Las impactantes imágenes de mujeres, hombres, niñas y niños rohinyás siendo rescatados de embarcaciones desvencijadas tras peligrosas travesías por mar siguen retransmitiéndose por todo el mundo.

Según los informes, hay más embarcaciones —con centenares más de rohinyás— que permanecen varadas en el mar en necesidad urgente de ser rescatadas. Estas naves no tienen donde atracar, ya que los países, utilizando como pretexto las restricciones impuestas por la COVID-19, siguen haciendo caso omiso de sus obligaciones internacionales de permitir un desembarco seguro.

Estas políticas amenazan con elevar el riesgo de que se repitan los peligrosos errores cometidos en 2015, cuando el desmantelamiento de redes de tráfico de personas dejó a miles de rohinyás a la deriva en aguas del sureste asiático; probablemente cientos de personas perdieron la vida.

Aquí, Amnistía Internacional explica por qué las personas rohinyás lo siguen arriesgando todo para huir de los abarrotados campos de refugiados de Bangladesh y de las condiciones de apartheid en Myanmar.

También explicamos cómo pueden ayudar los países de la región, y por qué no se debe devolver a los rohinyás de vuelta a Myanmar.

¿Quiénes forman la población rohinyá?

La población rohinyá es una minoría étnica mayoritariamente musulmana en Myanmar. Hasta hace poco, más de un millón de estas personas vivían sobre todo en el estado de Rajine, en el oeste del país, cerca de la frontera con Bangladesh.

A prácticamente todas ellas se les ha retirado la nacionalidad y no pueden reclamar razonablemente que se les conceda otra nacionalidad en ningún otro país. Myanmar insiste en que no existe un grupo así en el país, y en su lugar afirma que son “inmigrantes ilegales” de Bangladesh. Su negativa a reconocer a estas personas como ciudadanas convierte de hecho a la mayoría de ellas en apátridas. 

La falta de ciudadanía ha tenido una serie de repercusiones sumamente negativas en las vidas de estas personas, y ha permitido a las autoridades de Myanmar imponer severas restricciones a su libertad de circulación, lo que de hecho las ha segregado del resto de la sociedad. En consecuencia, luchan por tener acceso a atención de la salud, escuelas y empleos. Esta discriminación sistemática constituye apartheid, un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.

Desde agosto de 2017, más de 740.000 rohinyás han huido de sus hogares en el estado de Rajine, en el norte de Myanmar, tras emprender las fuerzas armadas una brutal campaña de violencia en su contra.

Durante esta campaña, lanzada para responder a ataques coordinados contra puestos de seguridad cometidos por un grupo armado denominado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, el 25 de agosto de 2017 las fuerzas de seguridad mataron a miles de rohinyás, violaron a mujeres y niñas, trasladaron a hombres y niños a lugares de detención donde fueron torturados, y redujeron a cenizas cientos de viviendas y poblados en acciones claramente constitutivas de crímenes de lesa humanidad.

El informe de una misión de investigación de la ONU ha concluido que estos crímenes podrían constituir también genocidio. En los años posteriores a la campaña, la población rohinyá ha seguido huyendo a través de la frontera en números más reducidos, escapando de la persecución y del creciente conflicto armado en el estado de Rajine. En octubre de 2018, un representante de la misión de investigación declaró que en Myanmar había “un genocidio en curso”.

Aunque la crisis que vive el estado de Rajine desde de agosto de 2017 carece de precedentes en cuanto a la magnitud del desplazamiento, no es la primera vez que el Estado de Myanmar expulsa con violencia a la población rohinyá de sus hogares y poblados y del país. A finales de la década de 1970 y de nuevo a principios de la de 1990, cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir a Bangladesh después de importantes operaciones represivas de las fuerzas armadas que fueron acompañadas de amplias violaciones de derechos humanos.

