Los Estados deben cooperar para asegurarse de que todas las personas tienen acceso a las vacunas cuando estén disponibles. Esto significa que los Estados más ricos deben abstenerse de concertar grandes acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas, pero también deben adherirse y apoyar las iniciativas globales que tienen por objeto asegurar el acceso justo de todos los países a las vacunas, como el programa COVAX de la OMS

Guía para entender las recomendaciones de política de Amnistía Internacional sobre las vacunas contra la COVID-19 (en inglés)

La carrera para desarrollar una vacuna contra la COVID-19 está cobrando impulso, y parece que finalmente puede haber luz al final del túnel. Pero mientras los países ricos siguen acaparando dosis, existe el riesgo de que el potencial de las vacunas para salvar vidas se vea menoscabado por la desigualdad y los intereses de las empresas.

Ha llegado el momento de exigir que las vacunas contra la COVID-19 estén disponibles para todas las personas, con independencia de dónde vivan, quiénes sean, o lo qué puedan costear.

La COVID-19 es una crisis realmente mundial, y sólo la resolveremos mediante la cooperación global y el respeto de los derechos humanos.

Si lo hacemos bien, podemos acabar con la COVID-19 y construir un futuro más justo y sostenible. Esto es lo que tiene que ocurrir:

Deben tenerse en cuenta los derechos humanos a la hora de decidir a quién se concede prioridad

La cuestión de quiénes han de ser los primeros en recibir las vacunas es compleja: todos tenemos derecho a ser protegidos frente a la COVID-19. Pero los suministros iniciales serán limitados, y debemos dar prioridad a quienes corren más riesgo. El personal sanitario, las personas mayores y las personas con problemas de salud son algunos de los grupos cuyo acceso prioritario se está considerando.

Los gobiernos deben tomar en consideración factores de derechos humanos que sitúan a algunas personas y comunidades en una situación más vulnerable. Además de ahondar las desigualdades ya existentes, la pandemia ha causado un impacto desproporcionado en personas que históricamente han estado marginadas y discriminadas.

Por ejemplo, las comunidades indígenas de la Amazonia de Ecuador a menudo se enfrentan a un riesgo mayor debido a la escasez de agua potable, fuentes de alimentos, suministros médicos, servicios de salud y pruebas para detectar la COVID-19. En abril, un vertido de petróleo contaminó las fuentes de alimentos y agua de muchas comunidades, lo que aumentó su riesgo de infección.

Las personas que viven en campos de refugiados abarrotados y en condiciones insalubres también pueden correr un riesgo mayor de infección. Además, en muchos países, las personas migrantes y refugiadas indocumentadas a menudo no tienen acceso a atención de la salud, incluidas vacunas.

Deben considerarse detenidamente factores de riesgo y exposición como las condiciones de trabajo y de vida y el acceso a saneamiento, a la hora de tomar decisiones sobre asignación. Una definición restrictiva del concepto del riesgo podría dejar a las personas que más necesitan la vacuna sin acceso a ella.

Asimismo, la asignación temprana de la vacuna al personal sanitario debe tener en cuenta a todas las personas que trabajan en el sector de la salud: no sólo a los profesionales médicos y de enfermería, sino también a conductores de vehículos, personal administrativo, personal de atención a domicilio, y a otros muchos colectivos más.

Los países deben trabajar unidos

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los países tienen la obligación de trabajar unidos para responder a la pandemia, y los Estados más ricos tienen la responsabilidad especial de ayudar a los Estados que disponen de menos recursos. Pero algunos gobiernos han adoptado ya un enfoque del tipo “yo primero” que podría menoscabar la eficacia de una futura vacuna.

Una investigación llevada a cabo por Oxfam reveló que las naciones ricas, que representan únicamente el 13% de la población mundial, han comprado ya más de la mitad de las futuras vacunas. Esto significa que más de la mitad de las dosis prometidas de las cinco principales vacunas candidatas está ya reservada. En noviembre de 2020, más del 80% del suministro previsto para 2021 de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna ha sido vendido ya a países ricos.

Además de negar a millones de personas sus derechos humanos, el “nacionalismo de las vacunas” adolece de una alarmante estrechez de miras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para llegar a la inmunidad de grupo, será preciso vacunar aproximadamente al 70% de la población mundial. Acaparar vacunas para una minoría privilegiada no pondrá fin a esta pandemia.

Los Estados deben cooperar para asegurarse de que todas las personas tienen acceso a las vacunas cuando estén disponibles. Esto significa que los Estados más ricos deben abstenerse de concertar grandes acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas, pero también deben adherirse y apoyar las iniciativas globales que tienen por objeto asegurar el acceso justo de todos los países a las vacunas, como el programa COVAX de la OMS.

Los programas para compartir vacunas deben ser realmente justos

El Mecanismo COVAX es una manera de que los países pongan en común sus recursos, inviertan en la mayor cantidad posible de vacunas y las compren, y después las distribuyan de manera justa y equitativa. Hasta ahora, 178 países participan en COVAX, con notables excepciones como Estados Unidos y Rusia. 

