Los gobiernos de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben dar prioridad a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el COVID-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de sus programas de vacunación y en sus acuerdos con las empresas farmacéuticas; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy. Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y contiene 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.

“El comienzo de la vacunación contra el COVID-19 ha generado esperanza en una región que ya atravesaba múltiples crisis de derechos humanos, muchas de ellas agravadas por la pandemia. Un año después del inicio de los confinamientos en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Ante las elecciones presidenciales y legislativas previstas en varios países de la región en 2021, el informe advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud. Asimismo, insta a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo —como el personal sanitario y las personas de edad avanzada— ni los grupos discriminados y marginalizados —como la población de pueblos Indígenas, afrodescendiente, migrante y refugiada o las personas privadas de su libertad— se quedan atrás en la recepción de vacunas.

“Dado que este año celebran elecciones 10 países en una región donde es habitual la corrupción del sector sanitario, existe el peligro real de que los gobiernos utilicen las campañas de vacunación con fines políticos. Quienes ejercen la política no deben utilizar las vacunas para premiar a sus afines, ni para presionar a sectores de la sociedad que critican sus decisiones. La salud es un derecho humano que en ninguna circunstancia debe ser socavado por la política”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional pide a los Estados que garanticen el acceso a la información y la transparencia, ya que son fundamentales para un programa de vacunación adecuado. Las empresas farmacéuticas, aunque están suministrando vacunas esenciales, también han socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas. Además de realizar más de dos docenas de entrevistas, la organización solicitó a 17 países datos concretos de las negociaciones y contratos de sus gobiernos con empresas farmacéuticas. Aunque siete respondieron a la solicitud, sus respuestas no eran completas.

“En el contexto de la escasez mundial de suministros de vacunas, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el diseño y la producción, adquisición y distribución de las vacunas son primordiales. Las empresas farmacéuticas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con arreglo al derecho internacional, que requiere a los agentes privados a adoptar medidas proactivas para prevenir violaciones de derechos humanos, a compartir su conocimiento y tecnología para que el número de dosis de vacuna disponibles sea el máximo posible, y a trabajar conjuntamente para garantizar acceso inmediato a unas vacunas vitales a las personas que corren mayor riesgo frente a la COVID-19 en todos los países. Deben formar parte de una solución basada en los derechos humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

En el momento de redactarse este informe, 13 países de la región habían hecho públicos sus programas nacionales de vacunación. Muy pocos habían consultado con personas expertas, comunidades y sociedad civil durante la fase de diseño, y algunos no habían tenido en cuenta a las poblaciones de riesgo. Aunque los programas de estos 13 países dan prioridad a la vacunación del personal sanitario que trabaja en primera línea, Amnistía Internacional ha recibido informes de México, Perú y Brasil según los cuales se está vacunando a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a trabajadores y trabajadoras en primera línea que tratan directamente con pacientes de COVID-19. Sólo seis países tienen registros razonablemente actualizados —desglosados por género, profesión, ubicación y otros datos— sobre el número de trabajadores y trabajadoras de la salud que han contraído la COVID-19 durante la pandemia. Varios países tienen una grave escasez de personal sanitario: el número de personas médicas y enfermeras per cápita es muy inferior al umbral que la OMS considera como mínimo necesario para ofrecer servicios de salud básicos en los países más pobres del mundo.

“Las escandalosas deficiencias en dotación de personal, registro y protección del sector sanitario en América Latina demuestran una vez más que el crecimiento económico en muchos países no se ha traducido en el fortalecimiento de derechos sociales ni en un sistema de atención de la salud más robusto. No puede haber un potente esfuerzo de vacunación si no se protege bien al personal sanitario y los sistemas de salud”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.

Aunque varios países han incluido a los pueblos Indígenas entre los grupos prioritarios de su programa de vacunación, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana no mencionan protocolos específicos para los pueblos Indígenas en sus programas. Los pueblos Indígenas, que en varios de estos países representan un alto porcentaje de la población, han sido sistemáticamente marginados y excluidos de las políticas públicas durante siglos.

Asimismo, los gobiernos de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o lo han bloqueado directamente, a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado que incluir a estos grupos en los programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia.

Aunque muchos gobiernos han prometido públicamente que las vacunas de COVID-19 serán gratuitas para toda la población, sólo nueve de los 17 países incluidos en el informe lo han confirmado formalmente en sus programas oficiales o han aprobado la normativa correspondiente. Mientras, miembros del sector privado de varios países han intentado comprar vacunas directamente a los fabricantes, posiblemente creando planes de vacunación paralelos que socavarían la equidad en su administración.

“Los Estados deben cumplir su deber de garantizar que las vacunas sigan siendo gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud. Los gobiernos deben prohibir por ley su compra directa por particulares y considerar la posibilidad de sancionar a individuos y organizaciones privadas que eludan el programa de vacunación nacional u obstruyan indebidamente las medidas del Estado para garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Las poblaciones en situación de mayor riesgo necesitan la vacuna primero”, concluye Erika Guevara Rosas.