Miércoles, 05 de agosto, 2020
Amnistía Internacional entrevistó en total a 41 personas, entre testigos de la violencia, manifestantes heridos, periodistas, líderes de la oposición y cargos públicos. Testigos y familiares de víctimas coincidieron en sus terribles relatos de violencia policial en los barrios de Badalabougou y Sogoninko, donde hubo manifestaciones el 11 de julio, y en atribuir la responsabilidad de las muertes de manifestantes en Badalabougou a miembros de la escolta de la presidenta del Tribunal Constitucional
Las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra manifestantes y mataron a una docena.
Escoltas de la presidenta del Tribunal Constitucional, identificados por testigos como autores de los disparos.
Debe investigarse la implicación de la unidad especial antiterrorista.
Decenas de testigos de los disparos contra manifestantes en Malí el pasado julio contaron a Amnistía Internacional que habían reconocido claramente a algunos de los autores entre los escoltas de Manassa Danioko, presidenta del Tribunal Constitucional.
Las protestas celebradas del 10 al 12 de julio estaban organizadas por el Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des forces patriotiques, M5-RFP), que lleva manifestándose contra la falta de gobernanza y el fraude electoral en Malí desde el 5 de junio y ha pedido la dimisión del presidente, Ibrahim Boubacar Keita. Las manifestaciones, que coincidieron con un llamamiento del M5-RFP a la desobediencia civil, fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad en toda la capital, Bamako, con el resultado de al menos 11 manifestantes y transeúntes muertos y decenas de personas heridas.
“El 11 de julio, los rumores de la detención del imán Mahmoud Dicko, líder del M5-RFP, dieron lugar a la movilización de manifestantes y residentes en el barrio de Badalabougou. Algunos comenzaron a avanzar hacia la vivienda de Manassa Danioko, que no está lejos de la residencia de Dicko”, ha afirmado Ousmane Diallo, investigador de Amnistía Internacional para África Occidental.
“La reacción de policías y guardias de seguridad fue disparar munición real contra los manifestantes; sólo en ese incidente mataron a cuatro personas. Urge poner en marcha una investigación imparcial sobre estas muertes y llevar a los responsables ante la justicia.”
Relatos terribles de violencia a manos de la policía
Amnistía Internacional entrevistó en total a 41 personas, entre testigos de la violencia, manifestantes heridos, periodistas, líderes de la oposición y cargos públicos. Testigos y familiares de víctimas coincidieron en sus terribles relatos de violencia policial en los barrios de Badalabougou y Sogoninko, donde hubo manifestaciones el 11 de julio, y en atribuir la responsabilidad de las muertes de manifestantes en Badalabougou a miembros de la escolta de la presidenta del Tribunal Constitucional.
La organización también ha reunido fotografías y vídeos que reflejan las lesiones sufridas por manifestantes, los impactos de bala en edificios civiles y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y todos concuerdan con los testimonios recabados.
Algunas de las personas que resultaron muertas durante estos tres días de represión no estaban participando en las protestas. Fayçal Cissé, de 25 años, fue la primera víctima del uso de medios letales. Era un antiguo estudiante de madrasa que estaba en una mezquita situada a unos 300 metros de la Asamblea Nacional, y por tanto no participaba en la protesta. Según el testimonio de un familiar para Amnistía Internacional, Fayçal fue alcanzado por un disparo efectuado desde la Asamblea Nacional cuando se encontraba entre la sala de oración y la zona de abluciones. Cayó en el patio de la mezquita y posteriormente murió debido a las heridas.
Un manifestante de 37 años contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad echaron a varias personas de las instalaciones de una cadena pública y echaron a muchas de ellas, incluidas mujeres, golpeándolas con palos en la cabeza y los brazos. Luego fueron dispersadas por las fuerzas de seguridad, que dispararon munición real contra los manifestantes y causaron una muerte cerca de la Asamblea Nacional.
Entre las víctimas mortales estaba Halidou Bouaré, de 21 años. Igual que Sidi Mohamed Doumbia, Bouaré estaba trabajando cuando fue alcanzado por disparos de las fuerzas de seguridad.
Un familiar que lo había presenciado todo desde el exterior de su casa contó a Amnistía Internacional:
“Dispararon a Halidou Bouaré cuando estaba en el centro de lavado de coches donde trabajaba. No participaba en la protesta pero, como estaba cerca del lugar, fue alcanzado por dos balas, una en el abdomen y otra en el hombro, mientras hacía su trabajo. Perdió el conocimiento cuando lo llevaban al hospital. Le salía mucha sangre por la boca. Murió en el hospital poco después de nuestra llegada.”
La violencia aumentó los días 11 y 12 de julio
Los días 11 y 12 de julio hubo una escalada de la violencia a raíz de la noticia de que las fuerzas de seguridad planeaban detener al imán Mahmoud Dicko después de haber detenido ya a varios líderes del M5-RFP.
Amnistía Internacional habló con varios testigos que habían identificado a los escoltas de Manassa Danioko, presidenta del Tribunal Constitucional, como las personas que habían disparado contra manifestantes a primera hora de la tarde del 11 de julio. Aly Sylla, un hombre de 29 años, estaba entre las víctimas.
