En agosto, el gobierno de Ecuador publicó un protocolo nacional para responder a la COVID-19 entre los pueblos indígenas. Las organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía declararon que ese protocolo no se había sometido a consultas adecuadas y no refleja sus demandas. También declararon que han sido excluidas de los Comités de Operaciones de Emergencias encargados de implementarlo. Pedimos al presidente que garantice que los pueblos indígenas de la Amazonía participan en la estructura de toma de decisiones encargada de la respuesta a la COVID-19 en la Amazonía, y que garantice que esa respuesta está dotada de fondos suficientes y respeta los derechos y necesidades de los pueblos indígenas.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente Lenín Moreno

Presidencia de la República del Ecuador

García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo

170401, Quito, Ecuador

Correo-e: atencionciudadana@presidencia.gob.ec 

Señor Presidente Lenín Moreno:

Me dirijo a usted en relación con la respuesta a la pandemia de COVID-19 en la Amazonía. Las organizaciones indígenas y de derechos humanos afirman que el protocolo para la prevención y atención de la COVID-19 en pueblos indígenas, publicado en agosto, no se consultó adecuadamente con los pueblos indígenas y no refleja sus demandas. También aseguran que han sido excluidas de los Comités de Operaciones de Emergencias encargados de implementarlo.

Le pido que garantice que los pueblos indígenas de la Amazonía participan, mediante sus propias instituciones representativas, en la estructura nacional y provincial de toma de decisiones encargada de la respuesta a la COVID-19 en la Amazonía, y garantice también que esta respuesta respeta los derechos y necesidades de los pueblos indígenas y cuenta con financiación suficiente. Cualquier política o acción que afecte a los pueblos indígenas debe cumplir las normas de derechos humanos, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana se enfrentan a una situación de mayor riesgo en el contexto de la pandemia debido a la falta de acceso a agua potable, fuentes de alimento, suministros médicos, servicios de salud y pruebas de diagnóstico de COVID-19, a causa de sus prolongadas condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación.

En agosto (fecha no especificada), el gobierno publicó el Protocolo con pertinencia intercultural para la prevención y atención de la COVID-19 en pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios del Ecuador, con el objetivo de “[e]stablecer procedimientos de articulación interinstitucional, intersectorial y entre actores sociales presentes en los territorios de pueblos y nacionalidades del Ecuador, para dar respuesta coordinada y con pertinencia intercultural a la emergencia sanitaria por el COVID19”.

Según el documento, el Protocolo había sido elaborado por diversas autoridades gubernamentales, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y “validado” por miembros de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI). La emisión con contribuciones y recomendaciones de delegaciones de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades está fechada el 24 de julio de 2020.

Las organizaciones indígenas y de derechos humanos de la Amazonía dijeron que ese protocolo no se había sometido a consulta adecuada con las comunidades indígenas de la zona, que no refleja sus demandas, y que los pueblos indígenas han sido excluidos de los Comités de Operaciones de Emergencia encargados de implementarlo.

Tras una respuesta insuficiente por parte del Estado, varias organizaciones, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Amazon Watch, Amazon Frontlines, Fundación ALDEA y Universidad San Francisco de Quito, han encabezado los esfuerzos por prevenir, identificar y tratar los casos de COVID-19 de pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana proporcionando pruebas de diagnóstico, información culturalmente adecuada, equipos de protección personal, productos de higiene y medicamentos básicos, y creando un sitio web para supervisar la pandemia e identificar los principales puntos de contagio.

El 19 de agosto, estas organizaciones informaron de 3.303 infecciones (2.301 confirmadas y 1.002 sospechosas) y 80 muertes (35 confirmadas y 45 sospechosas) por COVID-19 entre la población indígena de la Amazonía ecuatoriana, que cuenta con 290.000 miembros. Según estas organizaciones, todas las nacionalidades (etnias) indígenas de la Amazonía ecuatoriana tienen casos de COVID-19. Debido a la escasez de pruebas diagnósticas, se cree que las cifras reales son mucho más altas.

El 18 de junio, las autoridades judiciales concedieron al pueblo waorani medidas cautelares en el contexto de la pandemia de COVID-19, incluidas la realización de pruebas diagnósticas para los casos sospechosos de infección, la aportación de personal médico y suministros, la prestación de ayuda humanitaria, y la limitación de las operaciones de las empresas cerca de su territorio. No obstante, las organizaciones indígenas y de derechos humanos dijeron a Amnistía que las autoridades no han cumplido íntegramente esas medidas.

Además de la pandemia, el 7 de abril se produjo en la Amazonía un vertido de petróleo que contaminó los ríos Coca y Napo, y afectó al medioambiente, el agua, la comida y los medios de sustento de casi 120.000 personas, de las que 27.000 son indígenas, en su mayoría pertenecientes a las nacionalidades kichwa y shuar.

El 29 de abril, un grupo de organizaciones indígenas y de derechos humanos presentó un procedimiento de protección constitucional y solicitó medidas cautelares en favor de las casi 120.000 personas afectadas por el vertido de petróleo. La petición hace responsables al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa petrolera estatal Petroecuador y la empresa privada OCP. Los peticionarios informaron de que el juez a cargo del caso ponía en peligro las garantías de debido proceso mediante irregularidades de procedimiento.

Pueden escribir llamamientos en: Español. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 8 de octubre

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Pueblos indígenas de la Amazonía que se enfrentan a la COVID-19 (no aplicable)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/2643/2020/es/