Sigue habiendo interrogantes sobre cómo logrará COVAX su objetivo de una distribución justa y equitativa. El programa ha sido objeto de críticas por permitir que los países más ricos soliciten dosis equivalentes al 50% de su población, mientras que los países de menores ingresos sólo pueden solicitar hasta ahora el 20%. Además, los países más ricos también pueden pagar por adelantado un precio más alto para seleccionar qué vacunas prefieren.

Esto ha creado un sistema de doble rasero que podría poner en riesgo el objetivo de COVAX según el cual las vacunas deben ser accesibles para todas las personas.

Los Estados que se unen a COVAX deben impulsar una participación significativa de la sociedad civil y de los países en desarrollo en la toma de decisiones, y atenerse a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Las empresas deben anteponer las personas a las patentes

Cuando se desarrollan nuevos medicamentos, la empresa que los fabrica suele obtener los derechos de propiedad intelectual. Esto significa que es la única empresa a la que se permite producir el fármaco durante un tiempo, y puede decidir cuál debe ser su precio. Las leyes de propiedad intelectual también pueden restringir el intercambio de datos relacionados con la investigación y el desarrollo, por lo que si una compañía farmacéutica descubre una vacuna de éxito contra la COVID-19, tendría derecho a guardarse esa información para sí.

Sabemos ya hasta qué punto puede ser nocivo que las empresas antepongan las patentes a las personas. Durante años, las personas que vivían con el VIH quedaron excluidas de los tratamientos por empresas farmacéuticas que mantenían la escasez de sus productos y cobraban precios excesivamente altos. Mientras estas empresas se aprovechaban de la venta de sus medicamentos en varios países ricos, millones de personas no podían acceder a tratamientos de los que podía depender su vida.

Las normas internacionales de derechos humanos son claras: la salud pública tiene prioridad sobre el derecho de las empresas a proteger su propiedad intelectual.

Para alentar a las empresas a compartir sus conocimientos, la OMS ha creado el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), donde las empresas pueden compartir datos y patentes sobre sus innovaciones. Si las empresas se unen a C-TAP, se aumentará enormemente la cantidad de investigación disponible públicamente sobre vacunas contra la COVID-19, se intensificará la producción y se reducirá su costo.

Lamentablemente, hasta la fecha ninguna empresa se ha adherido al C-TAP. Oxford/AstraZeneca es la única compañía que se ha comprometido a vender la vacuna sin ánimo de lucro mientras dure la pandemia. Otras empresas deben seguir su ejemplo, expidiendo licencias abiertas y no exclusivas, para garantizar que las vacunas contra la COVID-19 llegan al mayor número posible de personas.

Las vacunas deben ser gratuitas en el punto de atención

Como parte de sus obligaciones de derechos humanos, los gobiernos deben tomar medidas para eliminar cualquier obstáculo relacionado con el costo al que pueda enfrentarse la población para acceder a su derecho a la salud.

Como todas las empresas, las compañías farmacéuticas también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. En 2008, el experto de la ONU sobre el derecho a la salud publicó unas directrices para el cumplimiento de estas responsabilidades por parte de las empresas farmacéuticas, que incluso tenían en cuenta fórmulas para que sus productos fueran asequibles para el mayor número de personas posible.

El costo puede impedir el acceso a la atención de la salud, especialmente en el caso de las personas marginadas, y al menos la mitad de la población mundial no puede costearse hoy una atención de la salud esencial. Esto significa probablemente que las vacunas no serán accesibles para la mitad del mundo si no son gratuitas en el punto de atención.

Los gobiernos deben hacer todo lo posible para suministrar estas vacunas; la inversión merece mucho la pena. Las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más rentables, y las vacunas contra la COVID-19 pueden romper la cadena de transmisión entre las personas en una fase temprana del ciclo, evitando efectos socioeconómicos y para la salud adicionales.

De hecho, la OMS ha calculado recientemente que una inversión de 38.000 millones de dólares para financiar íntegramente una de estas iniciativas colectivas al objeto de apoyar el acceso global a productos sanitarios para el tratamiento de la COVID-19 se recuperaría a través de la actividad económica “en menos de 36 horas, una vez restablecidos solamente la movilidad y el comercio globales”.

Las vacunas deben ser seguras y culturalmente aceptables

Las vacunas deben cumplir los criterios más recientes de la comunidad científica en lo relativo a seguridad y eficacia: la seguridad es más importante que la velocidad. En el mismo nivel de importancia, los planes de inmunización deben llevarse a cabo de una manera que sea compatible con la protección de los derechos humanos, y preste especial atención al consentimiento informado.

Esto significa que los gobiernos deben comunicar con claridad los beneficios de la vacunación, combatir la desinformación y ser transparentes respecto a todas las etapas del desarrollo de las vacunas. Deben explicarse y divulgarse los beneficios científicos de las vacunas de una manera que sea comprensible para todas las personas, en idiomas que entiendan y formatos a los que puedan acceder.

Esto es un componente esencial del derecho a la salud, y es fundamental para garantizar la máxima aceptación de las vacunas, ya que la población sólo puede tomar decisiones informadas en relación con su salud cuando se le ha ofrecido información veraz y oportuna.