Desde agosto de 2017, más de 720.000 rohingyas han huido de una brutal campaña de violencia de las fuerzas de seguridad de Myanmar y han buscado refugio en un país vecino, Bangladesh.

 

Esta semana, algunas personas refugiadas podrían ser devueltas de Bangladesh a Myanmar en virtud de un acuerdo alcanzado previamente entre ambos gobiernos que eludió las protecciones establecidas en virtud del derecho internacional.

 

A continuación, Amnistía Internacional explica cómo se ha llegado a esta situación y por qué la devolución de personas refugiadas rohingyas a Myanmar es ilegítima, ya que es prematura y pone en las vidas de estas personas, su libertad y otros derechos humanos fundamentales.

 

La población rohingya es una minoría étnica mayoritariamente musulmana en Myanmar. Hasta hace poco, más de un millón vivían sobre todo en el estado de Rajine, en el oeste del país, fronterizo con Bangladesh.

 

La población rohingya reivindica antiguos lazos con el estado de Rajine, y la inmensa mayoría de estas personas nacieron en el país, al igual que sus padres y sus abuelos. Casi todas ellas carecen de nacionalidad y sólo pueden reclamar la suya de forma razonable en Myanmar. Pese a ello, el gobierno insiste en que no existe este grupo en el país, y afirma que son “inmigrantes ilegales” de Bangladesh. Se niega a estas personas como ciudadanos, lo que en la práctica las convierte en apátridas.

 

La falta de ciudadanía ha tenido numerosas repercusiones negativas en sus vidas, y ha permitido a las autoridades de Myanmar imponer severas restricciones a su libertad de circulación, lo que de hecho las ha segregado del resto de la sociedad. En consecuencia, luchan por tener acceso a atención de la salud, escuelas y empleos. Esta discriminación sistemática constituye apartheid, crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.

 

Desde agosto del año pasado, más de 720.000 rohingyas han huido de sus hogares en el estado de Rajine, en el norte de Myanmar, tras emprender las fuerzas armadas una brutal campaña de violencia en su contra. Durante esta campaña, lanzada para responder a ataques coordinados contra puestos de seguridad cometidos por el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, las fuerzas de seguridad mataron a miles de rohingyas, violaron a mujeres y niñas, trasladaron a hombres y niños a lugares de detención donde fueron torturados, y redujeron a cenizas cientos de viviendas y poblados en acciones claramente constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Un informe de la ONU ha concluido que estos crímenes podrían constituir también genocidio.

 

Aunque la crisis en el estado de Rajine desde el 25 de agosto carece de precedentes en cuanto a la magnitud del desplazamiento, no es la primera vez que el Estado de Myanmar expulsa con violencia a la población rohingya de sus hogares y poblados y del país. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1990, cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir a Bangladesh después de importantes operaciones represivas de las fuerzas armadas que fueron acompañadas de amplias violaciones de derechos humanos.

 

En fechas más recientes, en 2016, casi 90.000 personas rohingyas se vieron obligadas a huir a Bangladesh tras responder las fuerzas de seguridad de Myanmar a los ataques a puestos de policía lanzados por un grupo armado rohingya con una campaña de violencia dirigida contra la comunidad en su conjunto. En ese momento, Amnistía Internacional consideró que estos actos podían haber sido constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

 

En la actualidad, la ONU calcula que el número total de personas refugiadas rohingyas en Bangladesh es superior a 900.000.

 

Al principio, las personas recién llegadas fueron bien acogidas. En todo Bangladesh se observó una gran simpatía por la minoría perseguida que se había visto obligada a abandonar sus hogares. El gobierno de Bangladesh, cuya posición hacia los rohingyas era desde hacía tiempo ambivalente, los acogió.

 

Durante una visita a los campos de refugiados rohingyas, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, declaró que, si su país podía alimentar a sus 160 millones de personas, también podría alimentar a unos cientos de miles de refugiados rohingyas.

 

Si bien el gobierno bangladeshí ha acogido generosamente a las personas refugiadas, no les ha concedido la condición de refugiado, por lo que carecen de estatuto jurídico en ambos lados de la frontera. Bangladesh no es Estado signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU.

 

Las personas refugiadas viven apiñadas en albergues precarios, la mayoría hechos de frágiles lonas y bambú. Durante la dura estación de los monzones, muchas viviendas estuvieron expuestas a sufrir daños. Se reubicó a miles de familias y se reforzaron los albergues. Pero continúan en situación de riesgo en caso de que un ciclón les afecte. Los campos también están extremadamente congestionados. La zona en la que se ha refugiado la mayoría de la población rohingya es tan extensa que podría contarse como la cuarta ciudad más grande de Bangladesh, con casi un millón de personas, incluida la comunidad de acogida local que allí reside.

