• Al menos 1.126 habitantes de comunidades rurales han muerto a manos de pistoleros entre enero y junio de 2020 
• Los ataques suponen una amenaza para la seguridad alimentaria en las zonas rurales. 
• Los autores de los crímenes no son puestos en manos de la justicia, y esto fomenta la impunidad.

Las autoridades nigerianas han dejado las comunidades rurales a merced de pistoleros incontrolados que han matado al menos a 1.126 personas en el norte del país desde enero, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La organización entrevistó a civiles en los estados de Kaduna, Katsina, Níger, Plateau, Sokoto, Taraba y Zamfara, que afirmaron vivir con miedo a los ataques y secuestros a medida que se agrava la inseguridad en las zonas rurales. Muchas de las personas entrevistadas dijeron que las fuerzas de seguridad suelen llegar horas después de los ataques, incluso cuando se les ha avisado de que se van a producir. En un ataque a la localidad de Unguwan Magaji, en el estado de Kaduna, las fuerzas de seguridad llegaron al lugar a tiempo, pero se retiraron al ver la avanzada munición que utilizaban los atacantes. Para cuando volvieron, ya habían muerto al menos 17 personas. 

Amnistía Internacional ha documentado un alarmante aumento de los ataques y secuestros en varios estados de la zona norte central y el noroeste de Nigeria desde enero de 2020. Los más afectados son los pueblos del sur del estado de Kaduna, donde al menos 366 personas fueron asesinadas por hombres armados en múltiples ataques entre enero y julio de 2020.

“Además de que las fuerzas de seguridad no toman en cuenta los avisos ni responden a tiempo para salvar vidas, el hecho de que no se haya llevado ante la justicia a ningún perpetrador hace que las comunidades rurales se sientan totalmente desprotegidas. El presidente afirma que ha encargado reiteradamente a los cuerpos de seguridad que pongan fin a los asesinatos, para que la población de Nigeria pueda dormir tranquila, pero está claro que nada ha cambiado.”

Al menos 77 personas han sido asesinadas desde enero de 2020 en los enfrentamientos que siguen produciéndose entre comunidades de los grupos étnicos jukun y tiv en el estado de Taraba, en el nordeste de Nigeria. El conflicto entre estos dos grupos étnicos ha estado activo intermitentemente desde principios de la década de 1990, y las autoridades nunca le han puesto fin. 

El 28 de mayo, según los informes, al menos 74 personas fueron asesinadas en cuatro pueblos del área de gobierno local de Sabon Birni, en el estado de Sokoto, que fueron atacados por hombres armados. 

Según testigos entrevistados por Amnistía Internacional en los estados de Kaduna, Plateau y Katsina, los ataques están bien coordinados. Los atacantes irrumpen en los pueblos montados en motos y fuertemente armados. Disparan a la gente aleatoriamente, incendian casas, roban ganado, destruyen los productos agrícolas y secuestran a residentes para pedir rescate.

La mayoría de los lugareños dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades los habían dejado a merced de sus atacantes. Se quejaron de haber recibido poca o ninguna ayuda de los agentes de seguridad durante los ataques, a pesar de haberla solicitado o de haberles informado con antelación de que se iban a producir, y denunciaron que, en la mayoría de los casos, las fuerzas de seguridad habían llegado horas después. 

Una persona que había sido testigo de un ataque en Unguwan Magaji, en el sur del estado de Kaduna, afirmo:

“Durante el ataque, nuestros jefes llamaron a los soldados para informarles de que los atacantes estaban en el pueblo, y vinieron sin pérdida de tiempo, pero al llegar y ver el tipo de munición que tenían los atacantes, se fueron. A la mañana siguiente vinieron muchos soldados con sus camionetas Hilux a ver los cadáveres.” 

Escalada de violencia en el sur de Kaduna 

Ante el aumento de la violencia en el sur del estado de Kaduna, el gobernador impuso un toque de queda de 24 horas a las comunidades afectadas en junio de 2020, pero los ataques han continuado. Tras las elecciones de 2011, en el sur del estado de Kaduna ha habido estallidos intermitentes de violencia, sin que las autoridades hayan terminado con ella ni hayan llevado ante la justicia a sus autores.

El 6 de agosto, según los informes, al menos 22 personas murieron en los ataques de hombres armados —se supone que pastores— contra cuatro comunidades del área de gobierno local de Zangon Kataf, en el estado de Kaduna.

En julio murieron más de un centenar de personas en 11 ataques coordinados en las áreas de gobierno local de Chikun, Kaura y Zangon-Kataf de ese mismo estado. El 19 de julio de 2020, al menos 16 personas murieron en un ataque de cinco minutos en el pueblo de Kukum-Daji, en el que los atacantes dispararon al azar contra los lugareños. 

