A casi dos semanas de la privación de la libertad ilegal de cinco hombres en un aparente caso de desaparición forzada en el pueblo costeño de Triunfo de la Cruz, Amnistía Internacional exige que las autoridades hondureñas tomen medidas urgentes para localizarlos con vida lo antes posible.

“Los testimonios apuntan a que los cinco jóvenes habrían sido víctimas de desaparición forzada a manos de supuestos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado hondureño. De confirmarse, este crimen bajo el derecho internacional marcaría otro capítulo atroz en la historia reciente del país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional.

“Exigimos al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que se tomen todas las medidas urgentes para localizar con vida a las cinco personas desparecidas, entre ellas cuatro activistas garífunas de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Asimismo, las autoridades deben realizar una investigación expedita, exhaustiva independiente e imparcial para identificar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de este crimen. No podemos permitir que la impunidad engendre ciclos sin fin de violencia y graves violaciones de derechos humanos."

Testigos afirman que el 18 de julio individuos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones se llevaron de sus casas a cuatro miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez; y a una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía.

Amnistia Internacional envió una carta abierta al presidente Juan Orlando Hernández el 24 de julio, exigiendo que su gobierno garantice la localización de las víctimas, justicia para los hechos y protección colectiva para la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.

El 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y declaró al Estado hondureño culpable de violar el derecho de esta comunidad a la propiedad colectiva. Previamente, el 28 de abril de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares para la comunidad de Triunfo de la Cruz y pedido al gobierno que adoptara las medidas necesarias para proteger el derecho de esta comunidad a la propiedad de sus tierras ancestrales.

En un informe publicado el 29 de julio, la organización internacional Global Witness señaló a Honduras como el quinto país en número de asesinatos a personas defensoras del derecho a la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, y el primero per cápita.

“El gobierno hondureño debe cumplir inmediatamente con sus obligaciones internacionales, incluyendo el reconocimiento del territorio ancestral de la comunidad garífuna, y ejecutar un plan comprehensivo de protección colectiva que ataque las causas estructurales de la violencia en su contra”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Es imperioso que el presidente Hernández priorice en su agenda la situación de personas y comunidades defensoras, para que estos terribles hechos no vuelvan a pasar y las comunidades pueden defender sus derechos sin miedo de represalia.”