El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha señalado que la detención migratoria “no debe producirse en establecimientos como estaciones de policía, instituciones de detención preventiva o cárceles”, y “no debe ser de naturaleza punitiva”

Canadá encarcela cada año a miles de personas, incluidas personas con discapacidad, por motivos relacionados con la migración en condiciones que frecuentemente son abusivas, señalaron hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional en un informe conjunto elaborado en ocasión del Día Mundial de los Refugiados, el 20 de junio.

El informe de 100 páginas, titulado “‘I Didn’t Feel Like a Human in There’: Immigration Detention in Canada and Its Impact on Mental Health,”(“‘No me sentía un ser humano allí’: Detención migratoria en Canadá y su impacto en la salud mental”), documenta cómo a las personas detenidas por cuestiones de inmigración, incluidas las que huyen de contextos de persecución y que solicitan protección en Canadá, son regularmente esposadas, encadenadas y mantenidas con poco o ningún contacto con el mundo exterior. Sin fechas ciertas y definidas para su liberación, estas personas pueden permanecer detenidas durante meses o incluso años. Muchas son enviadas a cárceles provinciales, con la población carcelaria común, y con frecuencia son recluidas en régimen de aislamiento. Las personas con discapacidad psicosocial —o con condiciones de salud mental— experimentan discriminación durante todo el proceso.

“El abusivo sistema de detención de migrantes de Canadá plantea un drástico contraste con la rica diversidad y los valores de igualdad y justicia por los cuales este país es conocido en todo el mundo”, señaló Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá. “Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen un llamado a las autoridades canadienses para poner fin al tratamiento inhumano de personas en el sistema de protección de migrantes y refugiados, poniendo gradualmente fin a las detenciones de migrantes en Canadá”.

La investigación incluyó 90 entrevistas con inmigrantes que habían estado detenidos y con sus familiares, expertos en salud mental, académicos, abogados, representantes de la sociedad civil y funcionarios públicos. Los investigadores también consultaron informes y documentos de la ONU sobre el tema, así como documentos gubernamentales no publicados que se obtuvieron a través de 112 pedidos de acceso a la información.

Las personas detenidas por motivos migratorios no están acusadas o condenadas penalmente, pero muchas son sometidas a las condiciones de confinamiento más restrictivas del país, lo cual incluye cárceles provinciales de máxima seguridad y reclusión en régimen de aislamiento. Son esposadas, encadenadas, registradas y confinadas en espacios extremadamente pequeños, con rutinas rígidas y bajo vigilancia constante.

“Sentía que el mundo se estaba acabando para mí. No me decían qué ocurría, qué había hecho mal yo”, señaló una mujer procedente de un país de África que fue detenida al llegar a Canadá en 2019. “Le dije [a la funcionaria de fronteras] todo lo que me había pasado en el lugar de donde venía, y cómo había escapado para salvar mi vida... Pero no me entendió y no dejó que le explicara... Pensé: ‘Quizás habría sido mejor quedarme donde estaba y morir allí’”.

Entre abril de 2019 y marzo de 2020, Canadá encerró a 8.825 personas de entre 15 y 83 años, 1.932 de ellas en cárceles provinciales. En el mismo período, otros 136 niños y niñas fueron “alojados” en centros de detención para evitar separarlos de su familia detenida. De estos niños y niñas, 73 tenían menos de 6 años. Human Rights Watch y Amnistía Internacional determinaron que, desde el año 2016, Canadá ha mantenido retenidas a más de 300 personas por motivos migratorios por más de un año.

“Canadá se precia de recibir a refugiados y personas llegadas de distintas latitudes con los brazos abiertos, a pesar de ser uno de los pocos países del norte global en el cual las personas que buscan seguridad corren el riesgo de quedar detenidas por tiempo indefinido”, señaló Samer Muscati, subdirector de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Esto deja a muchos sin la certeza —o incluso la esperanza— de saber cuándo recuperarán su libertad, lo cual puede tener un impacto devastador en su salud mental”.

Las organizaciones llegaron a la conclusión de que las personas con discapacidad psicosocial tienen más probabilidades de ser detenidas en cárceles provinciales que en centros de detención para migrantes. En las cárceles provinciales de Ontario, suelen ser recluidas en régimen de aislamiento. Puede no permitírseles tomar decisiones autónomas sobre su situación jurídica, y representantes oficiosamente designados por el Estado toman estas decisiones en su nombre. Muchas de estas personas también enfrentan obstáculos significativos para ser liberadas y, una vez que lo logran, deben cumplir con condiciones de liberación más rigurosas, lo cual puede hacer que vuelvan a ser arrestadas si las incumplen.

“Para expresarlo de manera sencilla, las autoridades de inmigración discriminan a las personas con discapacidad al endurecer las condiciones de su detención y disponiendo condiciones de liberación más onerosas que para la mayoría de otros detenidos”, manifestó Muscati. “En lugar de someter a las personas con discapacidad psicosocial a condiciones punitivas en régimen de detención migratoria, el gobierno debería brindar servicios psicosociales, legales y otras modalidades de asistencia que respeten su autonomía y dignidad en la comunidad”.

Las organizaciones también descubrieron que muchas de las personas detenidas por cuestiones migratorias manifiestan pensamientos suicidas cuando comienzan a perder la esperanza de ser liberadas. Las personas que están huyendo de experiencias traumáticas y de persecución se ven particularmente afectadas. Muchas personas que estuvieron en centros de detención migratoria continúan viviendo con las afectaciones psicosociales que desarrollaron a lo largo de los meses de encarcelamiento e incluso años después de su liberación.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency, CBSA) sigue siendo la única, entre los principales organismos encargados de hacer cumplir la ley, que no es supervisada por autoridades civiles independientes. La no supervisión del amplio mandato en el ejercicio de las facultades de la CBSA, repetidamente ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la detención migratoria, señalaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Las personas detenidas por motivos migratorios que pertenecen a comunidades de color, particularmente las personas negras, parecen quedar privadas de la libertad por períodos más largos, a menudo en cárceles provinciales. En 2019, la mayor parte de las personas detenidas por cuestiones migratorias que permanecieron privadas de la libertad por más de 90 días provenían de países de África.

“En Canadá, no debería haber lugar para el racismo, la crueldad y las violaciones de derechos humanos contra personas que lleguen a este país buscando seguridad y una vida mejor”, señaló Nivyabandi. “Instamos a Canadá a firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura para prevenir estas violaciones en el futuro, y a abrir los centros de detención para que sean inspeccionados por veedores internacionales”.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha señalado que la detención migratoria “no debe producirse en establecimientos como estaciones de policía, instituciones de detención preventiva o cárceles”, y “no debe ser de naturaleza punitiva”.

El gobierno canadiense debería dejar de detener a personas con discapacidad física o psicosocial en centros de detención migratoria, manifestaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Nadie debería recibir un trato punitivo por motivos relacionados con la migración, lo cual incluye la reclusión en régimen de aislamiento o en establecimientos utilizados para compurgar penas, como cárceles o centros similares a cárceles.

“Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, las autoridades canadienses han liberado a un número sin precedentes de migrantes detenidos”, dijo Muscati. “En lugar de regresar a antiguas prácticas a medida que la pandemia sea controlada en Canadá, el Gobierno tiene una oportunidad concreta de reformar su sistema de protección a inmigrantes y refugiados, con el objeto de priorizar la salud mental y los derechos humanos”.