Un agricultor de Kukum Daji cuyo hijo murió en el ataque dijo a Amnistía Internacional: 

“Mi hijo tenía 20 años y acababan de admitirlo en la Universidad de Jos. Estaba en casa por la pandemia de coronavirus cuando ocurrió el ataque. Al ver su cadáver sentí una enorme debilidad, empecé a marearme, pensé que iba a desvanecerme y me ardía todo el cuerpo, pero no podía hacer nada. Lo puse todo en manos de Dios. Nunca volveré a ser feliz en esta vida tras perderlo. Su muerte me ha afectado mucho”. 

Víctimas de los recientes ataques en el sur de Kaduna dijeron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad no estuvieron en la mayoría de los ataques y no llegaron hasta horas después de haberse ido los atacantes. En los pocos casos en que llegaron durante los ataques, no actuaron adecuadamente.

Se avecina una crisis humanitaria 

La violencia ha obligado a muchos agricultores y sus familias a huir de sus hogares. En el estado de Katsina, actualmente hay al menos 33.130 personas en campos para personas desplazadas, y otras se han trasladado a vivir con familiares en zonas urbanas. Miles de campesinos no pudieron cultivar sus tierras durante la estación húmeda de 2020 por temor a los ataques y los secuestros.

“Esto pone a la región al borde de una gran crisis humanitaria. El hecho de que las autoridades de Nigeria no pongan coto a la violencia se traduce en pérdida de vidas y medios de subsistencia. Si no se actúa de inmediato, pueden perderse muchas más vidas.” 

Un agricultor de 50 años del área de gobierno local de Batsari, en el estado de Katsina, dijo a Amnistía Internacional:  

“Nuestro pueblo ha sido atacado varias veces. No una ni dos, sino diez. Ir a ocuparse de la tierra es incluso un problema; los pistoleros nos han impedido ir a las tierras, sólo cultivamos las que están cerca de casa, pero a las otras no podemos ir ya, no nos dejan. Este año no hemos cultivado las tierras de la familia, más de 300 hectáreas.” 

Secuestros 

Al menos 380 personas, la mayoría mujeres, niños y niñas, han sido secuestradas para pedir rescate por ellas en los estados de Kaduna, Níger, Katsina, Nasarawa y Zamfara en 2020. Normalmente los familiares de las personas secuestradas tienen que vender todas sus pertenencias para pagar el rescate. Cuando no pueden hacerlo, los secuestradores suelen matarlas.  

Según un testigo, al menos 17 mujeres fueron secuestradas el 20 de julio en el área de gobierno local de Safana (estado de Katsina), en un ataque que duró casi tres horas. 

Personas detenidas por atreverse a pedir más protección 

El gobierno no sólo no ha tomado las medidas necesarias para poner fin a estos ataques, sino que la policía castiga a menudo a quienes se atreven a pedir más protección. Amnistía Internacional ha documentado cómo agricultores, grupos de derechos y activistas son sometidos a intimidación, detención y tortura por denunciar los ataques o pedir al gobierno que ayude a proteger a la gente.

El 8 de agosto, al menos tres personas fueron arrestadas durante una protesta pacífica en Refinery Junction, en el sur de Kaduna, y el 18 de junio, al menos 20 manifestantes fueron arrestados y detenidos durante varios días por la policía en el estado de Katsina. 

El 17 de junio, el activista Nastura Ashir Sharif fue arrestado por denunciar los homicidios y liderar las protestas que piden que se termine con la creciente inseguridad en el país. 

El 10 de abril, un joven de la comunidad de Oureedam, en el área de Bassa del estado de Plateau, fue arrestado por quejarse de que las fuerzas de seguridad habían llegado tarde a un ataque. El joven afirmó que lo habían golpeado y lo habían hecho revolcarse en el suelo mojado. Al final lo dejaron en libertad gracias a la intervención de un parlamentario representante de su comunidad. 

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Nigeria que investiguen de forma independiente todas estas muertes y garanticen la rendición de cuentas poniendo a sus autores en manos de la justicia. Esta oleada de crímenes muestra a las claras que las autoridades no protegen a la ciudadanía. La incapacidad de las autoridades de poner en manos de la justicia a los atacantes alimenta peligrosas teorías conspiratorias que no hacen más que incrementar la violencia.

“La obligación del gobierno es proteger a la población. El aumento de las muertes en el norte de Nigeria demuestra lo mal que están cumpliendo las autoridades esta responsabilidad.” 

Información complementaria 

Miles de personas han muerto a causa de la creciente inseguridad en varios estados del norte de Nigeria, como Kaduna, Katsina, Níger, Plateau, Sokoto, Taraba y Zamfara. 

Amnistía Internacional Nigeria ha estado monitoreando los ataques de pistoleros y los enfrentamientos entre pastores y agricultores desde 2016. En diciembre de 2018 publicamos un informe, basado en años de investigación, que documenta los violentos enfrentamientos entre miembros de las comunidades de agricultores y de las comunidades de pastores en zonas de Nigeria, especialmente en el norte del país.