Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional contaron que, en todo Xinjiang, mezquitas, santuarios, tumbas y otros lugares religiosos y culturales se habían demolido o reconvertido para otro uso sistemáticamente

Personas uigures, kazajas y pertenecientes a otras minorías étnicas predominantemente musulmanas de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang), en China, se enfrentan a encarcelamiento masivo, tortura y persecución sistemáticos organizados por el Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad, según ha dicho hoy Amnistía Internacional en la presentación de un nuevo informe y la correspondiente campaña.

En el informe, titulado “Como si fuéramos el enemigo en una guerra”: Internamiento masivo, tortura y persecución por parte de China de personas musulmanas en Xinjiang, el Equipo de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional da a conocer decenas de nuevos testimonios de personas que estuvieron detenidas que detallan las medidas extremas que las autoridades chinas vienen tomando desde 2017, fundamentalmente para acabar con las tradiciones religiosas, las prácticas culturales y los idiomas locales de los grupos étnicos musulmanes de la región. Estos crímenes se han perpetrado contra la población de etnia uigur, kazaja, hui, kirguís, uzbeka y tayika con el pretexto de la lucha contra el “terrorismo”.

Las autoridades chinas han creado uno de los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo y una vasta red con centenares de tenebrosos centros de “transformación mediante la educación” —de hecho, campos de internamiento— en todo Xinjiang. En los campos, el uso de la tortura y otros malos tratos es sistemático, y todos los aspectos de la vida diaria están reglamentados en un intento de inculcar por la fuerza los ideales del Partido Comunista y de una nación china laica y homogénea.

“Las autoridades chinas han creado un infierno distópico de sobrecogedora magnitud en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La población uigur, kazaja y de otras minorías musulmanas está sometida a crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos que amenazan con hacer desaparecer sus identidades religiosas y culturales.”

“La conciencia de la humanidad debería conmocionarse al saber que innumerables personas han sido sometidas a lavado de cerebro, tortura y otros tratos degradantes en campos de internamiento, mientras que millones más viven atemorizadas en medio de un enorme aparato de vigilancia.”

Encarcelamiento masivo

En el informe se documenta cómo desde comienzos de 2017 en Xinjiang se ha detenido a un número enorme de hombres y mujeres de minorías étnicas predominantemente musulmanas. Cientos de miles de estas personas han sido encarceladas, y cientos de miles más —una cifra que incluso quizás llegue al millón o lo supere— han sido enviadas a campos de internamiento.

Absolutamente todas las personas a las que Amnistía Internacional entrevistó —más de 50— habían sido detenidas por alguna conducta que parece totalmente lícita, como poseer un cuadro de tema religioso o comunicarse con alguien del extranjero. Un funcionario que participó en arrestos masivos a finales de 2017 contó a la organización cómo la policía se llevaba a personas de sus casas sin previo aviso y las detenía sin el debido proceso.

La mayoría de las personas supervivientes que hablaron con Amnistía Internacional fueron interrogadas primero en comisarías, donde registraron sus datos biométricos y médicos antes de trasladarlas a un campo. El interrogatorio tenía lugar a menudo en “sillas de tigre”, unas sillas de acero con esposas para tobillos y muñecas que obligan a la persona interrogada a permanecer en dolorosas posturas corporales. Las palizas, la privación de sueño y el hacinamiento son generalizados en las comisarías, y las personas entrevistadas dijeron que durante el interrogatorio y el traslado las mantuvieron encapuchadas y con grilletes.

Desde el momento en que entraban en los campos de internamiento, que eran como cárceles, las vidas de las personas detenidas pasaban a estar extraordinariamente reglamentadas. No tenían intimidad ni autonomía y se exponían a duros castigos —a veces castigos colectivos para todas las personas que ocupaban una celda— por desobediencias triviales. Se les prohibía hablar libremente entre sí, y se las castigaba duramente cuando respondían a los guardias u otros funcionarios en su idioma materno y no en mandarín. Cada actividad de su rutina diaria estaba prefijada y su conducta se vigilaba y evaluaba constantemente.

Una mujer a la que detuvieron por tener WhatsApp en el móvil dijo: “[Todos los días] te levantabas a las cinco de la mañana y tenías que hacer la cama, que debía quedar perfecta. Luego había una ceremonia de izamiento de bandera y nos tomaban juramento. Después ibas al comedor a desayunar. Luego a clase. Luego a comer. Después a clase. Después la cena. Luego otra clase. Y después, a dormir. En la celda, cada noche dos personas tenían que hacer “guardia” durante dos horas [vigilando al resto] [...] No te dejaban ni un minuto para ti. Estabas exhausta.”

Durante las primeras semanas o meses de internamiento, es frecuente que las personas detenidas tengan que permanecer en la celda sentadas sin moverse o arrodilladas en la misma postura, en total silencio, durante la mayoría de las horas de vigilia. Pasado este periodo, generalmente las someten a “educación” forzosa, consistente en adoctrinarlas para que renieguen del islam, renuncien a hablar en su idioma y a realizar otras prácticas culturales y estudien el idioma chino mandarín y la propaganda del Partido Comunista.

