La campaña del gobierno sobre la libertad de expresión no debe servir para encubrir medidas que dejan a muchas personas expuestas a sufrir abusos contra los derechos humanos, incluida tortura

El horrible asesinato de Samuel Paty, el profesor francés que mostró caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión, conmocionó a toda Francia. También obligó a entablar un difícil debate sobre la libertad de expresión y sobre quién tiene derecho a ejercerla.

El presidente Emmanuel Macron y su gobierno respondieron al homicidio proclamando su apoyo a la libertad de expresión. Pero también han redoblado su apuesta por la campaña perpetua de desprestigio que han emprendido contra la población francesa musulmana y lanzado su propio ataque contra la libertad de expresión. La semana pasada, por ejemplo, la policía francesa entrevistó durante horas a cuatro menores de 10 años por sospechas de “apología del terrorismo” porque parecían haber cuestionado la decisión de Paty de mostrar las caricaturas

El gobierno francés no es el defensor de la libertad de expresión que le gusta pensar que es. En 2019, un tribunal declaró culpables de “desacato” a dos hombres que habían quemado una efigie del presidente Macron durante una protesta pacífica. El Parlamento está examinando en la actualidad una nueva legislación que penaliza el uso en las redes sociales de imágenes de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Cuesta cuadrar esta iniciativa con la enérgica defensa que hacen las autoridades francesas del derecho a representar al profeta Mahoma en caricaturas.

El derecho a la libertad de expresión es aplicable a las opiniones que molestan, ofenden o escandalizan, y las representaciones del profeta Mahoma están protegidas por este principio. Nadie debe temer ser objeto de violencia u hostigamiento por publicar este tipo de imágenes.

Pero quienes no están de acuerdo con que se publiquen las caricaturas también tienen derecho a expresar su opinión. El derecho a la libertad de expresión protege también la capacidad de criticar la decisión de representar la religión por medios que puedan percibirse como estereotipados u ofensivos. Oponerse a las caricaturas no convierte a nadie en “separatista”, intolerante o “islamista”.

A la vez que se defiende firmemente el derecho a expresar opiniones o puntos de vista que pueda parecer que ofenden las creencias religiosas, en Francia, al amparo de universalismo republicano, a penas suele prestarse atención a la libertad de expresión y de religión de las personas musulmanas. En nombre del secularismo, o laïcité, las personas musulmanas no pueden llevar en Francia símbolos ni prendas de carácter religioso en los centros educativos ni en los puestos de trabajo del sector público.

El historial de Francia en lo que respecta a la libertad de expresión en otras esferas es igualmente sombrío. Miles de personas son declaradas culpables todos los años de “desacato a funcionarios públicos”, impreciso delito que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades judiciales imputan a escala masiva para silenciar la disidencia pacífica. El 11 de junio de este año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una sentencia condenatoria dictada en Francia contra 11 activistas por hacer campaña en favor del boicot a los productos israelíes violaba su derecho a la libertad de expresión.

El asesinato de Samuel Paty ha dado lugar también a medidas de las autoridades francesas que recuerdan el estado de alerta declarado tras los atentados de París de 2015. Desde comienzos de 2015, las medidas excepcionales aprobadas por el Parlamento en virtud del estado de alerta dieron lugar a miles de redadas y detenciones domiciliarias abusivas y discriminatorias de personas musulmanas.

A modo de preocupante señal de que la historia se repite, el gobierno francés está ahora en proceso de disolver organizaciones y cerrar mezquitas en virtud de ambiguo concepto de “radicalización”. Durante todo el estado de alerta, el término “radicalización” se utilizó a menudo como eufemismo de “musulmán devoto”.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, también ha anunciado su intención de disolver el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF), organización que lucha contra discriminación de las personas musulmanas. Ha calificado el CCIF de “enemigo de la República” y de “oficina islamista”. No ha aportado ningún dato que pueda probar sus afirmaciones.

En un vídeo publicado en las redes sociales, uno de los padres y madres que se opusieron a la decisión de Paty de mostrar las caricaturas animó a informar al CCIF de “actos discriminatorios” similares y contactar con las organizaciones. Las autoridades francesas no han encontrado ninguna conexión entre este tipo de trabajo comunitario y la idea de que el CCIF ha tenido algo que ver con promover la violencia o el “separatismo”.

Un par de días después del asesinato, Darmanin expresó su intención de expulsar a 231 personas extranjeras sospechas de “radicalización” y de amenazar la seguridad nacional. Las autoridades procedieron entonces a efectuar 16 expulsiones a países como Argelia, Marruecos, Rusia y Túnez, donde Amnistía Internacional ha documentado el uso de la tortura, en particular contra personas calificadas de amenaza para la seguridad nacional.

Mientras que dentro y fuera de Estados Unidos hay mucha gente que confía en que la administración Biden/Harris aborde el racismo arraigado, el Ministerio de Educación francés ha emprendido también una guerra cultural contra la pluralidad de culturas y los enfoques raciales críticos. Sostiene que los intentos de abordar el racismo arraigado están basados en ideas “importadas de Estados Unidos” y son un terreno abonado para “el separatismo y el extremismo”. Pero señalar que las personas musulmanas y de otras minorías sufren racismo en Francia no es extremismo. Es constatarlo, y el derecho a decirlo está protegido por la libertad de expresión.

La retórica del gobierno francés sobre la libertad de expresión no es suficiente para ocultar su vergonzosa hipocresía. La libertad de expresión no significa nada si no se aplica a todas las personas. La campaña del gobierno sobre la libertad de expresión no debe servir para encubrir medidas que dejan a muchas personas expuestas a sufrir abusos contra los derechos humanos, incluida tortura.

Este artículo fue publicado por primera vez Newsweek.