Amnistía Internacional conversó con personas que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos derivadas de las medidas impuestas por el gobierno para “controlar” el COVID-19. Estos casos muestran claramente como las medidas gubernamentales que fueron implementadas con la excusa de detener la pandemia fueron desproporcionadas

Poco más de un año después de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, una cosa ha quedado clara: la represión sigue siendo la forma en que este país pretende resolver los problemas con raíces históricas y de diferente naturaleza. Hasta ahora, el presidente Bukele no ha cumplido las promesas que hizo cuando inició su mandato y parece replicar respuestas represivas y militarizadas, incluso incrementando su uso para responder a la pandemia del COVID-19.

Así, durante los últimos meses observamos la presencia de militares armados en tareas relacionadas con la contención del virus. Las imágenes fueron estampas que nos hicieron recordar los terribles años del conflicto armado.

Las señales represivas del gobierno comenzaron a salir a la luz poco a poco y se fueron incrementando rápidamente. En febrero, apenas unas semanas antes de que llegara el COVID-19 al país, fuimos testigos de un ostentoso e innecesario despliegue policial y militar que irrumpió las instalaciones de la Asamblea Legislativa durante una sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros y liderada por el presidente. Hubo denuncias que señalaban la presencia de francotiradores apostados alrededor de la Asamblea y reportes de restricciones a la libertad de prensa que alertaban sobre el inicio de un camino peligroso para el futuro de los derechos humanos en el país.

En una reunión con Amnistía Internacional en junio del 2019 el presidente Bukele se comprometió a implementar una estrategia integral de seguridad pública que, en teoría, priorizaría un enfoque de prevención y rehabilitación. En esa ocasión, reconoció la importante labor de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña y el rol de las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Posteriormente, en diciembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional encargado de monitorear la situación de derechos humanos, realizó una histórica visita al país. Luego de 32 años la CIDH regresó para hacer una visita in loco, la visita de máxima trascendencia que puede hacer la Comisión a un país. En dicha visita, también se abordaron preocupaciones en torno a la política de seguridad.

En sus observaciones preliminares, la CIDH se hizo eco de las inquietudes presentadas por las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y la falta de información, transparencia y participación de las organizaciones en el diseño del Plan Control Territorial.

Con el paso del tiempo empezamos a observar cómo, una tras otra, las promesas presidenciales eran incumplidas y las acciones del gobierno iban más bien hacia el lado contrario. Si bien la anuencia del gobierno para la llegada de la CIDH fue un paso importante, no fue acompañado necesariamente por un compromiso firme que trascendiera su visita y reflejara una mejora visible en la vida del pueblo salvadoreño. De igual forma, su compromiso de instalar una mesa interministerial con Amnistía Internacional se quedó en las palabras.

La llegada de la pandemia materializó lo que las acciones previas venían anunciando. No sólo ha mostrado un despliegue de las fuerzas de seguridad, policiales y militares, sino también ha traído consigo múltiples denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Según cifras oficiales, más de 16.000 personas fueron sometidas a cuarentena bajo custodia estatal, entre ellas las acusadas de incumplir la cuarentena domiciliar y quienes volvían del extranjero.

Amnistía Internacional conversó con personas que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos derivadas de las medidas impuestas por el gobierno para “controlar” el COVID-19. Estos casos muestran claramente como las medidas gubernamentales que fueron implementadas con la excusa de detener la pandemia fueron desproporcionadas. Un joven relató a la organización que cuando salía a comprar comida y gasolina la policía le detuvo, le golpeó y le disparó dos veces en las piernas.

En otro caso, un adolescente de 17 años fue detenido por la policía saliendo de su trabajo en una plantación de azúcar. Él y su familia contaron que, sin tomar en consideración que su trabajo era parte de las actividades marcadas como esenciales, la policía lo golpeó y lo llevó a una bartolina policial, donde permaneció con adultos por casi tres días, siendo posteriormente liberado sin cargos.

Al inicio de la pandemia, el presidente instruyó públicamente a las fuerzas de seguridad a “ser más duros” con quienes no cumplieran con la cuarentena, señalando que no le importaban las denuncias sobre si las autoridades “doblan muñecas” y decomisan vehículos. Similarmente, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a centros de contención, “lejos de sus familias, y en esos centros de cuarentena corren también el riesgo de contraer el virus”. Esto muestra que las medidas fueron pensadas e implementadas como formas de castigo, alejándose del propósito de proteger a las personas del virus.

Tras presenciar este preocupante escenario, hoy, durante la audiencia otorgada por la CIDH a Amnistía Internacional y nueve organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno tendrá la oportunidad de responder a las preocupaciones sobre el camino represivo que ha tomado y las medidas punitivas que han prevalecido en las políticas públicas. Esperamos que durante y después de la audiencia, esta administración no sólo escuche atentamente a las organizaciones, sino que retome sus preocupaciones y redirija sus acciones para transformar su política de seguridad en una respuesta integral que cumpla el compromiso de proteger los derechos de todos y todas las personas en El Salvador.

Astrid Valencia, es investigadora para Centroamérica y Diana Sánchez es encargada de campañas para Mesoamérica en Amnistía Internacional