“El Consejo de Seguridad de la ONU debe traducir su promesa de garantizar la protección de las personas con discapacidad en los conflictos armados en acciones tangibles sobre el terreno”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, haciéndose eco del vehemente ruego dirigido al organismo mundial por una defensora yemení de los derechos de estas personas.

Raja Abdullah Almasabi, presidenta de la ONG yemení Arab Human Rights Foundation, que defiende los derechos de las personas con discapacidad, se dirigió el martes al Consejo de Seguridad, en una sesión informativa sobre Yemen.

“Raja Abdullah Almasabi ha descrito con elocuencia la dura realidad que tantas personas con discapacidad viven cada día en Yemen. Estas personas vienen sufriendo un impacto desproporcionado durante años de conflicto armado y sus derechos son, con demasiada frecuencia, ignorados en la respuesta de ayuda a una situación que la ONU ha calificado de peor crisis humanitaria del mundo”, dijo Rawya Rageh, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.

“El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió a proteger a las personas con discapacidad en los conflictos. Ha llegado el momento de hacer que esa promesa sea algo más que unas palabras sobre el papel, lo que incluye garantizar que la respuesta humanitaria es más inclusiva y pedir informes periódicos del secretario general y a otros sobre la situación de las personas con discapacidad en contextos de crisis.

Una resolución historica

El 20 de junio de 2019, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución histórica sobre la protección de las personas con discapacidad en los conflictos armados que garantiza su igualdad en el acceso a la asistencia humanitaria. Era la primera vez que el Consejo abordaba en una resolución la forma en que los conflictos armados y otras crisis afectan desproporcionadamente a las personas con discapacidad.

Dos meses antes, Nujeen Mustafa, la primera persona con discapacidad que informaba al Consejo, había descrito su propia experiencia de vivir en Alepo como una niña con discapacidad y la huida posterior de la guerra en Siria, detallando cómo el conflicto rompe las estructuras de las que dependen las personas con discapacidad, e instó a los miembros del Consejo a que incluyeran a estas personas en todos los aspectos de su trabajo.

En los últimos años, la ONU ha redoblado los esfuerzos para garantizar que la respuesta humanitaria es más inclusiva con las personas con discapacidad, y los Estados han renovado su compromiso en este sentido; se calcula que estas personas representan un 15% de la población mundial, es decir, son más de mil millones de personas. No obstante, ha habido pocos cambios tangibles en el terreno.

La ONU ha calificado la situación de Yemen como la peor crisis humanitaria del mundo.

Amnistía Internacional ha documentado con detalle cómo esta crisis y los años de conflicto han tenido un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad, incluidas las desplazadas por los combates.

Basándose en seis meses de investigación que incluyó visitas a tres gobernaciones del sur de Yemen y casi 100 entrevistas, el informe de diciembre de 2019 de la organización Excluded: Living with disabilities in Yemen’s armed conflict examinó el enorme impacto del conflicto en las personas con discapacidad. Documentó sus dificultades al huir de la violencia y los retos que afrontan en los campos para personas desplazadas, como los problemas para acceder a la ayuda y unas condiciones de vida inadecuadas que han menoscabado su dignidad inherente. El informe documentaba también los obstáculos que encontraban las personas con discapacidad para acceder en condiciones de igualdad a los servicios de salud, a la educación y oportunidades de empleo.

En el informe, Amnistía Internacional instaba a las autoridades yemeníes y a la comunidad internacional a que garantizaran que las personas con discapacidad y sus organizaciones son incluidas en el diseño e implementación de la respuesta humanitaria, y que se las consulta efectivamente en los procesos y negociaciones de paz, y participan de forma significativa en ellos.

En sus observaciones ante el Consejo, Raja Abdullah Almasabi abordó muchos de estos retos y llamó la atención sobre la “catastrófica crisis de salud” que afecta actualmente a Yemen en medio de la pandemia de COVID-19. “No hay acciones específicas, focalizadas, para llegar [a las personas con discapacidad], a pesar de que sabemos que corren un riesgo mayor si son infectadas por el virus”, dijo.

La ausencia general de datos fiables sobre personas con discapacidad en Yemen impide saber con claridad cuántas de ellas han contraído la COVID-19 o han fallecido por su causa. Preocupa la falta de acceso de estas personas a información sobre prevención y protección de la COVID-19. Muchas de ellas no pueden mantener la distancia física respecto de las personas de cuya ayuda dependen.

“La propagación de la COVID-19 ha añadido un nivel más de sufrimiento a la crisis humanitaria, ya compleja y terrible, que padece Yemen. La pandemia ha puesto de manifiesto una vez más las deficiencias en la respuesta a la crisis para las personas con discapacidad”, declaró Rawya Rageh.

El conflicto de Yemen ha empobrecido más a las personas con discapacidad y ha destruido la ayuda de la seguridad social, que ya era limitada, que recibían con anterioridad.

Raja Abdullah Almasabi pidió a los miembros del Consejo de Seguridad que dejaran de apoyar a las partes en el conflicto y los instó a que hicieran todo lo que estuviera en su mano para acabar con la guerra y garantizar que las personas con discapacidad tienen voz en las negociaciones de paz. También instó a los miembros del Consejo a que garantizaran que los derechos de las personas con discapacidad son parte integral de la planificación y elaboración de los presupuestos de la respuesta humanitaria.

“Me despido con un ruego sencillo: pueden hacer más. Pueden hacerlo mejor. No somos un elemento secundario. Las personas con discapacidad deben ser parte de todas y cada una de las declaraciones que emitan y de todas y cada una de la resoluciones que estudien. Debemos tener un asiento en la mesa”, concluyó Raja Abdullah Almasabi.