El gobierno de Biden debe establecer sólidas vías alternativas de protección para las personas cuyo riesgo eminente en sus países de origen requiere una atención urgente, como la designación de un estatuto de protección temporal para las personas venezolanas y otras formas de protección para personas provenientes de países en situaciones de crisis

Con el inicio de la nueva administración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero de 2021 se abre una oportunidad de que el gobierno de Estados Unidos reanude su compromiso con los derechos humanos, no sólo poniendo fin a sus propias y atroces violaciones a los derechos humanos, sino también volviendo a colaborar con la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y las instituciones multilaterales.

Durante los cuatro años de la administración Trump, se han establecido políticas que han mostrado una y otra vez su desprecio por los derechos humanos y su deseo de suprimir derechos de grupos de población específicos para obtener beneficios políticos. Hemos visto el paso de órdenes ejecutivas, políticas federales y retóricas divisorias y de odio dirigidas a mujeres y niñas, personas LGBTIQ+, personas Negras y Latinas, y personas migrantes y refugiadas, entre otras.

Uno de los temas insignias de la administración Trump, desde su campaña presidencial en 2016, fue el de la migración y el asilo. Sus promesas de construir un muro en la frontera con México y de destruir el sistema de asilo muy pronto se convirtieron en políticas públicas. La administración Trump ha destinado importantes esfuerzos y acciones para castigar a quienes, buscando seguridad y protección, llegan a Estados Unidos, incluidas familias y niñas y niños. Entre ellas figuran personas que huyen de niveles de violencia comparables a los de las zonas de guerra provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, de la represión política en Cuba y de las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, así como un número cada vez mayor de personas desplazadas forzosamente de países extracontinentales debido a persecuciones y conflictos.  

En lugar de ofrecer refugio a las personas que lo necesitan, la administración Trump ideó una serie de políticas para criminalizarlas y negarles protección. Lo han hecho alegando que no tienen recursos adecuados para responder, todo ello, mientras gastan miles de millones de dólares en la militarización de las fronteras.

En 2018, miles de madres y padres que solicitaban asilo fueron acusados penalmente en el marco de una política de “tolerancia cero” que provocó la separación forzosa y la detención de miles de niñas y niños, quienes fueron mantenidos literalmente en jaulas o llevados en avión a otras instalaciones situadas a miles de kilómetros de distancia, sin consentimiento ni información sobre su paradero. Claramente, las autoridades estadounidenses infligieron deliberadamente un sufrimiento mental profundo y duradero a las familias en un intento de disuadir a otras desesperadas de solicitar asilo.

Como si estas prácticas increíblemente crueles e ilegales fueran poco, la administración Trump instauró el programa conocido como “Permanecer en México,” por el que se ha obligado a decenas de miles de personas que buscaban asilo en la frontera a esperar en condiciones peligrosas y precarias en comunidades fronterizas mexicanas. Bajo este programa y con el acuerdo del gobierno mexicano, la administración Trump han devuelto forzosamente a cerca de 60.000 personas a México mientras se someten a los procedimientos de asilo de Estados Unidos, donde quedan a merced de grupos del crimen organizado, que los extorsionan, secuestran y agreden con regularidad.

Además, en 2019, el gobierno de Trump presionó a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras para que firmaran una serie de acuerdos de “tercer país seguro,” deslindándose de sus obligaciones de tramitar las solicitudes de asilo de terceros países cuyas condiciones no eran nada seguras para las personas en necesidad de protección.

Asimismo, en los últimos años, el uso de la detención migratoria se ha disparado. Hoy en día, decenas de miles de personas migrantes, incluidos miles de personas solicitantes de asilo y familias con niñas y niños son detenidas en centros de detención migratoria en todo el país, bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras luchan por su derecho a permanecer en Estados Unidos. La detención migratoria le ha servido a la administración Trump como una forma de castigo contra las personas únicamente en base a su estatus migratorio y criminaliza a quienes huyen de la persecución y la violencia de sus países de origen.

Las prácticas de detención están exacerbando una crisis más allá de las fronteras de Estados Unidos: decenas de miles de personas han sido deportadas durante la pandemia de COVID-19, incluyendo cientos de personas que dieron positivo después de contraer el virus tras ser detenidas en instalaciones de detención inseguras e insalubres de Estados Unidos. Las personas deportadas han informado de que se han enfrentado a la exposición al virus, a regímenes de cuarentena que violan los derechos humanos en sus países de origen y al estigma.

Desde marzo de 2020, el acceso a solicitar asilo en la frontera entre México y Estados Unidos está prácticamente suspendido. Utilizando la pandemia del COVID-19 como pretexto, el gobierno de Trump ha expulsado ilegalmente a decenas de miles de personas, incluidas familias y niñas y niños no acompañados, en virtud de una orden nominalmente emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que faculta a los agentes fronterizos para devolverlos sumariamente a México o devolverlos rápidamente a sus países de origen.

Aprovechando sus últimos meses, la administración Trump ha introducido una serie de nuevas normas de elegibilidad contra el asilo, incluida la prohibición de asilo para las personas que transitan por cualquier tercer país de camino a Estados Unidos; una nueva norma de amplio alcance que redefine radicalmente todos los elementos de la definición de refugiado; y una prohibición general de elegibilidad basada en la salud pública, que tiene sus raíces en la xenofobia y la discriminación más que en la ciencia.

El camino para revertir el sufrimiento que han causado estas políticas será complejo. El nuevo gobierno, presidido por Joe Biden, ha prometido un cambio radical en la política sobre migración y asilo. Pero muchas de las violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes y refugiadas tampoco son nuevas y exclusivas de la administración Trump, su gobierno solo aceleró la maquinaria y exacerbó dramáticamente sus nefastas consecuencias. Esta es una deuda histórica pendiente, cuya atención es urgente.

El presidente Biden podrá marcar el contraste de su administración si, por ejemplo, emite ordenes ejecutivas en sus primeros días de gobierno que pongan los derechos humanos de las personas en necesidad de protección en el centro de la acción. Estados Unidos tiene la oportunidad de poner fin a su práctica de detención migratoria innecesaria, costosa y punitiva, que ha causado un enorme sufrimiento humano y ha provocado una crisis de contagio durante la pandemia.

Entre otras medidas, la administración Biden debe también establecer una moratoria en las deportaciones durante la pandemia COVID-19, mientras se desmantela la arquitectura de las políticas ilegales de asilo e inmigración de la era Trump. Restablecer el sistema de asilo y la protección humanitaria comienza por rescindir la orden del 20 de marzo que expulsa automáticamente a las personas solicitantes de asilo y a las niñas y niños no acompañados sin el debido proceso, así como rescindir las decenas de políticas que limitan injustamente el acceso al derecho a solicitar asilo, incluido en la frontera entre México y Estados Unidos.

La nueva administración debe asegurar que las personas que están esperando en comunidades fronterizas en México, bajo el programa “Permanecer en México”, sean inmediatamente aceptadas en territorio estadounidense para continuar sus procesos de solicitud de asilo. Para ello, es indispensable que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador coopere estrechamente con el gobierno de Biden para poner fin a esta política cruel e ilegal.

Además, el gobierno de Biden debe establecer sólidas vías alternativas de protección para las personas cuyo riesgo eminente en sus países de origen requiere una atención urgente, como la designación de un estatuto de protección temporal para las personas venezolanas y otras formas de protección para personas provenientes de países en situaciones de crisis.

El camino no será fácil, pero la voluntad política que muestre la administración Biden desde sus inicios será crucial para revertir la nefasta herencia que deja el gobierno de Trump.