El 1 de mayo de 2019, se presentaron cargos contra Aung Marm Oo en aplicación del artículo 17.2 de la Ley de Asociaciones Ilícitas de Myanmar, que dispone hasta cinco años de cárcel para quien gestione, ayude o promueva una asociación ilícita. Hasta la fecha, Aung Marm Oo no sabe con certeza el motivo de los cargos, ya que las autoridades no han enviado a su familia ni a DMG ninguna carta oficial en la que se explique

Aung Marm Oo, de etnia rajine, redactor jefe de una agencia de noticias radicada en el estado de Rajine, lleva escondido más de un año tras haberse presentado cargos contra él por violar la Ley de Asociaciones Ilícitas. Su agencia, Development Media Group (DMG), ha venido informando sobre violaciones perpetradas durante el conflicto armado que se desarrolla entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán, grupo armado rajine. Si es declarado culpable en virtud de esta ley represiva, que a menudo se usa contra las minorías étnicas en Myanmar, se enfrenta a hasta cinco años de cárcel.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Fiscal General de Myanmar / Union Attorney-General
U Tun Tun Oo

Union Attorney General Office No. 25

Nay Pyi Taw

Myanmar

Fax: + 95 67 404106

Correo-e: ago.h.o@mptmail.net.mm

Señor Fiscal General U Tun Tun Oo:

Le escribo para instarle a que retire de inmediato los cargos de motivación política presentados contra Aung Marm Oo. Dada su condición de redactor jefe y director ejecutivo de la agencia de noticias Development Media Group (DMG), radicada en el estado de Rajine, se cree que está en el punto de mira por la cobertura informativa que ofrece esta agencia de las violaciones perpetradas durante el conflicto armado entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán en los estados de Rajine y Chin. El derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa debe respetarse, protegerse y promoverse plena y realmente, y las personas que trabajan en los medios de comunicación deben poder desempeñar sus labor sin sufrir intimidaciones, hostigamientos, amenazas de arresto o acciones judiciales.

Es preocupante que más de un año después de que la Brigada Especial de la policía presentara cargos contra Aung Marm Oo en aplicación del apartado 17.2 de Ley de Asociaciones Ilícitas, las autoridades aún no hayan facilitado información por escrito a sus familiares ni a Development Media Group sobre el motivo de las acusaciones. No se ha explicado por qué las autoridades registraron su domicilio, hicieron preguntas a sus familiares e interrogaron a sus colegas sobre su paradero y sobre la cobertura informativa de DMG de la situación en el estado de Rajine.

Como sin duda sabe, las leyes y normas internacionales de derechos humanos disponen que cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a ser informada sin demora y detalladamente de la naturaleza y la causa de los cargos presentados contra ella. El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. La cobertura informativa crítica sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército no debe estar restringida y bajo ninguna circunstancia debe ser criminalizada.

También me alarma la represión que se está ejerciendo contra medios de comunicación independientes y activistas pacíficos en Myanmar. Al menos tres trabajadores de otros medios de comunicación han sido acusados de violar leyes antiterroristas en los dos últimos meses, y DMG está encontrando dificultades para renovar sus licencias de prensa y edición, lo cual le impide ejercer su actividad y llevar a cabo su trabajo legalmente. Estas acciones judiciales son posibles gracias a una serie de leyes de imprecisa redacción que permiten a las autoridades arrestar, detener y procesar a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que desarrollan su activismo pacíficamente.

Por consiguiente, le escribo para instarlo, con carácter de urgencia, a:

• Retirar todos los cargos contra Aung Marm Oo y otras personas que trabajan en los medios de comunicación y que pueden ser encarceladas simplemente por llevar a cabo su labor periodística;
• Revisar y derogar o modificar las leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluida la Ley de Asociaciones Ilícitas, para ponerlas en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos;
• Garantizar un entorno seguro para que todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y otras lleven a cabo su labor y ejerzan sus derechos humanos sin sufrir represalias.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Aung Marm Oo (alias Aung Min Oo, alias Oo Ba Khin) es director ejecutivo y redactor jefe de Development Media Group (DMG), una agencia fundada en 2012 que informa sobre noticias y temas de actualidad, centrándose principalmente en el estado de Rajine, en el oeste de Myanmar. Desde comienzos de 2019, cuando se recrudecieron los combates entre el ejército de Myanmar y el grupo armado de etnia rajine Ejército de Arakán (AA), DMG ha estado informando regularmente sobre violaciones y abusos contra los derechos humanos, especialmente los cometidos por el ejército de Myanmar.

