La Comisión Europea debe pasar página cuando lance el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo después del verano y garantizar que las políticas europeas sobre control de las fronteras europeas y migración respetan los derechos de las personas refugiadas y migrantes

El gobierno de Malta viene recurriendo a medidas peligrosas e ilegales para hacer frente a la llegada por mar de personas refugiadas y migrantes, lo que expone a innumerables personas a un sufrimiento terrible y pone en peligro su vida. Así lo ha revelado hoy Amnistía Internacional en su informe titulado Waves of impunity: Malta’s violations of the rights of refugees and migrants in the Central Mediterranean. Coincidiendo con la presentación de este nuevo informe por parte de Amnistía, la desesperación crece a bordo del Maersk Etienne, que lleva más de un mes intentando sin éxito obtener permiso para desembarcar tras rescatar a 27 personas por encargo de las autoridades maltesas.

El cambio de enfoque del gobierno maltés hacia las llegadas en el Mediterráneo central en 2020 se ha traducido en medidas ilegales, y a veces sin precedentes, para evitar auxiliar a las personas refugiadas y migrantes. Esta escalada de las tácticas ha incluido acordar devoluciones sumarias ilegales a Libia, desviar embarcaciones hacia Italia en lugar de rescatar a personas en dificultades, detener ilegalmente a cientos de personas en transbordadores mal preparados frente a aguas maltesas y firmar un nuevo acuerdo con Libia para impedir la llegada de personas a Malta.

“Malta está recurriendo a tácticas cada vez más ilegales y despreciables para eludir sus responsabilidades para con las personas necesitadas. Es vergonzoso que la UE e Italia hayan normalizado la cooperación con Libia sobre control de fronteras, pero devolver a personas al peligro en Libia no es nada normal”, afirma Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional.

“Los Estados miembros de la UE deben dejar de asistir en la devolución de personas a un país donde se enfrentan a horrores inenarrables.”

Algunas de las medidas adoptadas por las autoridades maltesas podrían haber conllevado la comisión de actos delictivos que han tenido como consecuencia muertes evitables, detenciones arbitrarias prolongadas y devoluciones ilegales a Libia, un país desgarrado por la guerra. Las autoridades también usaron la pandemia de COVID-19 como pretexto para declarar que Malta no era un lugar seguro para desembarcar, a fin de disuadir a las personas que buscaban seguridad y una vida digna en Europa.

Las prácticas abusivas de Malta son parte integrante de los esfuerzos generales de los Estados miembros y las instituciones de la UE para dejar el control del Mediterráneo central en manos de Libia, a fin de que las autoridades libias —con el apoyo de la UE— puedan interceptar a las personas refugiadas y migrantes en el mar antes de que lleguen a Europa.

Después se devuelve a estas personas a Libia, donde son detenidas arbitrariamente en centros en los que es muy probable que sean objeto de tortura y otros malos tratos. Desde comienzos de enero hasta el 27 de agosto de 2020, la Guardia Costera Libia devolvió ilegalmente a este país a 7.256 personas con el apoyo de la UE, pues, a menudo, era alertada de la presencia de embarcaciones en el mar por aviones que participaban en Frontex y otras operaciones de la UE.

La devolución sumaria del Lunes Santo

El caso de la “devolución sumaria del Lunes Santo” ilustra hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades maltesas para impedir que lleguen personas a sus costas.

El 15 de abril de 2020, un grupo de 51 personas, entre las que había 7 mujeres y 3 menores de edad, fue devuelto ilegítimamente a Trípoli tras haber sido rescatado en la región de búsqueda y salvamento de Malta por el barco de pesca comercial Dar Al Salam 1.

El barco, que había sido contratado por el gobierno maltés, llevó a estas personas de vuelta a Libia y las entregó a las autoridades del país, exponiendo al grupo de personas refugiadas y migrantes —que acababa de sobrevivir a un naufragio mortal— a más riesgos para su vida.

Cuando el barco llegó a Libia, cinco personas habían muerto y las que sobrevivieron dijeron que otras siete habían desaparecido en el mar. Las personas sobrevivientes informaron también de que quienes iban a bordo no habían recibido asistencia médica. En una declaración oficial, las autoridades maltesas confirmaron que habían coordinado la operación.

Ausencia de rendición de cuentas en Malta

Aunque se llevó a cabo una investigación judicial sobre el caso, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Todavía se desconoce cómo murieron las 12 personas y cómo fueron devueltas 51 a Libia a pesar de ser ilegal el traslado de personas a ese país. El juez encargado de la investigación no escuchó los testimonios de las 51 personas trasladadas a Libia ni indagó en la cadena de responsabilidad que intervino en la contratación del Dar El Salam 1 y dio la orden de trasladar a las personas a Libia.

La ONG Alarm Phone tiene datos que indican que las autoridades maltesas podrían haber hecho otras devoluciones sumarias en 2019 y 2020 que no se han investigado.

La cooperación de la UE y de Italia con Libia

Italia en concreto trabaja en estrecha coordinación con Libia y presta apoyo a las autoridades marítimas de este país dándoles embarcaciones, formación y asistencia en el establecimiento de la región de búsqueda y salvamento libia para facilitar las devoluciones sumarias que hace la Guardia Costera Libia.

A pesar de que la intensificación del conflicto y la llegada de la COVID-19 amenazan la situación humanitaria de la población refugiada y migrante en Libia, Italia ha seguido implementando políticas para mantener a estas personas en Libia. Estas medidas incluyen prorrogar otros tres años su memorándum de entendimiento sobre migración con Libia con el fin de aumentar los recursos de las autoridades libias para impedir las salidas, ampliar sus operaciones militares en la región dedicadas a apoyar a las autoridades marítimas libias, y mantener leyes y prácticas encaminadas a la criminalización de las ONG que rescatan a personas en el Mediterráneo central.

El Mediterráneo central es la frontera más reciente en la que Amnistía Internacional pone de relieve los abusos que cometen las autoridades de los Estados miembros de la UE. En 2020, Amnistía Internacional documentó también abusos en las fronteras entre Croacia y Bosnia y Grecia y Turquía. La UE necesita con urgencia un sistema independiente y efectivo de observación de los derechos humanos en sus fronteras exteriores para garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos y abusos.

“La Comisión Europea debe pasar página cuando lance el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo después del verano y garantizar que las políticas europeas sobre control de las fronteras europeas y migración respetan los derechos de las personas refugiadas y migrantes”, concluyó Elisa De Pieri.

“Los horrores a los que se enfrentan las personas devueltas a Libia deben desaconsejar a los líderes y lideresas europeos la cooperación con países que no respetan los derechos humanos. Al seguir empoderando a abusadores y esconder la cabeza en la arena cuando se cometen violaciones de derechos, los y las dirigentes de la UE comparten la responsabilidad de estas violaciones.”