienes protestan es muy sencillo: dejen que la justicia siga su curso. Estamos con estas familias en la petición a las autoridades libanesas de que suspendan inmediatamente todas las inmunidades concedidas a los altos cargos, con independencia de su papel y su puesto. No hacerlo es una obstrucción de la justicia y viola los derechos de las víctimas y de las familias a la verdad, la justicia y a una reparación”.

En julio de 2021, el juez instructor Tarek Bitar solicitó autorización para investigar a miembros del Parlamento y altos mandos de los cuerpos de seguridad, como el parlamentario y ex ministro de Economía Ali Hasan Khalil, el parlamentario y ex ministro de Obras Públicas Ghazi Zeaiter, el parlamentario y ex ministro del Interior Nouhad Machnouk, el director de la Dirección General de Seguridad general Abbas Ibrahim, y el director de Seguridad del Estado, general Tony Saliba, en relación con la explosión.

El 2 de julio, el ministro Fehmi dijo a la emisora de televisión LBCI que daría al juez Bitar autorización para enjuiciar a Ibrahim, pero después cambió de opinión y denegó la petición del juez. Desde entonces, las familias de las víctimas celebran protestas todas las semanas a favor de una investigación imparcial y efectiva.

La Cruz Roja libanesa dijo que esa noche había enviado cuatro equipos a la residencia de Mohammed Fehmi para atender a manifestantes heridos en el lugar y trasladar a los más graves a un hospital, pero no dio a conocer el número total de personas heridas. En una declaración dada a conocer la anoche, las Fuerzas de Seguridad Interna afirmaron que 20 policías habían resultado heridos debido a la caída de cristales o ataques de manifestantes.

“Amnistía Internacional apoya a las víctimas de la explosión del puerto de Beirut en su lucha por la justicia. La era posconflicto viene caracterizándose por una impunidad arraigada que domina todos los aspectos de la vida de la población de Líbano”, dijo Lynn Maalouf.

“Es esencial una investigación realmente imparcial e independiente sobre la explosión del puerto de Beirut para construir un futuro mejor para Líbano, en el que se protejan los derechos humanos y se respete la justicia”.

Información complementaria

El 4 de agosto de 2020, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia destruyó el puerto de Beirut y causó daños en más de la mitad de la ciudad. La explosión causó la muerte de 217 personas y heridas a 7.000, de las que 150 sufrieron como secuela una discapacidad física. Además, causó daños psicológicos incalculables y destrozos en 77.000 viviendas, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 300.000 personas. Al menos tres menores de entre 2 y 15 años perdieron la vida.

En junio, Amnistía Internacional escribió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU junto con una coalición de más de 50 organizaciones libanesas e internacionales, pidiendo una misión internacional de investigación, como una misión de investigación de un año, sobre la explosión de Beirut debido a la existencia de diversos defectos de procedimiento y sistémicos que impedían que Líbano cumpliera su obligación internacional de proporcionar un resarcimiento a las víctimas. Entre ellos se cuentan injerencias políticas flagrantes, la falta de respeto a las normas de imparcialidad procesal y violaciones del debido proceso, así como la inmunidad procesal de altos cargos políticos.

De hecho, el artículo 40 de la Constitución libanesa establece que ningún miembro del Parlamento “podrá, durante las sesiones, ser enjuiciado o detenido por un delito sin el permiso de la Cámara salvo si es sorprendido de forma flagrante”.

Sin embargo, esto es directamente contrario a las obligaciones contraídas por Líbano en virtud del Protocolo de Minnesota de la ONU de 2016, que tiene por objeto proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a un recurso. El Protocolo identifica como muerte potencialmente ilícita la que se produce “cuando podría ser resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida” y afirma, además, que “la impunidad que sea resultado, por ejemplo, de unos plazos de prescripción injustificadamente cortos o de una amnistía general (impunidad de jure), o incluso de la inacción de la Fiscalía o la injerencia política (impunidad de facto), es incompatible con esa obligación”.