Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un nuevo informe que documenta las experiencias de profesionales de la salud de todo el mundo

“Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un nuevo informe que documenta las experiencias de profesionales de la salud de todo el mundo.

El análisis que ha realizado la organización de los datos disponibles ha revelado que más de 3.000 profesionales de la salud han muerto por la COVID-19 en todo el mundo, cifra probablemente muy inferior a la real.

Resulta alarmante que Amnistía Internacional haya documentado casos en los que profesionales de la salud que denunciaron problemas de seguridad en el contexto de la respuesta a la COVID-19 sufrieron represalias: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos.

“Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas”, ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.

“Es especialmente preocupante ver que algunos gobiernos castigan a quienes expresan su preocupación por unas condiciones laborales que podrían poner en peligro sus vidas. Los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en primera línea son los primeros en saber si la política del gobierno no funciona, y las autoridades que los silencian no pueden decir en serio que están dando prioridad a la salud pública”.

Miles de profesionales han perdido la vida

No existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer la COVID-19.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha recopilado y analizado toda una serie de datos disponibles que muestran que han muerto más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud tras haber contraído la COVID-19 en 79 países del mundo.

“Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un nuevo informe que documenta las experiencias de profesionales de la salud de todo el mundo.

El análisis que ha realizado la organización de los datos disponibles ha revelado que más de 3.000 profesionales de la salud han muerto por la COVID-19 en todo el mundo, cifra probablemente muy inferior a la real.

Resulta alarmante que Amnistía Internacional haya documentado casos en los que profesionales de la salud que denunciaron problemas de seguridad en el contexto de la respuesta a la COVID-19 sufrieron represalias: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos.

“Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas”, ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.

“Es especialmente preocupante ver que algunos gobiernos castigan a quienes expresan su preocupación por unas condiciones laborales que podrían poner en peligro sus vidas. Los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en primera línea son los primeros en saber si la política del gobierno no funciona, y las autoridades que los silencian no pueden decir en serio que están dando prioridad a la salud pública”.

Miles de profesionales han perdido la vida

No existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer la COVID-19.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha recopilado y analizado toda una serie de datos disponibles que muestran que han muerto más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud tras haber contraído la COVID-19 en 79 países del mundo.

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