El gobierno nicaragüense tiene la obligación de demostrar que ha utilizado todos los recursos disponibles para proteger el derecho de la población a la salud y el derecho del personal sanitario a unas condiciones laborales justas y favorables, lo cual incluye garantizar la disponibilidad de equipo de protección individual para los trabajadores y trabajadoras de la salud y la protección del derecho de estas personas a expresarse libremente

Tras el despido de al menos 16 trabajadores y trabajadoras de la salud en las últimas semanas, después de que alzaran la voz contra la respuesta del gobierno nicaragüense a la pandemia de COVID-19, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo Mesoamérica, y la Federación Internacional por los Derechos Humanos han publicado hoy una carta abierta al presidente Daniel Ortega en la que expresan preocupación por las acciones de su gobierno.

“Las acciones del gobierno de Nicaragua contra el personal sanitario han minado las posibilidades de salvar muchas más vidas. Hoy pedimos colectivamente al presidente Ortega garantizar que su gobierno escucha la voz de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que son fundamentales para orientar la respuesta de las autoridades a la pandemia. El gobierno debe abandonar inmediatamente su práctica de silenciar a quienes trabajan en el sector salud, despidiéndolos en respuesta a sus demandas públicas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“El gobierno nicaragüense tiene la obligación de demostrar que ha utilizado todos los recursos disponibles para proteger el derecho de la población a la salud y el derecho del personal sanitario a unas condiciones laborales justas y favorables, lo cual incluye garantizar la disponibilidad de equipo de protección individual para los trabajadores y trabajadoras de la salud y la protección del derecho de estas personas a expresarse libremente. Los valientes trabajadores y trabajadoras de la salud que han pedido a la población de Nicaragua que se quede en su casa no deben enfrentar represalias por expresar su preocupación legítima por la salud de la comunidad en general.”