En las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados. Mientras Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas, es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo

Mientras representantes de los gobiernos se reúnen en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar decisiones fundamentales en relación con la respuesta internacional a la pandemia del COVID-19, Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe sobre la deplorable situación del personal sanitario en las Américas. El informe insta a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de ésta, y hace un llamamiento a Estados Unidos para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la OMS.

El costo de curar: Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá documenta cómo quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, mientras que en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos. El informe pide también a los gobiernos que garanticen unas condiciones de trabajo seguras para las personas que trabajan en el área de limpieza y otro personal de apoyo que está en situación de riesgo debido a su trabajo en instalaciones de atención de la salud y residencias de personas mayores.

“En estos tiempos difíciles, tenemos una inmensa deuda de gratitud con el personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de enfermería, auxiliares de enfermería, personal subalterno de hospitales y especialistas en epidemiología por su incansable trabajo para mantenernos seguros. Pero no basta con darles las gracias. Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que no se vuelven a poner en un riesgo tan horrendo sus derechos básicos y su seguridad”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados. Mientras Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas, es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo. Esta pandemia no conoce fronteras, y Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliega donde más se necesita.”

De 21 entrevistas en profundidad realizadas por Amnistía Internacional con profesionales sanitarios en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, sólo en dos casos dijeron a Amnistía Internacional que consideraban que tenían equipos de protección personal (EPP) adecuados o casi adecuados. El resto plantearon motivos de preocupación relativos a la falta de EPP adecuados. También plantearon inquietudes relativas a bajas por enfermedad, periodos de descanso y apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo.

Las directrices de la OMS sobre uso racional de los EPP establecen que el personal de limpieza y mantenimiento deben tener más EPP que muchos otros miembros del personal hospitalario, incluido el personal médico y de enfermería que pueden no tener contacto con pacientes del COVID-19. Sin embargo, Amnistía Internacional observó que a menudo el personal de limpieza está mal pagado, recibe prestaciones de seguridad social precarias, y en algunos casos trabaja para empresas que no garantizan el uso de EPP adecuados. Un médico de Honduras dijo a Amnistía Internacional que veía a personal de limpieza en su hospital realizar las tareas de limpieza con las manos desnudas en zonas que habían estado expuestas a pacientes con COVID-19.

Un limpiador de 70 años que ganaba poco más de 5 dólares de Estados Unidos al día trabajando para una empresa privada en un hospital estatal de Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que, cuando preguntó si podía dejar de limpiar las zonas donde están ingresados decenas de pacientes del COVID-19, ya que no tenía EPP alguno y corría un riesgo especial debido a su edad, su empleador accedió, pero le redujo el salario en 16%.

Numerosos profesionales de la salud expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos de quienes hablaron con Amnistía Internacional habían sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o habían sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo. Tainika Somerville, auxiliar de enfermería en una residencia de personas mayores, propiedad de una empresa privada en Chicago, fue despedida después de filmar una emisión en directo en Facebook en la que denunciaba la falta de EPP en su lugar de trabajo. Las personas que trabajan en residencias de personas mayores corren un riesgo especial, y medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá han informado de que son epicentros de muertes relacionadas con el COVID-19.

En Nicaragua, el personal sanitario corre un riesgo especial porque el gobierno ha subestimado reiteradamente la magnitud de la pandemia del COVID-19 en el país. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua dijo a Amnistía Internacional que no sólo se ha despedido a profesionales de la salud por usar EPP en el trabajo, sino que a veces se les ha despojado violentamente de su equipo de protección. Aunque la vicepresidenta de Nicaragua anunció el 28 de abril que podían usarse EPP y que comenzaría el distanciamiento social, el gobierno de Daniel Ortega sigue restando importancia a la pandemia, a pesar del aumento del número de casos. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido de medidas inadecuadas en Nicaragua, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado su preocupación respecto a los despidos injustos de profesionales de la salud que han expresado su opinión en el país.

Las restricciones de la libertad de expresión han afectado también al derecho a la salud y al acceso de las personas a información relacionada con la salud. En Venezuela, donde las autoridades han encarcelado a periodistas por publicar información sobre la pandemia, los datos oficiales cuando se redacta este comunicado informan de solamente 541 personas infectadas con COVID-19 y 10 muertes, cifras que parecen inferiores a las reales.

“Es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades, periodistas y profesionales de la salud que alzan su voz con valentía para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Los profesionales de la salud han sufrido también estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia. Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas.

A mediados de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó dos decretos que habrían reforzado la seguridad del personal sanitario en el trabajo, sólo unos días después de haber acusado a organizaciones de derechos humanos de trabajar “para lograr que mueran más humanos”. Esta declaración del presidente pasaba por alto el hecho de que la OMS indica expresamente que “[l]as violaciones o la inobservancia de los derechos humanos pueden conllevar graves consecuencias sanitarias”.