El 1 de mayo de 2019, se presentaron cargos contra Aung Marm Oo en aplicación del artículo 17.2 de la Ley de Asociaciones Ilícitas de Myanmar, que dispone hasta cinco años de cárcel para quien gestione, ayude o promueva una asociación ilícita. La Ley de Asociaciones Ilícitas es una disposición de redacción imprecisa que las autoridades de Myanmar utilizan desde hace tiempo para arrestar y detener a civiles de minorías étnicas en zonas de conflicto. Hasta la fecha, Aung Marm Oo no sabe con certeza el motivo de los cargos, ya que las autoridades no han enviado a su familia ni a DMG ninguna carta oficial en la que se explique. Aung Marm Oo cree que tienen que ver con la cobertura informativa realizada por DMG, y lleva oculto más de un año por temor a que lo detengan.

En virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a ser informada sin demora y en detalle del carácter y la causa de los cargos presentados contra ella. Esta información debe proporcionarse por escrito, o ser confirmada por escrito si se facilita verbalmente. Al no informar a Aung Marm Oo de los cargos presentados contra él, las autoridades de Myanmar no sólo le están negando este derecho, sino que están poniendo en riesgo su derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, que también está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y es una salvaguardia fundamental contra los juicios injustos. El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. La cobertura informativa crítica sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército no debe estar restringida y bajo ninguna circunstancia debe ser criminalizada.

Amnistía Internacional y otras personas y entidades han documentado graves violaciones perpetradas por el ejército de Myanmar en los estados de Rajine y Chin, incluidos crímenes de guerra, y también  abusos perpetrados por el Ejército de Arakán. La lucha entre ambas fuerzas continúa, y los informes de violaciones son constantes. El gobierno sigue restringiendo el uso de Internet en ocho municipios de los dos estados donde continúa el conflicto armado. A medida que se agravan los combates entre ambas fuerzas y se denuncian nuevas violaciones, las autoridades atacan a agencias de noticias y periodistas que informan sobre el conflicto. Son al menos tres las personas que trabajan en medios de comunicación que han sido acusadas de violar leyes antiterroristas tras emitir entrevistas o pedir declaraciones a Khine Thu Kha, portavoz del Ejército de Arakán, declarada asociación ilícita el 23 de marzo de 2020.

Una de estas tres personas es Nay Myo Lin, director de Voice of Myanmar, publicación de Mandalay, la segunda mayor ciudad de Myanmar, que estuvo detenido más de una semana acusado en virtud de los artículos 50.a y 52.a de la Ley Antiterrorista por publicar una entrevista con el portavoz del Ejército de Arakán. Aunque su caso fue desestimado por el tribunal y quedó en libertad, podría haber sido condenado a cadena perpetua si hubiera sido declarado culpable. Hline Thit Zin Wai (alias Tha Lun Zaung Htet), director y fundador de Khit Thit Media, una publicación que informa con frecuencia sobre los derechos humanos y la situación en el estado de Rajine, es otro trabajador de medios de comunicación que se enfrenta a cargos tras haber sido acusado de violar la Ley Antiterrorista, aunque aún no ha sido arrestado. El tercero es Mrat Kyaw, director de Narinjara, publicación de la capital del estado de Rajine (Sittwe), contra quien se presentaron cargos por la publicación de un artículo en el que se había pedido al portavoz del Ejército de Arakán que hiciera declaraciones. Ahora está oculto.

La represión de la libertad de prensa se ha hecho más amplia en medio de la pandemia de COVID-19, al bloquear las autoridades sitios web de medios de comunicación independientes. En marzo de 2020, las autoridades publicaron tres órdenes que supusieron el bloqueo de 2.147 sitios web, incluidos los de medios de comunicación de diversas etnias, en virtud del artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones, que otorga al gobierno facultades amplias y arbitrarias para suspender las redes de telecomunicaciones.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés o birmano/myanmaro También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde DEL: 18 de junio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Aung Marm Oo (masculino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa16/0580/2019/es/