El 4 de junio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas. El informe expone ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la denominada “guerra contra las drogas” emprendida por el presidente Duterte

En respuesta a un informe sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas hecho público hoy, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado:

“Este informe largamente esperado es una dura crítica a la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas.” 

“En esta ‘guerra’ fallida, miles de personas han sido asesinadas por la policía como parte de un ataque generalizado y sistemático contra las comunidades pobres en nombre de la lucha contra las drogas. Al igual que la ONU, sentimos una honda preocupación por la impunidad total de que gozan las personas que han perpetrado estos crímenes, una impunidad que ha permitido la proliferación de más violaciones graves de derechos humanos en el país.”

“Este informe deja clara la necesidad fundamental de que estas violaciones de derechos humanos se investiguen más a fondo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer ahora un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas desde 2016.” 

“Ese mecanismo sería un paso adelante fundamental para abordar la impunidad casi total que alimenta las actuales violaciones de derechos humanos cometidas en Filipinas, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad."

“La comunidad internacional debe apoyar este esfuerzo y transmitir una señal clara de que no mirará hacia otro lado mientras sigue matándose a gente. Debe apoyar a las innumerables víctimas, a sus familias y a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que plantan cara valerosamente a las atrocidades de la administración de Duterte. Es imperativo poner fin a las estrategias fallidas documentadas en el informe de hoy, proporcionar justicia y reparación, y promover nuevas políticas sobre drogas basadas en la salud pública y los derechos humanos.”

Información complementaria

El 4 de junio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas. El informe expone con detalle ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la denominada “guerra contra las drogas” emprendida por el presidente Duterte, así como constantes ataques contra los medios de comunicación, las personas que defienden los derechos humanos y las que se dedican al activismo político.

El informe señala también un entorno de impunidad casi total por los homicidios, falsificación de pruebas durante redadas policiales llevadas a cabo sin orden judicial, reiteradas declaraciones de ánimo por parte de las más altas instancias gubernamentales para que se use fuerza letal en la “guerra contra las drogas”, amenazas a la libertad de expresión, y abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes no estatales.

El informe publicado hoy fue solicitado formalmente por la resolución 41/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 11 de julio de 2019. La resolución, iniciada por Islandia, fue la primera de este tipo sobre Filipinas, y su aprobación vino precedida de una amplia campaña por parte de grupos nacionales e internacionales de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional.

Desde el comienzo de la administración de Duterte, en junio de 2016, miles de personas, en su mayoría procedentes de comunidades pobres y marginadas, han perdido la vida —a manos de la policía o de individuos armados no identificados, al menos algunos de ellos con vínculos con la policía— en la “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno. A pesar de la condena de los grupos locales e internacionales de derechos humanos y de la comunidad internacional, el presidente Duterte ha animado explícitamente a la policía a cometer ejecuciones extrajudiciales, y le ha prometido inmunidad procesal, mientras que los agentes de policía implicados han recibido ascensos.

Los ataques contra quienes defienden los derechos humanos y contra quienes critican al gobierno —incluidos activistas, periodistas, profesionales del derecho, líderes religiosos, líderes sindicales y personas y grupos afiliados a la izquierda política— también han aumentado en un clima de total impunidad. Muy recientemente, el gobierno cerró ABS-CBN, la red de radio y TV más grande del país, y amenazó con matar a quienes violaran las cuarentenas y los toques de queda impuestos por la COVID-19.

No se trata sólo de que prácticamente no haya habido rendición de cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos; además, el presidente y otros altos cargos han seguido animando a la policía a matar. El clima de impunidad total resultante ha alimentado un ambiente generalizado de miedo para las víctimas de violaciones de derechos humanos y para quienes llaman la atención hacia la situación, y deja a la policía y a otras personas libres de cometer nuevas ejecuciones extrajudiciales sin consecuencias.

La resolución 41/2 del Consejo de Derechos Humanos fue un importante primer paso para abordar el notable deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas a lo largo de los últimos cuatro años, pero es esencial que el Consejo ahora adopte un enfoque más firme en respuesta a las graves conclusiones de informe inicial de evaluación. En concreto, Amnistía Internacional pide un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas desde 2016, que incluya en su mandato contribuir a la rendición de cuentas.