El 13 de agosto, una corte de apelaciones anuló las desestimaciones a favor de Juan López, Carlos Leonel, Reinaldo Domínguez, José Cedillo y Marco Ramos, defensores de los derechos humanos que forman parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y están siendo juzgados por defender los ríos de Tocoa (en el norte del país). Los defensores corren peligro de permanecer detenidos antes del juicio en prisiones masificadas que carecen de las condiciones de sanidad adecuadas para evitar la propagación de la COVID-19. Otros ocho defensores, también miembros del Comité, llevan casi un año en reclusión preventiva. Pedimos a las autoridades que pongan en libertad a los 13 defensores y les permitan ser juzgados en libertad.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Óscar Fernando Chinchilla

Fiscal General

Posta Edificio Lomas Plaza II,

Lomas del Guijarro,

Tegucigalpa

Honduras

Correo-e: fiscaliageneralhnd@gmail.com

Señor Fiscal General:

El 13 de agosto de 2020, una corte de apelaciones anuló una desestimación a favor de Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reinaldo Domínguez, José Adalid Cedillo y Marco Tulio Ramos. Estos hombres forman parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y están acusados de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” por defender los ríos San Pedro y Guapinol. Otros ocho defensores de los derechos humanos se encuentran detenidos en espera de juicio por los mismos cargos desde el 1 de septiembre de 2019.

Estos defensores no deben ser recluidos en prisiones masificadas y con acceso limitado a la higiene y el saneamiento. La detención en espera de juicio durante el brote de COVID-19, con más de 1.000 casos confirmados en las prisiones, sólo servirá para que su vida y su salud corran más peligro de manera innecesaria.

Expertos y expertas de la ONU en materia de derechos humanos han recomendado a los Estados que consideren la posibilidad de adoptar medidas alternativas a la reclusión preventiva para reducir el riesgo de propagación de la COVID-19. Además, la Corte de Apelaciones había ratificado la desestimación definitiva de los cargos de delito de asociación ilícita de todos los defensores, hasta la fecha una de las justificaciones jurídicas para mantener a los ocho defensores en prisión preventiva.

Le pido que tome medidas para que los 13 defensores puedan ejercer su defensa en libertad, y para garantizar su derecho a un juicio justo.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Según Global Witness, Honduras sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores y defensoras de la tierra y los derechos ambientales. Además de estar expuestas a un elevado nivel de violencia (que incluye amenazas, intimidación y asesinatos, así como campañas de estigmatización y desprestigio en las redes sociales), muchas de estas personas son objeto de procesos judiciales infundados y concebidos para intimidarlas, hostigarlas y obstaculizar su trabajo de derechos humanos.

El Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, en el norte de Honduras, está integrado por varias organizaciones que defienden la tierra y los derechos ambientales, como los Comités Ambientales de Sector San Pedro (13 comunidades) y Comité Sector Abisinia (14 comunidades), el Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Parroquia San Isidro de Tocoa.

El CMDBCP se opone a la concesión otorgada a la empresa minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras (anteriormente conocido como Montaña de Botaderos), situado en el municipio de Tocoa. El 1 de agosto de 2018, la población local estableció el “campamento de Guapinol” para protestar pacíficamente contra la concesión y explotación minera de la zona núcleo del área protegida donde se encuentran las fuentes de agua de las que depende su supervivencia. Se han presentado varias denuncias penales ante los tribunales locales, que siguen pendientes.

Los miembros del CMDBCP han sido sometidos al menos a dos procedimientos penales desde 2018 por defender los ríos Guapinol y San Pedro. En marzo de 2019, un juez desestimó los cargos contra 12 de ellos, acusados de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, pero el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. El 13 de agosto de 2020, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán anuló la desestimación que se había ordenado en marzo a favor de 5 de los 12 defensores, lo que significa que estos hombres podrían enfrentarse a un nuevo juicio y ser enviados de nuevo a prisión preventiva.

En septiembre de 2019, otros siete defensores de derechos humanos fueron acusados y detenidos en espera de juicio. En noviembre de 2019, tras haber pasado dos meses en una prisión de alta seguridad, fueron trasladados al Centro Penal de Olanchito, donde permanecen desde entonces (véase Honduras: Autoridades deben garantizar debido proceso a personas defensoras https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/9929/2019/es/). Otro defensor permanece detenido desde diciembre de 2018 en el Centro Penal de La Ceiba. Algunos de los defensores de los derechos humanos actualmente recluidos han declarado padecer problemas de salud previos, como hipertensión y dificultad respiratoria.

Honduras se enfrenta desde hace años a un grave problema de prisiones atestadas, la mayoría de ellas por personas detenidas en espera de juicio a las que no se les ha concedido la posibilidad de ejercer su defensa en libertad. Según el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), el Centro Penal de Olanchito (en el que están recluidos siete defensores de los derechos humanos pertenecientes al CMDBCP) alberga actualmente a 271 personas presas, pese a que tiene capacidad sólo para 160. La capacidad penitenciaria total a nivel nacional es de 12.909 personas, pero la población reclusa supera actualmente las 21.700. Algunos organismos internacionales de derechos humanos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado periódicamente su preocupación por las condiciones de detención existentes en Honduras, que —debido a las infraestructuras deficientes, la falta de higiene, la carencia de instalaciones de aseo y lugares para dormir dignos, la atención médica deficiente, la falta de alimentos suficientes y nutritivos, y el acceso deficiente e insuficiente al agua— suponen un riesgo para la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad.

A principios de agosto, las autoridades penitenciarias hondureñas notificaron que un total de 1.121 personas detenidas habían dado positivo en las pruebas de COVID-19.

Pueden escribir llamamientos en: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 6 de octubre de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Miembros del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (masculino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: No aplicable