Mas recientemente, en 2016 —en lo que muchos vieron como un preludio a la violencia de 2017—, casi 90.000 rohinyás se vieron obligados a huir a Bangladesh después de que las fuerzas de seguridad de Myanmar respondieran a los ataques lanzados por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán en puestos policiales. La campaña de violencia atacó a la comunidad en su conjunto. En ese momento, Amnistía Internacional consideró que estos actos podían haber constituido crímenes de lesa humanidad.

En la actualidad, se estima que las personas rohinyás refugiadas en Bangladesh son casi un millón.

Ante la vida en condiciones de apartheid en Myanmar y las escasas oportunidades de ganarse el sustento en los campos de refugiados de Bangladesh, la población rohinyá ha intentado llegar a Malasia, Tailandia, Indonesia y otros países. La falta de visados y documentos de viaje y las estrictas restricciones a la libertad de circulación, que hacen que las conexiones por tierra sean casi imposibles, convierten a menudo las travesías por mar en la única opción.

Si bien el gobierno bangladeshí ha acogido generosamente a las personas refugiadas, a la gran mayoría no les ha concedido la condición de refugiado, por lo que estas personas carecen de estatuto jurídico en ambos lados de la frontera. Bangladesh no es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967.

Las personas refugiadas rohinyás en Bangladesh viven apiñadas en albergues precarios, la mayoría hechos de frágiles lonas y bambú. Durante la inminente temporada de monzón, que comenzará en junio, muchos hogares podrían sufrir graves daños, al igual que en años anteriores. Cox’s Bazar, donde se encuentran la mayoría de las personas refugiadas rohinyás, es propensa tanto a los corrimientos de tierras como a las inundaciones repentinas. Un ciclón durante este periodo agravaría aún más la situación. Los campos sufren una congestión extrema, con una densidad de 40.000 personas por kilómetro cuadrado. La zona en la que se ha refugiado la mayoría de la población rohinyá es tan extensa que podría contarse como la cuarta ciudad más grande de Bangladesh, con casi un millón de personas, incluida la comunidad de acogida local.

Las autoridades de Bangladesh han impuesto amplios cierres del acceso a Internet en los campos de refugiados, con lo que han dejado a la comunidad cada vez más aislada y sin capacidad para acceder a información crucial sobre cómo protegerse en la pandemia, mientras la COVID-19 amenaza con matar a muchas personas en los abarrotados campos después de que se detectara allí el primer caso este mes.

Los gobiernos de Asia meridional y el sureste asiático deben lanzar de inmediato operaciones de búsqueda y salvamento para las personas rohinyás varadas en el mar, llevarles comida y medicinas y permitirles un desembarco seguro. Las autoridades no deben obligar a las embarcaciones a darse la vuelta. La respuesta a la pandemia de COVID-19 no debería ser una excusa para impedir a la población rohinyá desembarcar sin peligro y pedir asilo.

Las autoridades deben garantizar que el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, tiene acceso completo y sin trabas a las personas que lleguen por mar. Ninguna persona rohinyá tendría que sufrir más angustia de la que ya ha sufrido, con la excepción del tiempo que tenga que pasar en cuarentena y del tratamiento médico que están administrando las agencias humanitarias.

Los gobiernos de Bangladesh y Myanmar también deben mantener su compromiso de que las personas refugiadas rohinyás sólo retornarán si lo pueden hacer de forma segura, voluntaria y digna. Ambos gobiernos deben garantizar que las personas refugiadas en Bangladesh pueden tomar decisiones libres e informadas respecto al retorno a Myanmar, basadas en el acceso a información completa e imparcial sobre las condiciones en el estado de Rajine y en el apoyo para permanecer en Bangladesh si así lo deciden.

Ambos gobiernos deben garantizar también que la población rohinyá es consultada e incluida en todas las decisiones que afecten a su futuro. En este momento, la población refugiada rohinyá no participa en negociación alguna, y las decisiones acerca de su futuro se toman sin su conocimiento y, por tanto, obviamente sin su consentimiento.

