Las estadísticas revelan que se han perdido 381 km² de selva tropical. Es la tercera pérdida de selva más grande en los territorios indígenas desde 2008

•         Amnistía Internacional también ha lanzado la ciberpetición “Di no al ganado criado ilegalmente en la Amazonía”, que se puede firmar aquí.

Las nuevas estadísticas que revelan que la deforestación de la región de la Amazonía brasileña ha aumentado un 9,5 por ciento anual muestran el trágico coste de las políticas del presidente Jair Bolsonaro de socavar sistemáticamente las protecciones medioambientales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. 

Las estadísticas, publicadas por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil, muestran que entre agosto de 2019 y julio de 2020 se perdieron 11.088 km² de selva tropical, un incremento del 9,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

Las estadísticas muestran que la Amazonía brasileña ha sufrido su peor destrucción en 12 años, desde que en 2008 se deforestaron 12.911 km².

“Al declarar la región de la Amazonía zona abierta para los negocios, Jair Bolsonaro ha dado prioridad a los beneficios de las grandes empresas por encima del bienestar de las personas vulnerables. Hay zonas protegidas que siguen quemándose para que pueda ampliarse la ganadería comercial”, ha manifestado Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional.

“Detrás de estas estadísticas subyace una crisis muy real para algunas de las poblaciones más vulnerables de la Amazonía brasileña. Los pueblos tradicionales e indígenas que viven de manera sostenible en zonas protegidas están perdiendo la preciada selva que les proporciona alimento, fuentes de sustento y medicinas, así como su propia identidad.” 

Las estadísticas revelan que se han perdido 381 km² de selva tropical. Es la tercera pérdida de selva más grande en los territorios indígenas desde 2008.

Las zonas que gozan de protección medioambiental perdieron 1.096 km² de selva (similar al periodo anterior, que registró la mayor pérdida de selva en zonas de protección medioambiental desde 2008, con 1.110 km² perdidos).

“La selva tropical amazónica se compone de una rica biodiversidad, y es el hogar de muchos pueblos indígenas y tradicionales. Las autoridades brasileñas tienen la obligación constitucional de cuidar de este bioma y de las comunidades que viven allí. La protección de la selva tropical amazónica es fundamental para proteger a estos pueblos. Estas estadísticas de deforestación reflejan no sólo un enorme retroceso de las políticas medioambientales, sino también de las políticas de derechos humanos en la región norte de Brasil”, ha manifestado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

Las explotaciones ganaderas ilegales alimentan la destrucción de la Amazonía

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional ha mostrado anteriormente que la ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras en las reservas y territorios indígenas de la Amazonía brasileña, y alimenta la deforestación y el atropello de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí.

El mayor crecimiento del lucrativo sector ganadero de Brasil se ha registrado en la Amazonía, donde, desde 1988, el número de cabezas de ganado prácticamente se ha cuadruplicado, con 86 millones en 2018, lo que representa el 40% del total nacional. Una parte de esta expansión está destruyendo grandes extensiones de selva tropical protegida en las reservas y los territorios indígenas.

En total, el 63% de la superficie deforestada —equivalente a cinco veces el tamaño de Portugal— de 1988 a 2014 ahora es pasto para ganado. Amnistía Internacional documentó este proceso con detalle en un informe publicado en noviembre de 2019.

Ganado criado ilegalmente en la cadena de suministro de JBS

En una investigación publicada en julio de 2020, Amnistía Internacional concluyó que se había encontrado ganado criado ilegalmente en zonas protegidas de la Amazonía brasileña en la cadena de suministro de la importante procesadora de carne JBS. Amnistía Internacional no encontró indicios de que JBS estuviera directamente implicada en abusos contra los derechos humanos.

En septiembre, tras la presión ejercida por Amnistía Internacional, JBS anunció que introduciría un nuevo sistema para hacer un seguimiento de sus suministradores de ganado, incluidos sus suministradores indirectos, antes de 2025. JBS conoce los riesgos de que el ganado criado ilegalmente en zonas protegidas pueda estar entrando en su cadena de suministro desde al menos 2009, y anteriormente se comprometió a hacer un seguimiento de sus suministradores indirectos antes de 2011.

“Este calendario no sirve. En 2009, JBS se comprometió a hacer un seguimiento de sus suministradores indirectos antes de 2011. Sin embargo, aquí estamos, en 2020, con otra vaga promesa de algo que podría ocurrir antes de 2025. Amnistía Internacional pide una vez más a JBS que implemente estos cambios antes del final de este año”, ha manifestado Richard Pearshouse.

Reserva de Rio Jacy-Paraná

Hoy se ha celebrado una vista pública para debatir en el Congreso del estado de Rondônia un proyecto de ley que tiene como finalidad reducir el área de la reserva de Rio Jacy-Paraná en 1.520 km².

La mayoría de los residentes de la reserva de Rio Jacy-Paraná han sido desalojados por ganaderos y grileiros durante confiscaciones de tierras a lo largo de las dos últimas décadas. La reserva es una de las zonas de protección medioambiental más deforestadas de la Amazonía. Entre agosto de 2019 y julio de 2020, la Reserva de Rio Jacy-Paraná perdió 104 km², un aumento del 10,1% comparado con el periodo anterior.

Según datos oficiales obtenidos por Amnistía Internacional mediante una solicitud de Libertad de Información, el número de cabezas de ganado en la Reserva de Rio Jacy-Paraná aumentó de 83.642 en noviembre de 2018 a 105.478 en abril de 2020.

“Si se aprueba, el proyecto de ley significará la regularización de las confiscaciones de tierras para ganadería comercial ilegal en el interior de la reserva. Sólo servirá para alentar nuevas confiscaciones de tierras en zonas protegidas de la Amazonía”, ha manifestado Richard Pearshouse.