 

Las personas rohingyas tienen el derecho humano inalienable de regresar a Myanmar y vivir en ese país: es su hogar, y si así lo deciden se les debe permitir que regresen. Pero los gobiernos no deben organizar retornos a menos que garanticen que son seguros, voluntarios y dignos. En la situación actual, ninguna de estas condiciones se ha cumplido, pese a las afirmaciones en sentido contrario tanto del gobierno de Myanmar como del bangladeshí. La ONU ha afirmado reiteradamente que las condiciones en Myanmar no son propicias para estos retornos. El gobierno de Bangladesh ha accedido a que el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, supervise el proceso de retorno. El ACNUR ha asumido la responsabilidad de entrevistar a todas las familias que expresen su disposición a regresar y de certificar el carácter voluntario de este retorno antes de que puedan ser repatriadas a Myanmar. Esto incluye garantizar que también se ofrece a las personas refugiadas la opción de quedarse en Bangladesh si así lo deciden.

 

El cruel y arraigado sistema de discriminación y segregación que fue la causa original de la extrema vulnerabilidad de la población rohingya debe ser desarticulado. Un retorno en condiciones de seguridad y dignidad significa también garantizar que, una vez de regreso, estas personas pueden disfrutar de igualdad de derechos y de ciudadanía y que cesarán las violaciones extremas de derechos humanos que han venido sufriendo.

 

El retorno en condiciones de seguridad y dignidad exige también que los responsables de los terribles abusos cometidos contra la población rohingya rinden cuentas. En la situación actual, casi todos los autores de tales actos continúan en libertad y siguen eludiendo la acción de la justicia, conservando al mismo tiempo puestos de poder que les permiten perpetrar más violaciones de derechos humanos. No se puede dejar que la población rohingya viva con temor a una nueva oleada de violencia que, en caso de sobrevivir, les obligue a cruzar una vez más la frontera.

 

La devolución de personas refugiadas de Bangladesh a Myanmar, donde su vida, su seguridad y otros derechos humanos fundamentales continúan en grave riesgo, constituye una violación del principio fundamental de no devolución (non-refoulement) consagrado en el derecho internacional.

 

Los gobiernos de Bangladesh y Myanmar deben mantener su compromiso de que las personas refugiadas rohingyas sólo retornarán en condiciones de seguridad y voluntariedad y con dignidad. Ambos gobiernos deben garantizar asimismo que las personas refugiadas en Bangladesh pueden tomar decisiones libres e informadas respecto al retorno, basadas en el acceso a información completa e imparcial sobre las condiciones en el estado de Rajine y en el apoyo para permanecer en Bangladesh si así lo deciden.

 

Ambos gobiernos deben garantizar también que la población rohingya es consultada e incluida en todas las decisiones que afecten a su futuro. En este momento, la población refugiada rohingya no participa en negociación alguna, y las decisiones acerca de su futuro se toman sin su conocimiento y, por tanto, obviamente sin su consentimiento.

 

En tanto agencia de la ONU que tiene el mandato de proteger a las personas refugiadas, el ACNUR debe desempañar un papel fundamental en todo proceso de retorno organizado, lo que debe incluir proporcionar a las personas refugiadas información objetiva, actualizada y exacta en los idiomas y formatos pertinentes para que puedan tomar decisiones realmente libres e informadas acerca de si desean ejercer su derecho a retornar y cuándo, obtener su consentimiento y supervisar que las condiciones para retornar a Myanmar son seguras, antes, durante y después de que cualquier retorno tenga lugar, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

 

La comunidad internacional debe desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que los retornos no son forzados, pero también de presionar a Myanmar para que cree las condiciones que permitan retornos seguros, voluntarios y dignos. La comunidad internacional también debe hacer mucho más para apoyar a Bangladesh y compartir la responsabilidad y la carga económica que representa acoger a casi un millón de personas refugiadas. Es vergonzoso que sólo se haya comprometido el 40% de la solicitud de 950 millones de dólares de EE. UU. formulada por la ONU. Gobiernos y donantes de todo el mundo tienen que dar un paso adelante para apoyar estos esfuerzos.

 

Finalmente, la población refugiada rohingya tiene derecho a seguir solicitando asilo en Bangladesh, y las autoridades de este país deben mantener abiertas las fronteras a las personas refugiadas que siguen huyendo ahora o que lo hagan en el futuro. El gobierno de Bangladesh debe explorar también todas las opciones para garantizar la continuidad de la protección internacional para esta comunidad. Para que el retorno sea realmente voluntario, las personas refugiadas necesitan alternativas, lo cual incluye permanecer en Bangladesh con salvaguardias respecto al asilo, incluida la condición de refugiado, y reasentarse o reubicarse en un tercer país si así lo deciden Hasta ahora, estas opciones no existen.