“Deben anularse inmediatamente las decisiones de los jueces de una ‘sección de terrorismo’ del Tribunal Penal de El Cairo de ampliar —sin respetar las garantías procesales básicas— la detención preventiva de más de 1.600 personas, entre las que hay numerosos presos y presas de conciencia”, ha declarado Amnistía Internacional. La organización también ha pedido a las autoridades egipcias que pongan en libertad, de inmediato y sin condiciones, a todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos.

Los jueces dictaron estas decisiones entre el 4 y el 6 de mayo, sin que estuvieran presentes ante el tribunal ninguna de las personas afectadas. Se impidió a sus abogados que expusieran su defensa. Las personas enjuiciadas afectadas están en detención preventiva prolongada, en algunos casos desde hace más dos años, pendientes de las investigaciones de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado.

“Las autoridades egipcias deben anular inmediatamente la reciente serie de decisiones de ampliar la detención preventiva y garantizar que todas las personas afectadas por esta situación pueden recurrir contra la legalidad de su detención y comunicarse en privado con sus abogados”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

“Muchas de estas personas no deberían haber sido detenidas, ya que lo están únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos. Otras llevan años en prisión mientras se siguen contra ellas unas actuaciones empañadas por graves infracciones de las normas internacionales de imparcialidad procesal.”

Las órdenes judiciales masivas se dictaron después de que el Tribunal de Apelación de El Cairo resolviera el 28 de abril que los tribunales podían decidir la excarcelación o la ampliación de la detención de las personas procesadas sin que éstas tuvieran que estar presentes.

Los jueces dictaron estas decisiones entre el 4 y el 6 de mayo, sin que estuvieran presentes ante el tribunal ninguna de las personas afectadas. Se impidió a sus abogados que expusieran su defensa. Las personas enjuiciadas afectadas están en detención preventiva prolongada, en algunos casos desde hace más dos años, pendientes de las investigaciones de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado.

“Las autoridades egipcias deben anular inmediatamente la reciente serie de decisiones de ampliar la detención preventiva y garantizar que todas las personas afectadas por esta situación pueden recurrir contra la legalidad de su detención y comunicarse en privado con sus abogados”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

“Muchas de estas personas no deberían haber sido detenidas, ya que lo están únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos. Otras llevan años en prisión mientras se siguen contra ellas unas actuaciones empañadas por graves infracciones de las normas internacionales de imparcialidad procesal.”

Las órdenes judiciales masivas se dictaron después de que el Tribunal de Apelación de El Cairo resolviera el 28 de abril que los tribunales podían decidir la excarcelación o la ampliación de la detención de las personas procesadas sin que éstas tuvieran que estar presentes.

Según los abogados, un juez se negó a escuchar las alegaciones sobre la ilegalidad de las decisiones a la luz de la legislación egipcia y ni siquiera hizo constar éstas en los documentos judiciales. Durante una de las vistas, el juez pidió a los abogados que nombraran a cinco de ellos para representar a cientos de personas enjuiciadas.

Legalización de la detención arbitraria

El 3 de mayo, las “secciones de terrorismo” reanudaron las vistas sobre la ampliación de la detención que se habían paralizado el 16 de marzo debido a la pandemia de COVID-19. Desde mediados de marzo, las personas enjuiciadas en causas de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado y cuyas órdenes de detención preventiva habían expirado se encontraban recluidas sin base jurídica. Esta semana, las “secciones de terrorismo” han dictado decisiones con efectos retroactivos en un intento de legalizar ese periodo de detención preventiva.

Detención preventiva indefinida

El tribunal amplió la detención de algunas personas enjuiciadas más allá incluso del límite legal absoluto de dos años que establece el Código de Procedimiento Penal egipcio.

El 6 de mayo, un juez amplió 45 días la detención de Moustafa Gamal, de 25 años, pese a que éste está en detención preventiva desde marzo de 2018, un periodo muy superior al límite de dos años. Gamal está detenido únicamente porque en 2015 había obtenido una marca de verificación para la página en redes sociales del cantante Ramy Essam en la que, tres años después, se publicó una canción titulada “Balha” que satirizaba al presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, canción en cuya producción Moustafa Gamal no tuvo participación alguna.

Moustafa Gamal es la última persona que sigue detenida pendiente de la investigación en una causa relacionada con la canción, tras la reciente muerte del cineasta de 24 años Shady Habash en la prisión de Liman Tora, donde estuvo recluido desde marzo de 2018 mientras se investigaba su papel en la producción de la canción. En el momento de su muerte, Shady Habash también había excedido el límite legal de dos años de detención. Amnistía Internacional había concluido ya que la canción no incluye ninguna incitación al odio y que, por tanto, está protegida por el derecho a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental.

Detención preventiva arbitraria

Amnistía Internacional había concluido que las autoridades egipcias usan habitualmente la detención preventiva prolongada e indefinida para castigar a personas a las que consideran pertenecientes a la oposición política, activistas o defensores o defensoras de los derechos humanos.

Entre las personas afectadas por la ampliación de la detención preventiva esta semana figuran defensores y defensoras de los derechos humanos como Mohamed el Baqer, detenido desde el 29 de septiembre de 2019; la periodista Solafa Magdy y el periodista Hossam el Sayed, detenidos desde noviembre de 2019; y el activista Alaa Abdelfatah, detenido desde septiembre de 2019. Todas estas personas están recluidas pendientes de investigaciones sobre cargos infundados e n relación con su trabajo pacífico.

Según el derecho internacional, la detención en espera de juicio no es una medida punitiva, sino una medida cautelar destinada a evitar un nuevo daño o la obstrucción de la justicia. No debe utilizarse con fines indebidos ni constituir un abuso de autoridad, ni debe durar más tiempo del necesario. La preocupación por la salud pública debida a la pandemia de COVID-19 no puede justificar la erosión total de los derechos a un juicio justo.

“Estas medidas representan un respuesta desproporcionada a la pandemia de COVID-19 y menoscaban el derecho a la libertad y a un juicio justo. Pedimos a las autoridades egipcias que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por expresar pacíficamente sus opiniones, defender los derechos humanos o participar en la vida política, y que garanticen que todas las demás personas en detención preventiva pueden recurrir contra la legalidad de su detención o salir en libertad”, concluyó Philip Luther.

“En un momento en el que existen motivos de preocupación reales por la salud y la seguridad de las personas encarceladas debido a la propagación de la COVID-19, las autoridades egipcias deben poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente y considerar la posibilidad de excarcelar a las personas en situación de alto riesgo recluidas por delitos menores no violentos. En cambio, las autoridades egipcias han decidido cubrir bajo una apariencia de legalidad algo que es claramente un caso de decisiones de detención sumarias y masivas”. 

Información complementaria

Desde el 9 de marzo y debido al brote de COVID-19, las autoridades egipcias no han permitido que abogados y familias se comuniquen con sus clientes o familiares en prisión. Aunque algunas prisiones han permitido que las personas recluidas envíen y reciban cartas, de momento no hay ningún establecimiento penitenciario que haya autorizado que las personas internas se comuniquen en privado con sus abogados o familiares.