Este mismo mes, las personas rohinyás rescatadas por las autoridades de Bangladesh fueron llevadas a Bhashan Char, una isla remota frente a la costa, cerca de donde están situados los campos de refugiados rohinyás. Las autoridades han declarado que estas personas están allí en cuarentena. Hay muchos motivos de preocupación en torno a las instalaciones de Bhashan Char, incluida la capacidad de la isla para hacer frente a los devastadores ciclones, una amenaza habitual en Bangladesh. Lo que es más importante, aún está pendiente una evaluación técnica sobre la isla realizada por las Naciones Unidas para determinar su habitabilidad. Es imperativo que las personas rohinyás no permanezcan en la isla contra su voluntad.

Las autoridades también deben permitir el libre flujo de información tanto en los abarrotados campos de Bangladesh como en las zonas del norte del estado de Rajine y el sur del estado de Chin en las que actualmente se ha bloqueado el acceso a Internet, para que las personas rohinyás tengan pleno conocimiento de las medidas para responder a la pandemia y de cómo protegerse ellas y proteger a sus familiares.

Aparte del acceso a Internet, es preciso tomar medidas destinadas específicamente a proteger a las personas refugiadas de más edad, ya que muchas no tienen acceso a teléfonos inteligentes. Además, hay una necesidad urgente de acceso a agua no contaminada, jabón y ayuda para mantener las medidas de distanciamiento social con el fin de que todas las personas refugiadas tengan garantizado el derecho a la salud durante la pandemia.

La comunidad internacional también debe hacer mucho más para apoyar a Bangladesh y compartir la responsabilidad y la carga económica que representa acoger a casi un millón de personas refugiadas en un momento en el que su economía sufre ya los efectos de la desaceleración mundial relacionada con la pandemia. Finalmente, la población refugiada rohinyá tiene derecho a seguir solicitando asilo, y los Estados deben mantener abiertas las fronteras a las personas refugiadas que siguen huyendo ahora o que lo hagan en el futuro.

La población rohinyá corre peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos en Myanmar. El derecho internacional, y en concreto el principio de no devolución (non-refoulement), prohíbe a los Estados devolver a personas a lugares donde su vida o su libertad corran grave peligro.

De hecho, la ONU ha afirmado reiteradamente que las condiciones en Myanmar no son propicias para estos retornos. Las condiciones en Myanmar se han deteriorado aún más después de que los combates entre el Ejército de Arakán —otro grupo armado diferente que pide más autonomía para los budistas de etnia rajine— y el ejército de Myanmar se intensificaran en enero de .2019.

Las personas rohinyás tienen el derecho humano inalienable de regresar a Myanmar y vivir en ese país: es su hogar, y si así lo deciden se les debe permitir que regresen. Pero los gobiernos no deben organizar retornos a menos éstos sean seguros, voluntarios, sostenibles y dignos. 

Como parte de este proceso, es preciso desarticular el arraigado sistema de discriminación y segregación que para empezar fue la causa de la huida de la población rohinyá. Un retorno en condiciones de seguridad y dignidad significa garantizar que, una vez de regreso, estas personas pueden disfrutar de igualdad de derechos y de ciudadanía y que cesarán las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas, incluidos los crímenes de derecho internacional.

El retorno en condiciones de seguridad y dignidad exige también que los responsables de los terribles abusos cometidos contra la población rohinyá rinden cuentas. En la situación actual, casi todos los autores de tales actos continúan en libertad y siguen eludiendo la acción de la justicia, al tiempo que conservan puestos de poder que les permiten perpetrar más violaciones de derechos humanos. No se puede dejar que la población rohinyá viva con temor a una nueva oleada de violencia que, en caso de sobrevivir, les obligue a cruzar una vez más la frontera.

En enero de 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Myanmar que adoptara “medidas provisionales” para prevenir los actos de genocidio contra la comunidad rohinyá después de que Gambia iniciara una causa en la que acusaba a Myanmar de incumplir sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio, de 1948. Hasta el momento, las autoridades de Myanmar han hecho muy poco para cumplir la orden.

Sin embargo, la Corte no tiene jurisdicción para juzgar a personas acusadas de abusos contra la población rohinyá y contra otras minorías en los estados de Rajine, Kachin y el norte de Shan. Por tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.