Aparte de los desplazamientos desde y hacia comedores, clases o interrogatorios, que realizaban escoltadas por guardias armados, las personas detenidas prácticamente no salen nunca de sus celdas, y rara vez ven la luz del sol ni salen o hacen ejercicio al aire libre.

Tortura sistemática

Todas las personas detenidas a las que entrevistó Amnistía Internacional habían sufrido tortura u otros malos tratos, incluido el efecto psicológico acumulativo de su deshumanización diaria, así como tortura física en forma de golpes, descargas eléctricas, régimen de aislamiento, privación de comida, agua y sueño, exposición a temperaturas extremadamente frías y uso abusivo de instrumentos de coerción, incluidos instrumentos de tortura como las sillas de tigre, donde algunas personas dijeron haber estado sentadas durante 24 horas o más.

Una mujer de edad a la que castigaron por defender a una compañera de celda dijo que la llevaron a una habitación pequeña, oscura, fría y sin ventanas, le pusieron esposas en manos y pies y la obligaron a pasar tres días seguidos sentada en una silla de tigre.

Dos personas que estuvieron detenidas dijeron que las habían obligado a llevar unos pesados grilletes, a una de ellas durante todo un año. Otras contaron que les habían aplicado descargas eléctricas o las habían rociado con pulverizadores de pimienta.

Algunas afirmaron que las habían torturado numerosas veces, mientras que a otras las habían obligado a ver cómo torturaban a sus compañeras de celda. Amnistía Internacional supo del caso de un detenido que se cree que murió a consecuencia de haber permanecido inmovilizado en una silla de tigre, delante de sus compañeros de celda, durante 72 horas, haciéndose sus necesidades encima.

Estado de vigilancia

Tanto dentro como fuera de los campos la población musulmana de Xinjiang es de las más vigiladas del mundo.

Todas las personas que salen en libertad de un campo están durante al menos varios meses sometidas a vigilancia electrónica y personal casi constante, incluidas invasivas “estancias” en sus domicilios por parte de cuadros gubernamentales, que las controlan e informan de cualquier conducta “sospechosa”, que puede ir desde una práctica religiosa pacífica al uso de un software de comunicaciones no autorizado (como una VPN o WhatsApp), pasando por el consumo de cantidades “inusuales” de combustible o electricidad.

Quienes han quedado en libertad también tienen muy restringida su libertad de circulación, pues hay un número enorme de agentes de las fuerzas de seguridad patrullando las calles y en miles de puestos de control, conocidos con el eufemismo de “comisarías de cercanía”.

Persecución religiosa

Las personas musulmanas no tienen libertad para practicar su religión en Xinjiang. Decenas de hombres y mujeres musulmanes dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades chinas de la región mostraban una extraordinaria hostilidad hacia la fe islámica. Se han considerado “radicales” prácticas religiosas y culturales básicas, y esto se ha utilizado como motivo de detención.

Como consecuencia, la mayoría de la gente ha dejado de rezar o mostrar signos externos de observancia del islam, incluidos aspectos como la indumentaria, el aseo personal e incluso las formas de hablar. “Ya no podíamos decir as-salamualaykum’ [saludo típico de muchas culturas islámicas, que significa “la paz sea contigo”] [...]”, dijo un hombre a Amnistía Internacional. Coranes, alfombras de oración y otros artículos religiosos están prohibidos en la práctica.

Personas que habían sido cuadros gubernamentales chinos describieron a Amnistía Internacional cómo irrumpían en las casas de la gente para confiscar este tipo de artículos. “Les decíamos que quitaran las fotos [de mezquitas] y pusieran banderas [de China]”, contó una.

Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional contaron que, en todo Xinjiang, mezquitas, santuarios, tumbas y otros lugares religiosos y culturales se habían demolido o reconvertido para otro uso sistemáticamente.

Encubrimiento masivo

El gobierno chino ha realizado un tremendo esfuerzo para encubrir sus violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Xinjiang. Las autoridades amenazan, detienen y maltratan a quien denuncia la situación.

Se desconoce la suerte de cientos de miles de personas detenidas. Es posible que muchas sigan detenidas en los campos. A otras las han condenado a largas penas de prisión. Las estadísticas oficiales de China muestran aumentos significativos de las condenas a prisión y las imágenes de satélite demuestran una importante actividad de construcción de cárceles en Xinjiang desde 2017. Otras han pasado a situaciones de trabajo forzoso u obligatorio.

“China debe desmantelar de inmediato los campos de internamiento, poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente tanto en ellos como en las cárceles y poner fin a los ataques sistemáticos contra la población musulmana en Xinjiang”, ha declarado Agnès Callamard.

“La comunidad internacional debe alzar la voz y actuar al unísono para terminar con esta aberración de una vez por todas. La ONU debe establecer y enviar urgentemente un mecanismo de investigación independiente para que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional rindan cuentas.”