Las autoridades palestinas deben cumplir las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional y garantizar que todas las respuestas a la COVID-19 están basadas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos

Las autoridades palestinas dirigidas por Fatah, en Cisjordania, y la administración de facto de Hamás, en la Franja de Gaza, deben poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de expresión, en particular a las detenciones arbitrarias, y dejar en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas sólo por expresar pacíficamente sus opiniones. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy al publicar una detallada declaración donde denuncia una constante de detenciones arbitrarias de personas que han criticado a las autoridades en el contexto del brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

La organización ha documentado cinco casos de personas a quienes las fuerzas de seguridad palestinas detuvieron en la Franja de Gaza o en Cisjordania en marzo o abril, después de que hubieran criticado a las autoridades en las redes sociales o realizado otras actividades online; su conclusión es que fueron detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Todas fueron detenidas durante el estado de emergencia que las autoridades palestinas declararon a comienzos de marzo, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, para abordar la pandemia de COVID-19. En uno de los casos, las críticas estaban relacionadas directamente con la respuesta de las autoridades a la crisis de COVID-19; en los demás, no. Algunas de las personas detenidas en este contexto han sido puestas ya en libertad, pero otras continúan bajo custodia.

“En el marco de su respuesta a la propagación de la COVID-19, las autoridades palestinas han tomado medidas positivas en zonas de los Territorios Palestinos Ocupados donde tienen un control limitado, con el fin de poner en libertad a algunas personas presas. Sin embargo, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, han violado el derecho a la libertad de expresión, deteniendo arbitrariamente a personas sólo por haber compartido de manera pacífica sus opiniones en las redes sociales. Deben dejar inmediatamente de hacerlo”, ha afirmado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Todas las personas detenidas únicamente por ejercer de manera pacífica su derecho a expresar sus opiniones son presos y presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. El hecho de que las autoridades tomen medidas de este tipo durante una pandemia hace que esas personas corran mayor peligro aún. Las autoridades palestinas deben cumplir las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional y garantizar que todas las respuestas a la COVID-19 están basadas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha hablado con personas que han estado detenidas, familiares de otras aún privadas de libertad, profesionales del derecho y organizaciones locales de derechos humanos y ha recopilado información que indica claramente la existencia de una constante de violaciones de derechos humanos.

Los cinco casos documentados son:

Hussam Khader, de 58 años, ex miembro del Parlamento por Fatah, fue detenido por las Fuerzas Conjuntas de Seguridad el 5 de marzo en Cisjordania, como consecuencia de una publicación en Facebook del 1 de marzo en la que criticaba al presidente palestino, Mahmud Abás, por un comentario de éste sobre la huelga que mantenía en ese momento el Colegio Médico palestino. Quedó en libertad el 9 de marzo, tras retirarse los cargos contra él.

Zakaria Khuwaylid, de 22 años, fue detenido en la ciudad de Tulkarem por fuerzas de seguridad del Servicio de Inteligencia General de las autoridades palestinas por un comentario que había hecho en su página de Facebook, en el que criticaba la respuesta del presidente Abás a la crisis de COVID-19. Fue acusado formalmente de “difamación”. Quedó en libertad bajo fianza el 21 de abril.

Abdullah Abu Sharkh, escritor de 60 años, fue detenido sin orden judicial por las fuerzas de Hamás el 13 marzo en el norte de la Franja de Gaza por una publicación de Facebook en la que insinuaba que el brazo militar de Hamás estaba implicado en un incendio que se había producido el 5 de marzo en una panadería del centro del territorio y en el que habían muerto 25 personas. La fiscalía lo acusó de “difundir noticias falsas” y de “hacer uso indebido de la tecnología” en aplicación del Código Penal de 1963. Quedó en libertad el 9 de abril, tras haber pasado 28 días bajo custodia. Según cuenta, esta ha sido la sexta vez que es detenido por la administración de facto de Hamás.

Ismael el-Bozom, caricaturista de Gaza de 33 años, fue detenido por la policía sin orden judicial el 20 de marzo, tras haber compartido una publicación de Facebook donde se pedía la puesta en libertad de Abdullah Abu Sharkh. Quedó en libertad sin cargos el 22 de marzo. Lo detuvieron de nuevo el 26 de marzo y lo dejaron el libre el 29 de mismo mes, como medida preventiva contra la propagación de la COVID-19. Según explica, las autoridades de Hamás lo han detenido cinco veces desde 2017 por sus viñetas y escritos de índole política, en los que critica a Hamás.

Rami Aman, de 38 años, continúa sometido a detención arbitraria por las fuerzas de seguridad de Hamás. Fue detenido el 9 de abril, tras haber organizado una videoconferencia con un grupo israelí días antes. Está todavía bajo investigación y no ha sido llevado ante un juez, según su abogado.

Estas detenciones se han producido en el contexto de una constante preexistente de violaciones del derecho la libertad de expresión, cometidas por las autoridades palestinas dirigidas por Fatah en Cisjordania y por la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza.