“Guatemala y otros países de tránsito deben dejar de tomar medidas que ponen en riesgo a miles de personas migrantes que tratan de encontrar una salida a la situación extrema en la que viven. Brindar protección internacional a quienes lo necesitan no es una obligación ética, sino legal”, dijo Gretchen Kuhner, directora del IMUMI

Ante una autorización firmada el 29 de marzo por el Presidente de Guatemala Alejandro Giamattei que en la práctica permitiría el uso de la fuerza contra una posible caravana de migrantes, la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia —liderada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y Amnistía Internacional— recuerda a las autoridades guatemaltecas que imponer medidas que pudieran incitar el uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes y solicitantes de protección internacional es inexcusable como respuesta a las necesidades de esta población. Más aún en este contexto de pandemia en la que la vida de las personas que se movilizan se encuentra en inminente riesgo.

“En la práctica, este decreto le daría carta blanca a las autoridades guatemaltecas de vulnerar los derechos humanos de personas que ya están en una situación de vulnerabilidad extrema usando como excusa la COVID-19. La pandemia, más que un pretexto para impedir el paso de personas en busca de protección, debe ser un elemento adicional para considerar respecto de la grave situación de riesgo a la salud que enfrenta esta población por su condición de movilidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en representación de la Alianza.

El decreto gubernativo 3-2021, firmado por el Presidente Giamattei, restringe el derecho de protesta pacífica, la libertad de reunión y de locomoción, entre otros, en cinco departamentos del país. La firma de este decreto se da tras comunicaciones en redes sociales y medios de que podría formarse una caravana a partir del 30 de marzo. Las autoridades afirman la necesidad de entrar en un “estado de prevención” ante el riesgo que “grupos de personas con características de migrantes... cruzaran las fronteras del país” sin cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades para prevenir la propagación de la COVID-19 en el país, e incluso ordena “disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización”. Si bien Guatemala ha impuesto ciertas medidas para contener la pandemia, éstas no pueden ser un pretexto para impedir el libre tránsito y el derecho a solicitar protección.

Este nuevo llamado, que estigmatiza a las personas migrantes y que permitiría usar la fuerza en su contra, genera preocupación para la Alianza. Los estados deben detener el despliegue de militares y asegurar que en ninguna instancia se haga uso excesivo de la fuerza en contra de la población en movilidad.

El pasado 16 de enero, miles de migrantes y personas en necesidad de protección internacional integrantes de una caravana se encontraron con un fuerte dispositivo militar, principalmente en el punto de Vado Hondo, Chiquimula, en Guatemala. Militares reprimieron duramente a las personas que intentaban avanzar, con la excusa de estar implementando medidas de contención sanitaria.

“Hechos como los del 16 de enero en Guatemala donde la fuerza pública enfrentó a palos y con gases lacrimógenos a familias desamparadas, dejaron un terrible precedente en este contexto histórico de pandemia, y no se deben repetir en ningún otro país de la región. Más que nunca la protección internacional y el respeto a los derechos de las personas migrantes es vital”, dijo Vinicio Sandoval, director ejecutivo del GMIES.

Por otro lado, el 29 de marzo, los medios reportaron que un soldado mexicano disparó a un hombre guatemalteco en el cruce fronterizo entre Guatemala y México. La acción resultó en la muerte de la persona, demostrando una vez más la urgencia de retirar al personal militar de funciones de seguridad civil y migratorias en México y Guatemala.

La delicada situación económica de la población en países como Honduras, y los recientes huracanes que azotaron ese país, hacen que miles de personas se vean forzadas a dejar sus hogares para sobrevivir. A esto se suma la corrupción y la violencia generalizada en uno de los países con mayor tasa de homicidios del planeta. La pandemia de COVID-19 en conjunto con el paso de los huracanes Eta e Iota han sumido a Honduras en una situación de precariedad insoportable.

“Perdimos todo, buscamos estos caminos para ver si mejora un poco nuestra vida. Mi casa era de madera y el agua se la llevó toda. No quedó nada más que la pura tierra”, dijo José Antonio, migrante hondureño que salió con su familia tras el paso de los huracanes en la caravana de enero de 2021.

Con o sin pandemia, las personas seguirán migrando porque las causas que les obligan a dejar sus países no han desaparecido. La respuesta de las autoridades debe garantizar siempre su derecho a la protección internacional y evitar a toda costa la criminalización, persecución y respuestas violentas.

“Guatemala y otros países de tránsito deben dejar de tomar medidas que ponen en riesgo a miles de personas migrantes que tratan de encontrar una salida a la situación extrema en la que viven. Brindar protección internacional a quienes lo necesitan no es una obligación ética, sino legal”, dijo Gretchen Kuhner, directora del IMUMI.