Las autoridades de la región del África Austral deben respetar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa y dejar de tratar a los medios de comunicación con desprecio, facilitando un espacio cívico para que los y las periodistas hagan su trabajo con libertad y seguridad. El verdadero enemigo es la COVID-19, no los medios de comunicación

Mientras la COVID-19 continúa propagándose por toda África Austral, los gobiernos están poniendo en el punto de mira a periodistas y empresas de medios de comunicación que critican su gestión de la pandemia, ha advertido hoy Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“De Madagascar a Zambia hemos visto a gobiernos criminalizar a periodistas y cerrar medios de comunicación que consideran que están cuestionando sus respuestas inadecuadas a la COVID-19”, ha declarado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“Con la enfermedad en constante propagación y sin que se vislumbre aún el final de la pandemia, hay más necesidad que nunca de noticias veraces e información exacta para ayudar a la gente a estar informada y cuidarse. Sin embargo, las autoridades de toda la región han puesto en el punto de mira a periodistas y empresas de medios de comunicación por informar de manera crítica sobre la pandemia, lo cual debilita esta vital transmisión de información.

En Madagascar surgieron ataques contra el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa y se victimizó a periodistas por cuestionar la gestión de la crisis de la COVID-19 a medida que la pandemia se extendía por la región. El 4 de abril, la periodista y directora editorial del periódico Ny Valosoa, Arphine Helisoa, fue arrestada y quedó detenida en espera de juicio tras ser acusada de criticar en un artículo la gestión del presidente de la respuesta nacional a la COVID-19. La periodista sigue detenida en la cárcel de Antanimora en la capital del país, Antananarivo, acusada de difundir bulos e incitar al odio hacia el presidente Andry Rajoelina. Amnistía Internacional pide que sea puesta en libertad de inmediato y sin condiciones.

En Zambia, las autoridades cerraron el canal de televisión independiente Prime TV el 9 de abril tras cancelar su licencia de emisión. La cancelación se produjo después de que el canal, al parecer, se negara a emitir las campañas gubernamentales de sensibilización sobre la COVID-19 porque el gobierno le debía dinero por emitir anuncios institucionales previos sobre otros temas. Prime TV, como emisora independiente, depende de los ingresos por publicidad para pagar los sueldos de su personal y sus gastos de explotación. Las autoridades deben revertir de inmediato la cancelación de la licencia de Prime TV y permitir que la emisora continúe sus emisiones sin acosos ni intimidaciones.

En Zimbabue, periodistas y personas que se dedican a la venta de periódicos han sufrido arrestos e intimidaciones en el desempeño de su actividad en el contexto de la COVID-19. Al menos ocho periodistas han sufrido injerencias y acoso en el cumplimiento de sus funciones. Dos periodistas, Nunurai Jena en Chinhoyi, y Panashe Makufa en Harare, fueron acusados de trabajar sin acreditaciones de prensa válidas, que normalmente emite la Comisión de Medios de Comunicación de Zimbabue, aunque este organismo aún no ha emitido las correspondientes al año 2020. Ambos informaban sobre las medidas que se estaban tomando para la aplicación del confinamiento, incluida la actuación policial. Este hostigamiento e intimidación de periodistas en Zimbabue llevó a la sección del Instituto para los Medios de Comunicación del África Austral en el país a solicitar una orden del Tribunal Superior para que la policía y otros agentes de aplicación de la ley encargados de hacer cumplir el confinamiento por COVID-19 no interfirieran “de forma innecesaria” en la labor periodística, orden que se emitió el 20 de abril.

En Eswatini, el 23 de abril, la policía mantuvo detenido durante siete horas a Eugen Dube, periodista y director de Swati Newsweek Online, tras la publicación de un artículo en el que Dube afirmaba que la estrategia de salud pública del rey ante la crisis de la COVID-19 era irresponsable, porque el país no había puesto en marcha medidas de distancia física en situaciones sociales.

Según informes, las autoridades intentaron acusarlo de “escribir de mala fe” sobre el rey Mswati III, algo que podría constituir alta traición, aunque en el momento en que se redactan estas líneas Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente si se presentarán cargos de traición contra él. Además, la policía se incautó de tres teléfonos móviles, un ordenador personal, un cuaderno y otros documentos relacionados con su trabajo tras registrar su domicilio. 

Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la policía también busca al director de The Swaziland News, Zweli Dlamini, por informar de que el rey había contraído la COVID-19, aunque no se ha entregado a las autoridades. En los medios de comunicación de Eswatini se ha publicado que el rey no goza de buena salud, y se cree que las autoridades han emprendido una caza de brujas contra toda persona que lo relacione con la COVID-19.

En Sudáfrica, un periodista que trabaja para el periódico digital News24 quedó atrapado en el fuego cruzado cuando la policía disparó con balas de goma para dispersar a grupos de personas que merodeaban por las calles de Yeoville, en Johannesburgo, el primer día de confinamiento en el país. Azarrah Karrim estaba en el lugar filmando el incidente en una calle cercana cuando de repente los peatones comenzaron a correr para resguardarse de los disparos de la policía. En el vídeo se oyen disparos dirigidos hacia Karrim, a pesar de que el periodista advierte a gritos a la policía “¡Soy de la prensa!”.

En Angola y Mozambique se amenazó a periodistas y se les impidió informar con libertad sobre las respuestas del gobierno a la pandemia, y esto hizo que se difundieran por las redes sociales toda clase de rumores y estigmas sobre el virus.

 “Al hundirse los ingresos por publicidad debido a la COVID-19, a muchas empresas de medios de comunicación les costará sobrevivir; si a esto se le añade el hostigamiento y la censura de los gobiernos, el futuro de la libertad y de los medios de comunicación y la independencia del periodismo en la región parece aún más sombrío”, afirmó Deprose Muchena.

“Toda respuesta eficaz a la COVID-19 tendrá lugar en un ambiente de respeto por los derechos humanos y en el que a los medios de comunicación se les permita informar libremente. Sin los medios de comunicación, el público estará en la oscuridad. Las autoridades de la región del África Austral deben respetar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa y dejar de tratar a los medios de comunicación con desprecio, facilitando un espacio cívico para que los y las periodistas hagan su trabajo con libertad y seguridad. El verdadero enemigo es la COVID-19, no los medios de comunicación.”