Tras su reciente reunión con la ministra de Trabajo libanesa, Lamia Yammine, en la que esta afirmó que tiene intención de aprobar un contrato unificado estándar revisado que resuelva las actuales desigualdades del sistema de kafala, Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, ha declarado:

“Aunque la medida signifique un avance considerable hacia el desmantelamiento del abusivo sistema de kafala, pedimos a la ministra que aproveche esta oportunidad para acabar definitivamente con un sistema por el que miles de personas migrantes que trabajan en el sector doméstico están atrapadas en un mundo de sufrimiento.

Todo contrato revisado debe incluir disposiciones fundamentales que ayuden a proteger los derechos de las personas migrantes empleadas en el sector doméstico, como su derecho a despedirse y rescindir su contrato de trabajo a voluntad y su derecho a cambiar de entidad empleadora sin el consentimiento de la que ya tengan.

La medida debe llevar aparejada la creación de una unidad de inspección de trabajo con el cometido específico de vigilar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras migrantes del sector doméstico, e intervenir sin demora en caso de incumplimiento de contrato por las entidades empleadoras.

Además, el Ministerio debería presionar para que se reforme la Ley del Trabajo a fin de que extienda su protección a trabajadoras y trabajadores domésticos, y permitir que las personas migrantes que trabajan en el sector doméstico formen sindicatos, se afilien a ellos, elijan a sus miembros o sean elegidas para integrarlos.”

Información complementaria

En una reunión reciente con Amnistía Internacional, la ministra de Trabajo de Líbano, Lamia Yammine, afirmó que el Ministerio había preparado el borrador de una ley de trabajo reformada que extiende su protección a las personas empleadas en el servicio doméstico. Más tarde tuiteó que el Ministerio estaba trabajando para “reformar” el sistema de kafala, lo que suscitó las críticas de las organizaciones que insisten en su abolición total.

A pesar de varios años de campaña por parte de activistas y organizaciones de derechos humanos para acabar con el sistema de kafala y extender las protecciones laborales a quienes trabajan en el sector doméstico, los anteriores gobiernos libaneses no han abordado de manera significativa estos abusos ni han proporcionado un recurso efectivo a las víctimas del sistema.

Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado casos de personas migrantes empleadas en el sector doméstico que han sido abandonadas por sus entidades empleadoras debido al agravamiento de la crisis económica, sin sueldo y sin sus bienes y pasaportes.

Aunque las obligaciones de pagar en fecha al personal, ofrecerle alojamiento y cubrir el costo de sus billetes de vuelta a casa estén estipuladas en el actual contrato unificado estándar, la entidad empleadora suele incumplir el contrato y quedar impune al no existir un mecanismo de aplicación de la ley.

Líbano acoge a más de 250.000 personas migrantes empleadas en el sector doméstico, en su mayoría mujeres, que proceden de países africanos y asiáticos y trabajan en domicilios particulares. Amnistía Internacional lleva varios años haciendo campaña para que se desmantele el sistema de kafala.