Un familiar suyo contó a la organización:
“Durante los enfrentamientos con la policía, Aly recibió un disparo en la cabeza. Varios jóvenes identificaron al autor del disparo como uno de los escoltas de Manassa Danioko. Aly estaba con uno de sus amigos, quien hizo fotografías del escolta y lo identificó. Le dijo al autor del disparo que tenía una buena fotografía suya y que pagaría por su crimen. La policía intentó detenerlo, pero logró escapar.”
Mientras que Aly Sylla murió en el acto, otras víctimas del mismo incidente murieron en el hospital a causa de las heridas. Fue el caso de Sidi Mohamed Doumbia, estudiante de 16 años que estaba trabajando en un taller de reparación de motocicletas de Badalabougou cuando le dispararon. Aunque estaba a una distancia considerable de los policías y las manifestaciones, fue alcanzado por disparos en el abdomen y el brazo. Su padre relató así la desgarradora experiencia de ver morir a su hijo:
“Recuerdo a mi hijo diciéndome: ‘papá, no puedo respirar’. [...] Comprendí que mi hijo se estaba muriendo delante de mí, en el hospital. No sé quién disparó, pero unos muchachos que estaban allí dijeron que había sido uno de los escoltas.”
Hay testigos presenciales de un asalto de la FORSAT a una mezquita
El papel de la unidad especial antiterrorista (FORSAT) de las fuerzas gubernamentales en la detención de líderes del M5-RFP y en el asalto a la mezquita del imán Mahmoud Dicko es también motivo de profunda preocupación y merece una investigación exhaustiva.
Según han relatado varios testigos a Amnistía Internacional, durante una reunión del M5-RFP celebrada el 11 de julio, hombres encapuchados y fuertemente armados que presuntamente pertenecían a la FORSAT llegaron en dos autobuses públicos sin distintivos para disolverla.
“Otros testigos dijeron haber visto a miembros de la FORSAT desplegados para detener a los líderes del M5-RFP el 11 de julio. Y también fueron vistos lanzando un asalto a la mezquita del imán Mahmoud Dicko al anochecer”, ha contado Ousmane Diallo.
“Desplegar efectivos de la FORSAT para mantener el orden público en las manifestaciones contraviene claramente su mandato. Y se traspasó otra línea roja cuando las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra manifestantes.”
En una carta oficial al Ministerio de Seguridad Pública, fechada el 14 de julio, el primer ministro preguntaba las razones que habían justificado el despliegue de la FORSAT y quién lo había autorizado. Aunque Amnistía Internacional considera positiva la medida, pide que se determinen claramente las responsabilidades respecto a quién ordenó a las fuerzas de seguridad disparar contra manifestantes cuando no representaban ninguna amenaza para ellas.
Un estudiante de medicina muerto, un periodista golpeado
Mientras intentaba controlar las protestas y destruir barricadas, la policía también acabó con la vida de Mamadou Ba, estudiante de doctorado en Medicina a quien habían llamado de un centro de salud para que ayudara al personal en su trabajo.
Según un testigo, Mamadou Ba estaba cerca del centro de salud cuando fue alcanzado por un disparo efectuado por los policías posicionados a un centenar de metros en la calle. La bala le produjo lesiones graves y, tras perder mucha sangre, murió en el hospital durante una operación.
Además de Ba, al menos cuatro personas resultaron heridas por disparos en el mismo incidente. Las balas disparadas por las fuerzas de seguridad en respuesta a las manifestaciones también impactaron en un edificio de la misma zona.
Una mujer de 22 años, Koudedja Doucouré, resultó herida de bala en el pecho cuando se asomó a la ventana para ver qué estaba pasando. Amnistía Internacional obtuvo fotografías de impactos de bala en las ventanas y paredes de un edificio próximo al lugar donde estaban posicionadas las fuerzas de seguridad.
También hubo ataques a periodistas durante las protestas.
Según contó un periodista a Amnistía Internacional, unos agentes de policía le habían impedido hacer su trabajo cuando estaba documentando los malos tratos infligidos a tres jóvenes el 11 de julio. Los policías le pidieron el teléfono móvil y, cuando él se negó a entregarlo, empezaron a golpearlo con sus porras en la cabeza, la espalda y las caderas. Después le quitaron a la fuerza el móvil, borraron todas las pruebas de su conducta y lo acusaron de pertenecer al M5-RFP; finalmente se lo devolvieron y dejaron que se marchara.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU establece lo siguiente: “Las reuniones pacíficas desempeñan un papel fundamental al permitir que las personas prueben ideas y enfoques y determinen el grado de apoyo u oposición a esas ideas y enfoques entre la opinión pública. Cuando se utilizan las reuniones pacíficas como medio de denuncia, se puede dar lugar a la oportunidad de resolver conflictos de una manera pacífica e inclusiva. [...] la ausencia [del derecho a organizarse y participar en reuniones pacíficas] es una señal de represión”.
“Debe investigarse el uso de medios letales por las fuerzas de seguridad. Los manifestantes y sus familias merecen saber quién autorizó que las fuerzas de seguridad dispararan contra ellos, y no puede haber una solución creíble a la crisis política si no se respetan los derechos humanos ni se imparte justicia”, ha dicho Ousmane Diallo.
“Las autoridades deben respetar el derecho de reunión pacífica, y es indignante que las fuerzas de seguridad, incluida su unidad especial, dispararan munición real contra manifestantes. Ningún ciudadano merece morir por expresar su opinión o por denunciar la falta de gobernanza en su propio país.”