Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto

10 de marzo de 2021

Gracias, señora Presidenta.

Excelencias,
Distinguidas y distinguidos delegadas y delegados, 
Señoras y señores,

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar esta actualización oral de su trabajo, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos.

Como recordarán, en septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe al Consejo, detallando casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.

Nuestras conclusiones fueron claras: algunas de estas violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad.

La Misión de Determinación de los Hechos continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, al igual que ocurre con otros órganos de investigación del Consejo de Derechos Humanos, la crisis de liquidez que afecta a la Secretaría de la ONU ha retrasado la contratación de nuestro equipo de apoyo.

A medida que se incorpore el equipo completo, seguiremos investigando, verificando y documentando dichas violaciones, con el fin de presentar conclusiones sólidas al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año y en 2022.

Hoy presentamos la información que hemos recopilado desde la publicación de nuestro informe, al tiempo que subrayamos que se trata de un trabajo en curso. Recientemente nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, tal como hemos intentado de manera continua durante el último año, sin hasta la fecha obtener una respuesta. Seguiremos buscando la cooperación.

Señora Presidenta,

El 6 de diciembre, Venezuela celebró elecciones parlamentarias. Estas fueron evaluadas, tanto a nivel nacional como internacional, como injustas y carentes de libertad. Los partidos alineados con el gobierno obtuvieron más del 90% de los escaños de la Asamblea Nacional, en el contexto de una elevada abstención electoral y un boicot de los partidos de la oposición.

Con esta concentración de poder, el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política que destacamos en nuestro primer informe.

En sus primeros días de asumir el poder, la nueva legislatura conformó una “Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por la Directiva y miembros de la Asamblea Nacional en el período 2016-2021”, con el mandato de investigar a los anteriores miembros de la legislatura liderada por la oposición.

El 25 de febrero, el ex parlamentario Gilberto Sojo fue detenido por las FAES, en relación con acusaciones pendientes de terrorismo vinculados a su participación en protestas políticas en 2014. Anteriormente había estado detenido en prisión preventiva por estos cargos, pero fue puesto en libertad en 2016 con medidas sustitutivas.

Además, el ex miembro de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, a pesar de habérsele concedido arresto domiciliario en septiembre, sigue enfrentando un juicio penal, acusado de delitos graves como homicidio calificado frustrado contra el Presidente. Nos preocupa que el juicio del Sr. Requesens se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente, lo que va en contra de los principios de transparencia y de un debido proceso.

Señora Presidenta,

La represión continúa, por tanto, contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno. Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020.

Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables. Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento.

Seguimos profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles.

Continuaremos investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas. 

Al mismo tiempo, seguimos buscando información relacionada con los esfuerzos del gobierno para prevenir y remediar las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos. Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas.

En octubre, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia contra los dos presuntos responsables en el caso del ex capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuya muerte en 2019, concluimos con motivos razonables para creer, fue consecuencia de las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar. La nueva acusación del Ministerio Público incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura. Sin embargo, el Estado sigue procesando sólo a funcionarios de bajo rango por esta muerte.

Esperamos que se den pasos adicionales hacia la justicia y la rendición de cuentas. El Estado dijo en su respuesta pública a nuestro informe emitido el pasado mes de septiembre que está investigando más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales. Hemos solicitado al Estado que nos proporcione más información sobre estas investigaciones.

Señora Presidenta,

Las venezolanas y los venezolanos siguen manifestándose contra la situación política, así como contra el colapso de los servicios básicos y la crisis del combustible, con demandas relacionadas con el trabajo, la salud y la alimentación. Las organizaciones de la sociedad civil registraron más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre; daremos seguimiento de estos casos.

Desde la publicación de nuestro informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él.

Nueve de estas detenciones afectaron a periodistas y a la prensa independiente, quienes también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas.

Estamos investigando el caso de Roland Carreño, detenido en octubre de 2020 y acusado de conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra. Todavía no hay fecha fijada para su audiencia preliminar, a pesar de haber transcurrido el plazo establecido por la ley.

También señalamos la gravedad de la detención arbitraria del estudiante de medicina colombiano/ecuatoriano, Dr. Leonard Hinojosa, quien fue detenido en Zulia en octubre de 2020 cuando regresaba de Colombia para terminar su residencia. Desde entonces, lleva más de cuatro meses detenido en la instalación de inteligencia militar en Boleíta sin conocer los cargos que se le imputan.

Señora Presidenta,

El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos.

El gobierno ha endurecido los requisitos para el registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONGs. Las autoridades han detenido a trabajadores de ONGs por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionados con la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONGs y la distribución de tarjetas de prepago.

Por ejemplo, en noviembre se emitió una orden de aprehensión contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas.

Además, en enero, oficiales militares y de inteligencia del Estado detuvieron arbitrariamente a seis hombres de la ONG de salud pública Azul Positivo. Aunque la Misión de Determinación de los Hechos reconoce su liberación el 10 de febrero, seguimos preocupados por el trato que recibieron durante su detención y por los cargos que se les imputaron.

Las y los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONGs mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros.

También destacamos nuestra preocupación por el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, más de 20 personas, entre ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Investigaremos si se trata de detenciones arbitrarias.

Señora Presidenta,

En septiembre del año pasado, destacamos el grave patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas en el contexto de las operaciones de seguridad.

Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año e investigaremos las circunstancias en torno a estos casos. También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos.

Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación. Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Además, hemos recibido informes de que las y los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden re victimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos. Estos incluyen no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra.

Señora Presidenta,

El Consejo nos ha pedido que llevemos a cabo nuestro trabajo con miras a combatir la impunidad y garantizar la plena responsabilidad de los autores y asegurar justicia para las víctimas.

En nuestro primer informe, identificamos a presuntos perpetradores de unidades de inteligencia, seguridad y militares del Estado. De acuerdo con nuestro mandato, profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del gobierno.

La Misión de Determinación de los Hechos también examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros.

Además, profundizaremos en nuestras investigaciones sobre las respuestas de las y los fiscales y del poder judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el poder judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad.

Señora Presidenta,

Esperamos que Venezuela resuelva su crisis de derechos humanos. Establecer los hechos y reconocer que se han cometido errores es el primer paso crucial.

Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión.

Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto.

Quisiera concluir diciendo que somos conscientes del contexto sensible en el que operamos. Por lo tanto, continuaremos dando gran importancia a la metodología de nuestro trabajo. Aún esperamos que las autoridades de Venezuela cooperen con nosotros.

No obstante, seguiremos trabajando de manera independiente, imparcial, objetiva y rigurosa mientras construimos un cuerpo de información creíble para presentar al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año y en 2022.

Gracias por su atención.